Empresarios reclaman “solidaridad política” para propiciar la construcción en las 'islas verdes'
La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), la Asociación de Empresarios de La Gomera (Cepyme La Gomera), la Asociación de Empresarios de El Hierro (Apyme El Hierro), la Delegación en La Palma de la Cámara de Comercio y el CIT Insular de La Palma, han unido esfuerzos para reclamar a los representantes políticos la defensa de los intereses de las islas occidentales y que propicien el desarrollo socioeconómico.
De este modo, se pronuncian en la línea del dictamen de la ponencia sobre la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma aprobada recientemente en la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias. Dicha norma ha sido acusada de incorporar vía enmiendas los artículos 124 a 132 de la futura y polémica Ley del Suelo. Es decir, de dar todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de “trascendencia insular”.
Según el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ésta permite “una ristra de 33 hoteles y 5 campos de golf” en La Palma que “acabarán en los tribunales”.
Las asociaciones empresariales demandan la “solidaridad política” de todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias para conseguir equiparar y repartir las rentas turísticas producidas en el archipiélago entre todas las islas, así como la elemental sensibilidad que un parlamentario canario ha de tener con todo el territorio y con las tres islas occidentales en particular, precisamente por las dificultades que atraviesan, según recoge Europa Press.
Con la aprobación, hace más de una década, de la Ley de Moratoria Turística, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, “con un manifiesto y exiguo peso turístico, lastradas por una prolongada problemática socioeconómica, se vieron perjudicadas en su inclusión, frenando de raíz su débil e incipiente crecimiento turístico al no haber tenido en absoluto el importante crecimiento de plazas alojativas de las restantes islas”.
Además, señalan que a pesar de la publicación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, “que significaba el abandono de una injusta moratoria turística que se había impuesto por Ley y el ansiado y esperado desarrollo turístico específico”, las esperanzas puestas en esta normativa “se esfumaron ante las enrevesadas trabas que encerraba su normativa, cuya formulación se realizó bajo la reiterada y responsable advertencia respecto a las necesarias cautelas para evitar la destrucción de las islas occidentales”.
Con esa perspectiva, destacan que en esas islas se plantean si aquella innovación normativa obedeció a la defensa del medio ambiente insular “o realmente fue para evitar el más mínimo desarrollo e implantación de un modelo turístico y económico, por muy responsable y sostenible que se presentase”.
Ni un proyecto turístico en La Palma en 10 años
Mientras, en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, señalan, con sus planeamientos aprobados y numerosas iniciativas turísticas y de infraestructuras de ocio en trámite de autorización, que se fueron desarrollando a lo largo de los años de la moratoria, se producía el mayor crecimiento turístico de Canarias.
“Los efectos inmediatos de esta novedosa ley específica están a la vista: no se ha podido implantar ni un solo proyecto turístico en la última década en la isla de La Palma”, señalan.
Por ello, consideran “necesario y urgente” adoptar las medidas legales necesarias para facilitar la implantación del modelo turístico cuya validez y vigencia permanezca, máxime con el agravamiento de la problemática socioeconómica que lastra a estas islas desde hace más de tres décadas, con el mayor índice de paro de Canarias, la menor renta por persona, una enorme regresión demográfica, un excesivo nivel de envejecimiento de la población y una expulsión sistemática de población joven muy cualificada.
Así, indican que la nueva iniciativa legislativa de modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, pretende exclusivamente facilitar la implantación de lo planificado hace ya más de dos décadas.
“Este pretendido y modesto desarrollo de la economía turística en las islas occidentales, planteado por el Cabildo Insular de La Palma y los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular y Grupo Mixto, se basa en el más estricto cumplimiento de la legalidad en materia de ordenación territorial y urbanística y especialmente en la normativa ambiental, no desvirtuando el marco específico instaurado para estas islas, sino por el contrario, se aprovecha la oportunidad de la nueva iniciativa legislativa para resolver otros problemas y trabas normativas, puestas de manifiesto a lo largo de estos catorce años de vigencia”, apuntan.
Evitar la fuga de jóvenes
A su juicio, “no se trata de sortear el planeamiento urbanístico y territorial, sino precisamente de rehabilitar el planeamiento ya aprobado unánimemente desde hace una década, para permitir su ejecución con la mayor seguridad jurídica que permita ganar la confianza entre los agentes económicos, sociales y culturales para propiciar el crecimiento económico necesario”.
Los empresarios cuestionan las críticas de Román Rodríguez (NC) porque denotan un “profundo desconocimiento” de las 'islas verdes', independientemente de una “insensibilidad” con los problemas económicos.
En su opinión, “esta nueva iniciativa legal es la última oportunidad para la incorporación de la economía turística a estas tres islas occidentales, para contribuir a paliar la fuga de población joven y para el establecimiento de un modelo económico en el que se implique al sector primario en las rentas del turismo”.
Por ello, animan al resto de organizaciones empresariales de las islas a unirse a esta petición, a la vez que solicitan que cualquier propuesta que se realice en el seno del Parlamento se haga contando con los empresarios de las islas no capitalinas y con las organizaciones empresariales más representativas.
