Los afectados por la anulación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2005, estudian las opciones para “presionar” al Ayuntamiento con el objetivo de que resuelva la situación del cese de sus puestos de trabajo.
Las agrupaciones sindicales de la Policía Local esperan unificar puntos de vista con los 210 afectados, de los que sólo una cuarta parte corresponde a efectivos de la Policía. Intersindical Canaria y Comisiones Obreras, entre otros grupos, gestionan las posibilidades que votaron a última hora de este lunes en la sede de la Policía, situada en la calle de Miller bajo.
La anulación de la OPE de 2005, fallada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es la causa que mantiene en vilo los 210 puestos de trabajo de funcionarios. Fue el comisario jefe de la Policía Local, Javier Henríquez, en enero de 2006, quien interpuso un recurso contra la OPE, debido a un error de formas en la convocatoria por parte del Ayuntamiento capitalino.
El actual grupo de gobierno de la Corporación local, ante esta situación, ofreció este lunes como solución, la presentación de una nota aclaratoria al TSJC, para que concrete si la anulación también conlleva la destrucción de los empleos.