Las cuestiones previas del primer juicio del caso Unión han durado tres horas. Las defensas, excepto la de José Miguel Rodríguez, han solicitado, por un lado la suspensión del juicio hasta que se resuelva la investigación del robo de autos denunciado por el juez Pamparacuatro, y por otro lado, la nulidad de las actuaciones por vulnerar diversos derechos de sus defendidos. La Fiscalía, representada por Javier Ródenas, se ha opuesto tanto la suspensión como a la nulidad.
El fiscal ha comenzado la vista oral criticando la “impugnación masiva de las defensas” e incorporando varios documentos a la causa ya que señaló que el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, se negó por tres veces a facilitar las facturas pagadas a Batllori. En 2013, la UDEF, dentro de la operación Montecarlo, se llevó esas facturas que sí se encontraban en Intervención y que relata en un informe del pasado mes de junio. La Fiscalía solicita que el secretario accidental del Ayuntamiento declare como testigo.
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