La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias ya ha adjudicado la obra de las Chafiras-Oroteanda (TF-1), en la isla de Tenerife, a pesar de que no se ha firmado el convenio de carreteras con el Estado. Esta acción contradice las afirmaciones que hicieron tanto el titular del área y vicepresidente del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, como el presidente, Fernando Clavijo, la semana pasada en el Parlamento al sostener que no se podía asignar ninguna obra sin ese acuerdo. Ahora, Rodríguez señala que ha podido llevar a cabo esa adjudicación ya que su coste es mucho menor que el de obras como la segunda fase de la carretera de La Aldea o el cierre del anillo insular.
Entre dimes y diretes y con el fin de poner nombre a la institución culpable de que el convenio de carreteras no se haya firmado, el consejero de Obras Públicas lleva casi dos años dirigiendo el área y pocas son las obras que ha puesto en marcha si se comparan con todas las promesas que hizo desde que está a cargo de la consejería, a partir de enero de 2017. La excusa no ha cambiado: el retraso en el acuerdo con el Gobierno central.
Sin embargo, y a pesar de repetir en numerosas ocasiones que sin esa firma no podía seguir caminando, el pasado 25 de octubre se conoció la adjudicación de las obras del tercer carril de la TF-1, en el tramo San Isidro-Las Américas, enlace Las Chafiras-Oroteanda, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial Agroman S.A.-Ten Asfaltos-Excavaciones Óscar del Castillos, por un presupuesto de 21.797.785,89 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.
Para justificar esta asignación, el consejero de Obras Públicas aseguró en la correspondiente comisión parlamentaria que en el informe de Intervención de esta obra dice “exactamente” lo mismo que el de obras como la de La Aldea: lo condiciona a la firma del convenio de carreteras. Y explica que no es lo mismo asumir con fondos propios, es decir de la Comunidad Autónoma, en un escenario plurianual, 21 millones de euros que 500 millones, el importe de los demás grandes proyectos.
El titular de Obras Públicas explicó el procedimiento llevado a cabo para poder poner en marcha esta obra, que se prevé que empiece en las próximas semanas, después de que las diputadas de Nueva Canarias y del Partido Socialista, Esther González y Patricia Hernández, respectivamente, le reprocharan ese cambio de opinión en favor de una sola obra del convenio. La nacionalista se dirigió en reiteradas ocasiones al consejero para pedirle que contara al amparo de qué marco jurídico había sido adjudicada la obra en la isla tinerfeña y cuál había sido la fuente de financiación para llevarla a cabo.
Patricia Hernández, por su parte, le pidió que explicara qué era lo que había hecho: “Díganos si ha sacado Chafiras-Oroteanda del convenio de carreteras o nos ha mentido. Sólo hay dos opciones”. La socialista recordó que desde el ministerio se decía que Canarias no había enviado los papeles de hace unos meses y la causa podría ser la falta de capacidad por parte del Ejecutivo regional para adjudicar “y quieren echarla la culpa a alguien”. “Nos ha tomado el pelo a nosotros y a todos los canarios”, le echó en cara la socialista, a la vez que le recalcó que esa era la demostración de que sí se puede hacer. “Usted lo sabía, lo hizo y mintió a la cámara”.
Además, la diputada socialista le recriminó que pusiera en duda que el presupuesto de su consejería sería repuesto tras la firma del convenio de carreteras, pero sí lo había añadido en sus presupuestos. Ustedes “tienen la certeza de que se van a firmar”, le dijo al vicepresidente canario. “Por tanto, el cambio de financiación va a la ida y a la vuelta, como en Chafiras-Oroteanda”, reprochó la socialista.
Con el fin de justificarse ahora por poner en marcha una obra del convenio de carreteras, después de negar multitud de veces que no podía hacerlo, Rodríguez se dirigió a las diputadas: “Decir que con fondos propios podemos asumir 500 millones de euros es decir que prefieren priorizar que se imputen gastos a las carreteras que a los servicios públicos esenciales”. Asimismo, apuntó que su consejería tenía proyectos que hace 20 meses no había en cada una de las islas pendientes de poder licitar, y aseguró que 2019 será el año de inicio de estas obras. Con esta afirmación el consejero vuelve a retrasar un año más el comienzo de obras como la segunda fase de carretera de La Aldea o el cierre del anillo insular de Tenerife, volviendo a incumplir todas las promesas que hizo cuando llegó en los primeros días de 2017.
Mientras llega el acuerdo entre las dos administraciones y con el mes de noviembre en curso, desde la Consejería de Obras Públicas insisten en que el Gobierno estatal es el culpable de que no estén en marcha y que obras como la carretera de La Aldea, el cierre del anillo insular en Tenerife, La Caldereta-Aeropuerto, en Fuerteventura, y Los Llanos-Tijarafe, en La Palma, no se puedan adjudicar. El número dos del Ejecutivo canario asegura que desde las islas ya se “habían hecho todos los deberes” y que hay “falta de voluntad por parte del Estado”. Sin embargo, las fuerzas de la oposición insisten en que “aunque se hubiera firmado el convenio de carreteras hace tres meses, aún no están en disposición de adjudicar La Aldea, ni el cierre del anillo insular, ni todas las obras que están aquí”.