El concejal de Economía y Hacienda, Alberto Bernabé, indicó en el pleno celebrado este lunes que los errores detectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) afectan a alrededor de 12.000 personas, de las cuales en alrededor de 4.500 casos el documento nacional de identidad (DNI) era falso y en otros 7.500 ni siquiera estaba registrado. Aparte también se comprobó que 2.523 personas de origen extranjero habían abandonado el municipio. Todo ello dio lugar a que Santa Cruz haya perdido 15.300 habitantes en la última revisión llevada a cabo por el INE, con lo cual el municipio dejará de recibir este ejercicio, 2,3 millones de euros, entre fondos estatales y regionales.
Bernabé respondía así a una pregunta de la concejal de Sí se puede, Asunción Frías, quien tras tener acceso a las conclusiones de un informe elaborado por técnicos municipales, sigue manteniendo que entre 14.000 y 15.000 personas han permanecido durante los últimos años inscritos en los registros municipales sin que se tenga constancia de que realmente existían. Ya 900 casos habían sido detectados hace justo un año y entonces se les dio de baja.
“Comprendo que estamos hablando de un asunto que les debe resultar incómodo porque hasta el propio alcalde ha sido engañado”, señaló la edil al recordar que José Manuel Bermúdez culpó en un primer momento al Estado de la bajada de habitantes. Para Frías no existe duda de que efectivamente desde 1996 se ha producido, “algo que va más allá de una simple mala gestión” y, por ello, pidió que se cree una comisión de investigación para comprobar qué es lo que realmente ha ocurrido: “Estamos hablando de, como mínimo, 14.000 supuestas personas que han sido inscritas pero cuyos DNI no son reales. Creo que este asunto es muy grave”.
Frías recordó que durante 17 años estos supuestos vecinos no han llevado a cabo ningún trámite en el Ayuntamiento, ni se les ha impuesto multa alguna, ni pedido un certificado de residencia. Por ello apuntó que no se podía permitir que un hecho “tan grave” pueda pasar desapercibido. “Esto es inaudito y jamás ha pasado algo parecido en ningún otro municipio”, dijo.
Bernabé admitió que desde 1996 se ha producido lo que denominó “una combinación de factores” que dio lugar a la inscripción de estos vecinos de cuya existencia nunca hubo constancia real. A partir de ese año hasta 2009, el INE ha venido requiriendo al Ayuntamiento que demuestre la existencia de estas personas.
Durante el recuento, por el contrario, lo que ha salido a la luz es una serie de “errores” tipificados por el organismo estatal. “En principio pensamos que todo se debía a una discrepancia en las cifras pero al final nos hemos encontrado con esta mala noticia. No es bueno que la administración no cumpla”, señaló el concejal quien dijo que el alcalde desde el primer momento exigió que se abriera una investigación.
Acto seguido, el responsable de Economía agradeció que Frías no hiciera alusiones en el pleno a un supuesto fraude electoral utilizando a estos vecinos. La palabras de Bernabé despertaron la ira del concejal de Ciudadanos, Guillermo Guigou, quien a pesar de no corresponderle intervenir no dudó en señalar en tono airado: “Aquí no se puede rechazar nada, ni descartar nada”.
Sin razones para resolver el contrato de Emmasa
A preguntas de concejal de IUC-XTF, José Manuel Corrales, sobre las razones por las que el Ayuntamiento no resuelve el contrato con la empresa Sacyr-Vallehermoso que gestiona desde el año 2006 el servicio de aguas, el concejal de esta área, Dámaso Arteaga, indicó que no ven justificado dar este paso, que además supondría el desembolso de entre 100 y 150 millones de euros de indemnizaciones a la compañía.
Corrales ironizó al señalar que hace algunas semanas la cifra se situaba en 100 millones y, por ello, se preguntó de dónde obtenían estos cálculos: “Ya da miedo hasta preguntarle porque la próxima vez me dirá que son 200 millones”. El concejal cree que Coalición Canaria (CC) le tiene miedo a Sacyr, “pero no por la indemnización a la que deban hacer frente, sino por otras cosas”.
Indicó que los actuales gestores del Ayuntamiento deben responsabilizar a sus compañeros de partido que gobernaron en el anterior mandato de “la mala privatización” de este servicio que todavía está pendiente de ser resuelta en los tribunales. Arteaga respondió que no tenía ningún miedo a Sacyr, “ni a la Fiscalía, ni a los procedimientos judiciales que usted siempre está anunciando”.