Canarias ha dejado de ser territorio libre de extrema derecha. Después de darle la espalda y de convertirse en estandarte de la resistencia en las elecciones generales de abril, las Islas han acabado sucumbiendo a la ola reaccionaria de Vox y su discurso de rechazo al migrante, al feminismo o al Estado de las autonomías. Con un apoyo del 12% del electorado, casi el doble que hace siete meses, el partido de Santiago Abascal ha logrado este 10 de noviembre colocar en el Congreso a sus cabezas de lista en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Alberto Rodríguez es el diputado electo de Vox por Las Palmas. Abogado y empresario de 41 años, padre de seis niños, su trayectoria está ligada a movimientos ultracatólicos y al Opus Dei. Su formación está estrechamente vinculada con la prelatura fundada en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer. Se graduó en el colegio Garoé, uno de los pocos centros de Gran Canaria que, antes de su ruptura en el año 2015, contaba con la “garantía moral y espiritual” de la Obra y completó sus estudios superiores en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, también ligado a esta organización religiosa a través de Fomento de Centros de Enseñanza, una institución que gestiona colegios concertados que segregan por sexos.
Además de la licenciatura en Derecho, Rodríguez cursó en ese centro las carreras de Dirección y Administración de Empresas y Magisterio, estudios que compatibilizó con la administración de varias empresas y la dirección de Garabato, escuela infantil bilingüe situada en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Jardín. Hasta hace un tiempo, Garabato formaba parte del conglomerado Atlantic Schools, en el que se integraban también las escuelas Garoé (masculina) y Guaydil (femenina), ambas con el sello del Opus Dei.
En el terreno empresarial, el diputado electo de Vox gestionaba hasta el verano de 2015, en su calidad de administrador único, el complejo de apartamentos Blue Star de Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, que en agosto de 2016 contaba con un capital cercano a los cuatro millones de euros. Rodríguez figura también como administrador único de Desarrollos Tecnológicos Inventia, una consultoría empresarial para instituciones públicas y privadas en el campo de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la información, la comunicación y la informática.
A pesar de su intensa actividad en el ámbito de la empresa, el diputado de Vox figura como ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas. En su perfil profesional en las redes sociales, Rodríguez destaca que, desde octubre de 2016, ostenta la condición de graduado por el Sagrado Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica o, lo que es lo mismo, puede ejercer como letrado en los procedimientos para resolver nulidades matrimoniales por la iglesia.
Para ser abogado del Tribunal de la Rota en Madrid, el único de este tipo que existe fuera del Vaticano, se precisan tres años de estudio, ser experto en Derecho Canónico y reunir una serie de requisitos personales, entre los que se citan ser católico, “gozar de buena fama” y no estar casado por lo civil. Se trata de un tribunal de segunda instancia, independiente de la jurisdicción civil, que dirime la nulidad matrimonial en la institución eclesiástica.
El diputado electo de Vox por Las Palmas participa en diversos foros e iniciativas ultracatólicas, donde se proclama defensor de la familia y de “la vida de los cerca de 100.000 inocentes que mueren cada año en España por el crimen del aborto”.
Rodríguez no era la primera opción del partido de Santiago Abascal para liderar la plancha por Las Palmas. El candidato elegido era José María Vázquez, que renunció a cuatro días de las elecciones alegando “motivos personales” cuyas razones no han trascendido.
El vídeo del capitán de la Marina Mercante
Del diputado de la formación ultraderechista en Santa Cruz de Tenerife, Rubén Darío Vega, se conocen menos datos, a pesar de su intensa actividad en las redes sociales para dar a conocer su candidatura. Se presenta como capitán de la Marina Mercante con un doctorado, siete libros publicados, todos ellos vinculados con la actividad marítima o con la meteorología de Canarias, y amplia experiencia como miembro de los consejos de administración de varias empresas.
Es natural de Fabero, localidad situada en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, pero ha pasado 36 de sus 59 años de vida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a la que llegó después de estudiar en la Universidad de Oviedo. Según consta en su currículo, ejerció como práctico de puerto en la isla de La Palma antes de ser capitán del buque Ciudad de Algeciras de la compañía Trasmediterránea en Tenerife durante un corto periodo de tiempo y, después, en la Marina Mercante tras superar las oposiciones y convertirse en funcionario.
Vega figura como administrador de una empresa de Acuicultura radicada en la ciudad de La Laguna, Pardal Cultivo de Peces, dedicada a la producción de dorada.
En sus redes sociales reproduce el argumentario xenófobo y antifeminista de Vox, con mensajes de rechazo a los migrantes y a la Ley de Violencia de Género. En su muro de Facebook, red social en la que también se muestra como un defensor de los productos locales frente a los importados, colgó a dos días de las elecciones un vídeo en el que da rienda suelta al discurso del odio sobre inmigración utilizando, para ello, el sufrimiento de una persona sin recursos que pide dinero en la puerta de la iglesia de la Concepción, en San Cristóbal de La Laguna. “Es una pena que un español tenga que andar así y, sin embargo, a los inmigrantes sin papeles se les den 600 euros, alquileres, etc. Primero son los nuestros. Este hombre hay que recogerlo y llevarlo al Ayuntamiento, lavarlo y darle cariño, por lo menos. Así somos los chicharreros”, dice.
Vox ha difundido durante los últimos meses a través de las redes sociales una gran cantidad de bulos sobre las personas migrantes. Entre ellos, el mensaje de que un menor extranjero no acompañado recibe una ayuda de 600 o 624 euros mientras que una viuda tiene una pensión de 360 o 426 euros, un dato que es falso, tal y como ha relevado Maldito Bulo. También lo es que la legislación discrimine a los ciudadanos nacionales frente a los extranjeros en las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid, una de las mentiras que ha divulgado este partido político. La concesión de estas prestaciones se rige por criterios de renta.