El equipo técnico redactor del anteproyecto de la ley del suelo promovido por el Gobierno de Canarias ha defendido este jueves la necesidad de una ordenación estable del territorio pero flexible, para poder adaptar los usos a nuevas realidades.
Francisco Villar, que ha ejercido como portavoz del equipo redactor ante la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias, en la que ha expuesto el contenido del texto a los diputados, ha asegurado que la legislación vigente actual sobre el suelo es muy compleja, dificulta delimitar las funciones insulares y municipales y dificulta la adaptación a nuevas realidades.
Los grupos políticos de Nueva Canarias y Podemos, aunque aceptaron que es preciso reconducir las leyes sobre el territorio, reiteraron su oposición al proyecto del Gobierno, que encontró el apoyo de ASG y el aplauso entusiasta del PP, mientras que CC y PSOE prefirieron no entrar en el debate político hasta que el proyecto de ley del Gobierno de Canarias llegue a la cámara.
Además de Francisco Villar, el equipo redactor del anteproyecto nombrado por el Gobierno de Canarias incluye a Normando Moreno Santana, Martín Orozco Muñoz y Juan José Santana Rodríguez.
Francisco Villar explicó que la legislación actual supone “un entramado normativo que es una carga injustificada para empresas y ciudadanos”.
La nueva ley del suelo reúne en un solo texto normativo la legislación dispersa, aunque incorpora partes de las tres leyes a las que sustituye como los aspectos relacionados con los espacios protegidos, dijo Villar.
El anteproyecto se estructura en cinco bloques, relativos a las clases de suelo, planes de ordenación, ejecución de los planes, intervención o control sobre el suelo y disciplina urbanística.
Para agilizar los trámites, se adoptan medidas como sustituir las licencias municipales de obra en el interior de las viviendas por una comunicación o se autorizan actuaciones en suelo rústico que antes requerían permisos, como actuaciones en los sistemas de riego.
Villar dijo que se favorece el uso del suelo rústico para la obtención de rentas complementarias a las relacionadas con el uso agrícola o ganadero y se incorpora el principio de compensar por conservar, de manera que se fomenta a nivel insular la protección de espacios protegidos con las plusvalías generadas por los suelos urbanizables.
En cuanto al clasificado sin desarrollar, se establece que si en cinco años no hay iniciativa para desarrollarlo se pueda desclasificar.
En cuanto al planeamiento, aunque se mantiene la capacidad del Gobierno de Canarias de dictar directrices de ordenación, estas se rebajan de rango, ya que en vez de leyes tendrán carácter de decreto.
Además, se derogan las vigentes directrices de ordenación general.
En cuanto a los planes insulares, se limitan a la ordenación de recursos naturales, a ordenación del territorio en grandes usos y a localización de infraestructuras insulares, pero se suprime el contenido urbanístico y socioeconómico, que queda para el ámbito municipal.
Se da flexibilidad para que se quede a criterio de cada cabildo el nivel de concreción de sus planes territoriales, en función de su capacidad de gestión.
Los planes generales de ordenación de los municipios no tendrán que contar necesariamente con una regulación tan pormenorizada “hasta el último metro cuadrado” y se establecen plazos máximos para informes y participación para que no se bloquee la tramitación de los instrumentos de planeamiento.
Villar negó que el anteproyecto de ley del suelo suponga que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias sobre el territorio, sino que eso es una decisión política que corresponde definir al Parlamento qué ámbito territorial las ejerce.
Asunción Delgado, de Podemos, fue la más crítica con el proyecto gubernamental, ya que trata al territorio sólo por su valor urbanístico, pero no como sustento de la vida, de los recursos naturales y de la cultura.
Para Podemos, el equipo redactor debería empezar de cero y ser multidisciplinar, de manera que no sólo esté formado por urbanistas, sino también por geógrafos, ingenieros, economistas, biólogos o expertos en patrimonio.
Es preocupante que se permitan construcciones en suelo rústico sin garantías suficientes y que se permita saltarse la participación ciudadana y la evaluación ambiental estratégica, dijo Asunción Delgado, quien consideró que se va a generar una burbuja especulativa en los suelos rústicos y que se fomenta la especulación urbanística.
Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, consideró necesaria una simplificación legal, pero se mostró en contra de la derogación de las directrices y de la renuncia de la Comunidad Autónoma a sus competencias en la ordenación del territorio y de los espacios naturales.
Miguel Jorge Blanco, del PP, consideró muy positivo el contenido y anunció el apoyo de su grupo “si las cosas no se tuercen” hasta que llegue al trámite parlamentario.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, también mostró el apoyo de su grupo a un proyecto “valiente y oportuno”.
Nayra Alemán, del PSOE, dirigió preguntas al equipo redactor pero no se pronunció sobre el contenido del proyecto, al igual que José Miguel Ruano, de CC, que señaló que el debate político se hará cuando el proyecto de ley llegue al Parlamento.