La Fiscalía pide 12 años de prisión para la cúpula del CCN por la financiación en las elecciones de 2007
La Fiscalía solicita un total de 12,4 años de prisión por la presunta financiación irregular del Centro Canario Nacionalista (CCN) en las elecciones de 2007. A Ignacio González, padre, el MInisterio Público le pide 3,6 años de prisión; a su hijo con el mismo nombre, medio año; otro tanto a Juan Pedro Ruiz Rodríguez; cuatro años para el abogado José Luis Langa, y tres años y medio para Pedro González, hijo también de Ignacio González. A estos dos últimos se le exige la devolución de casi 10.500 euros a la Cámara de Comercio de Tenerife, de la que eran miembros y que utilizaron para financiar la campaña.
El Ministerio Público acusa a la formación politica encabezada en aquel entonces por Ignacio González hijo de haber gastado 7,1 millones de euros entre abril y julio de ese año, frente a un límite estipulado de algo más de un millón. Estas partidas se endosaban a cuentas de las empresas de la familia González, en vez de a las del partido.
La Fiscalía considera que los investigados se pusieron de acuerdo para utilizar con estos fines sociedades que era controladas por Ignacio González padre, a quien se acusa de ser “perfectamente conocedor de todos los movimientos de las mismas”.
A su hijo, Pedro González, se le culpa del pago de las facturas y de coordinar, gestionar y planificar la campaña, “para lo cual asumió los contactos con las distintas empresas publicitarias, celebrando contratos o efectuando pagos a proveedores”. También se le considera responsable de dar indicaciones a la compañía a la que se debía de facturar el servicio prestado y el concepto. En cuanto al abogado, José Luis Langa, se apunta que estuvo perfectamente al tanto de todo lo que ocurría.
La Fiscalía localizó a multitud empresas o particulares, entre las que figuran varios medios de comunicación, a las que se abonaron los 7,1 millones de euros mencionados, de los que 5,3 son gastos con terceras personas. Estas partidas, sin embargo, aparecían en las cuentas de las distintas empresas familiares, mientras que la contabilidad del CCN, por el contrario, “se acomodó para que no se superara los límites establecidos”.
La formación política pudo eludir informar a la Audiencia de Cuentas, ya que no estaba obligada al no haber obtenido escaño alguno en el Parlamento autónomo. De hecho, los resultados electorales no fueron en absoluto equiparables al desembolso empleado. Por ejemplo, González, apenas obtuvo el puesto de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Entre otras supuestas irregularidades estaría que la jefa de prensa de la Cámara de Comercio trabajó para el CCN durante la campaña. O también de haber costeado con fondos de la entidad un viaje a Venezuela de un miembro de este organismo para colaborar con el partido, hasta sumar casi 10.500 euros. Cantidad ésta última que es la que se solicita que devuelvan Ignacio González, padre y Pedro González, presidente y miembro de la Cámara respectivamente.
