La segunda fase de la carretera de La Aldea sigue sin fecha, pese a las promesas de iniciarla en abril

Acaba la legislatura, se celebran elecciones autonómicas y el Gobierno de Canarias sigue sin dar una fecha para el comienzo de la segunda fase de la carretera que une los municipios de Agaete y La Aldea, en el norte de Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha vuelto a incumplir su promesa con una de las obras más reivindicadas política y socialmente de Canarias. El pasado 17 de abril se produjo la firma del contrato de adjudicación y en aquel momento aseguró que en unas semanas se firmaría el acta de replanteo, el documento que da por iniciadas las obras de manera formal, e incluso llegó a decir que podría estar en el mes de abril. Ahora, el silencio por parte de Obras Públicas es absoluto. Este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, se excusó en que es lo normal en el comienzo de obras en la Islas. Es lo que ocurre en “cualquier obra durante los últimos 20, 30 años o durante toda la vida, siempre hay dificultades para ponerla en marcha”, dijo el secretario de CC.

Pablo Rodríguez hizo un paso fugaz durante esta rueda de prensa. Después de acusar una vez más, como tantas veces en esta campaña electoral, al Ministerio de Fomento de no cumplir con Canarias, se fue rápidamente a uno de sus actos de campaña sin permitir que se le hiciera ninguna pregunta al respecto. Este periódico ha intentado ponerse en contacto en diferentes ocasiones con el gabinete de prensa de la Consejería de Obras Públicas para conocer el motivo de este retraso, pero no se ofrece ninguna respuesta.

La indignación del pueblo de La Aldea y de la Isla de Gran Canaria no se puede entender sin mirar hacia atrás y ver todas las promesas incumplidas de este Gobierno. Después de luchar durante muchos años por la primera fase, inaugurada el 3 de julio de 2017, y ver cómo diferentes cargos políticos mentían y prometían en vano, en el verano de hace ya casi dos años se abría una luz en este largo túnel.

Con un consejero recién llegado al Gobierno, tras la ruptura del pacto con el Partido Socialista Canario y la salida de Ornella Chacón (PSOE),  aldeanos y aldeanas celebraban como si de la fiestas de El Charco se tratara la recién estrenada carretera. Aquel día, y ante el jolgorio de los vecinos, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se contagió del deseo popular y aseguró que no se podía esperar más. Tanto él como Pablo Rodríguez, que aprovecharon la ocasión para anotarse un gol a favor de su gobierno, se comprometieron a que las obras de la segunda fase comenzarían en 2018. Casi dos años después, no ha habido ni hay rastro de ningún tipo de maquinaria en el trayecto de la GC-200.

Sin embargo, a pesar de esta declaración de intenciones, durante aquel año pocos fueron los movimientos con respecto a esta vía. Llegó 2018 y parecía arrancar con fuerza. Desde La Aldea de San Nicolás se esperaba como un año clave. El 29 de enero el Boletín Oficial de Canarias (BOC) hacía pública la orden por la que se sometían a información pública las expropiaciones necesarias para construir la segunda fase de la obra, pero el procedimiento elegido no era el más eficaz. Varias fuerzas de la oposición criticaron esta gestión de Obras Públicas y aseguraron que no se iba a llegar a tiempo para 2018, pero desde el Gobierno aseguraban que sí sería posible. Se equivocaron.

Ante las críticas recibidas, en el mes de mayo aseguraron que la licitación y la adjudicación de la obra tendrían lugar en 2018. En julio se publicó el concurso con un presupuesto de 228 millones de euros con el condicionante de que la adjudicación quedaría supeditada a la firma del nuevo convenio de carreteras con el Estado. Un discurso que comenzó con la marcha de Mariano Rajoy (PP) del Gobierno central tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez (PSOE) y que se alargó hasta final de año.

Durante esos seis meses y hasta que se firmó el convenio, desde el Ejecutivo regional solo se limitaban a culpar al Estado del retraso de las obras en Canarias. Desde la oposición insistían en que mientras llegaba la tan preciada firma podrían haber ido adelantando los trámites burocráticos para, en el momento de firmar el convenio, adjudicar la obra. Así, el 22 de diciembre se firmó el convenio de carreteras de 1.200 millones con el Estado, pero aún no se conocía cuál era la mejor propuesta para realizar la obra.

La segunda semana de febrero llegó la mejor de las noticias. La carretera de La Aldea se adjudicaba por algo más de 153 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferrovial Agroman S.A, Acciona Construcción S.A, Lopesan S.A. y Bitumex S.A con un plazo de ejecución de 65 meses. Pablo Rodríguez celebraba esta concesión como un logro para una “reivindicación histórica del pueblo grancanario”. Pero no era la adjudicación como tal sino la apertura del tercer sobre, para la verdadera firma habría que esperara al 17 de abril, cuando se formalizó el contrato con la empresa.

A todo esto, el pasado 11 de marzo se adjudicó el servicio de Control y Vigilancia durante la ejecución de la obras a la UTE Getinsa Euroestudios, S.L. - Radaban 17, S.L - Geocontrol, S.A por un importe de 4.466.182,82  euros. Según fuentes oficiosas, este concurso ha sido recurrido y, aunque la consejería no dice nada al respecto, en la web de contrataciones del Estado la licitación se encuentra en evaluación. No obstante, estas circunstancias no tienen por qué afectar al inicio de las obras, ya que hasta que se resuelva este servicio podría llevarlo a cabo un técnico del Gobierno.