Durante el transcurso del debate, Gloria Rivero calificó de 'minipresupuesto' la aprobación de 23,2 millones de euros como modificación presupuestaria y destacó la gravedad de utilizar un mecanismo excepcional, como el reconocimiento extrajudicial de deuda, como método habitual para aprobar los 7,3 millones de euros gastos. De hecho, consideró que este asunto debería ponerse en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas y advirtió que cuando se aprueban este tipo de expediente siendo conscientes de que se puede estar infringiendo es materia punible y aludió a un posible delito de prevaricación.
El alcalde dijo que se sentía amenazado por las palabras de la portavoz, aludió a “confidenciales claramente tendenciosos donde siempre se sabe lo que va a decir” y pidió una aclaración a Gloria Rivero, que se refirió a determinadas observaciones que hace en el informe emitido, calificó de caos la forma de gestión municipal y reiteró que determinados mecanismos son excepcionales, pero no pueden ser la norma.
Añadió que esa práctica de inobservancia de la norma “que remite a la no existencia de informes de los Servicios Jurídicos sí que lleva a pensar en un caos y a la inobservancia reiterada de la norma y cuando se conculca reiteradamente el ordenamiento jurídico se incurre en algo tipificado en ”.
Al margen de las palabras de la portavoz, que tranquilizaron al alcalde, Miguel Zerolo pidió al Interventor que explicara si lo que se iba a aprobar era legal o no “porque si no es legal soy el primero en retirarlo”. El Interventor, al que apenas se escuchaba pese a que hablaba por el micrófono, consideró que el informe es favorable sin perjuicio de las observaciones que el propio Interventor reproduce en su informe.
Gastos por el PIRS y vulneración de la Ley estatal de Presupuestos
En concreto, en el informe de Intervención se indica que con respecto al abono de prestaciones mediante la detracción de PIRS (para pagar dos partidas de 1.536.984,01 euros y 321.760 euros), “este órgano se remite a lo dispuesto en su informe de 21 de julio de 2006: Esta Intervención de Fondos considera que no resulta procedente la compensación anteriormente descrita” porque “esta figura compensatoria no queda recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Ni 3/1999 ni de las Haciendas Locales prevén la posibilidad de detraer por parte de transferente recursos legítimos de las corporaciones locales para cancelas los compromisos de gastos adquiridos por éstas”.
En el informe de de Fondos se explica con claridad que se está vulnerando de Presupuestos del Estado, que permite un aumento del 2% en el Capítulo I, gastos de personal, mientras que CC y PP han aprobado, con este expediente, un aumento que asciende al 15,48%, más de 13 puntos por encima de lo establecido legalmente.