El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas, Pcalc (www.pcalc.es), José Luis Langa González, aseguró ayer que los núcleos urbanos costeros que ya cuentan con sentencias firmes de derribos por la aplicación de la Ley de Costas, como es el caso de Igueste de San Andrés, podrían ser exonerados si se aplicara un recurso extraordinario de revisión.
Langa González hizo estas declaraciones en la reunión que llevó a cabo ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que estuvieron presentes, además del alcalde, José Manuel Bermúdez, y del propio abogado, los senadores y diputados canarios y los portavoces de los grupos municipales.
El presidente de Pcalc consideró este encuentro, propiciado por el alcalde de Santa Cruz, muy positivo para afrontar “por fin entre todos los representantes políticos, sin distinción de colores, un problema que en Canarias afecta a miles de familias”, y explicó que los núcleos urbanos costeros del municipio de Santa Cruz -Igueste de San Andrés, Tachero, Taganana, Almáciga y Roque de las Bodegas- deberían contar, al menos, con la misma excepcionalidad en la nueva reforma de la Ley de Costas que se está aplicando en otras zonas del territorio español.
En este sentido, apuntó que “los diputados y los senadores canarios que nos representan en Madrid tienen la posibilidad de presentar las enmiendas que impidan que estas familias sus casas”, matizó Langa González, “y en el caso de los núcleos con sentencia firme se podría aplica un recurso extraordinario de revisión cuando se aplique la ley que invalide esa sentencia”, explicó el letrado.
Langa González recordó que desde la plataforma que él preside se intenta salvar todos los núcleos amenazados en Canarias y para ello se ha enviado una carta a los ayuntamientos del Archipiélago, a los cabildos, a grupos regionales parlamentarios y, en estos días, se le enviará otra al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y a los diputados y senadores canarios con representación en las Cortes Generales “para unificar criterios ante este problema”.
“Para nosotros lo fundamental es que Canarias no sufra la lacra de que miles de personas pierdan sus casas o sus negocios y para lograr que eso no ocurra debemos contar con el apoyo de todas las instituciones públicas”, agregó el representante de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas que aglutina a miles de perjudicados por esta causa.
La Plataforma Canaria en Defensa de los Afectados por la Ley de Costas cuenta con la web www.pcalc.es, a la que puede acceder cualquier persona interesada en formar parte de la misma y para estar informada sobre la situación actual de la Ley de Costas.