El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, celebrará en 2024 una serie de jornadas informativas sobre la fase de consulta pública de la futura modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al igual que se está haciendo ya con la Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas.
Así lo ha anunciado el consejero responsable del área, Manuel Miranda, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Marcos Bergaz en relación a las previsiones sobre la modificación de la Ley del Suelo de Canarias, una comunidad autónoma donde “la aprobación de un instrumento de ordenación se convierte en noticia no solo por su contenido, sino por superar milagrosamente todos los trámites desde el punto de vista técnico y procedimental y también las dificultades políticas”.
En su respuesta, el consejero dijo ser consciente de que hay que racionalizar y simplificar esta ley. Por ello, incidió en que desde la Consejería quieren ser “aliados” de los cabildos y los ayuntamientos para que, con la anuencia de la Dirección General de Ordenación del Territorio, el planeamiento pueda salir adelante.
Manuel Miranda señaló que el objetivo es que sea un documento consensuado y aseguró que en ningún momento van a trabajar a espaldas de los cabildos, los ayuntamientos y los actores sociales de Canarias, e indicó que los técnicos de la Consejería ya están haciendo análisis y elaborando informes sobre cuáles son las casuísticas que se están encontrando respecto a la tramitación de la Ley.
Asimismo, avanzó que en 2024 se hará una consulta a los ayuntamientos y cabildos, además de a los agentes sociales y a la ciudadanía en general. Apuntó que está última fase se llevará a cabo a través de una serie de jornadas que se celebrarán en todas las islas y también a través de plataformas online donde hay una interacción entre el Gobierno y las distintas administraciones de Canarias.
Manuel Miranda aclaró que los plazos se irán marcando en función de ese diálogo y debate, pero quiso dejar claro que su departamento va a pelear por el consenso y por intentar que la modificación de la Ley del Suelo redunde en beneficio del planeamiento de los ayuntamientos.
Una polémica Ley desde sus inicios
La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias fue aprobada en 2017 como el proyecto estrella del entonces (y ahora) presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC). Fue una norma que contó con importante rechazo social, con varios informes de expertos alertando de sus fisuras y que salió adelante gracias a los votos de Coalición Canaria, PP y ASG (ahora en el Gobierno regional) en un agitado pleno y con una manifestación de la plataforma Por un Territorio Sostenible en la misma calle donde se encuentra el Parlamento. Cinco años después de su aprobación, el veredicto de los expertos era unánime: ni se había logrado una Canarias más sostenible, ni se habían agilizado los planeamientos de ordenación, hay mayor atasco administrativo y la figura del interés insular, tal y como se está utilizando, se ha convertido en una puerta de atrás donde se pueden colar proyectos que realmente no son de tal interés.
La propia CC lo advirtió en la pasada legislatura en una PNL presentada en el Parlamento de Canarias junto a PP y Podemos. En el texto se pedía una revisión de la figura del “interés insular”, ya que si un proyecto obtiene esa categoría, prevalece sobre la consideración protegida o rústica que pueda tener el suelo. Un ejemplo de ello fue la decisión del Cabildo de Fuerteventura de declarar “de interés insular” el proyecto Dreamland, la ciudad del cine que se proyectaba construir sobre una zona virgen en Fuerteventura, junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Finalmente, este proyecto abandonó la isla de Fuerteventura y se trasladó a Gran Canaria, donde también obtuvo la consideración de “interés insular” en el Cabildo.
En el texto de CC se reconoce que “es posible que una buena herramienta concebida como excepcional”, en referencia al “interés insular”, termine convirtiéndose en “mecanismo ordinario de los promotores de iniciativas privadas al objeto de evadir la normativa urbanística y ambiental justificado en un interés público y social, asociando el negocio y la rentabilidad de estas iniciativas privadas al escaso valor económico del suelo rústico”.
El anterior Gobierno de Canarias no hizo grandes grandes cambios en la ley, aunque sí pequeñas modificaciones, siempre relativas a agilizar trámites.
La opinión de los expertos
“Hay una cuestión importante en la Ley del Suelo actual, y es que rompe con la tradición anterior en la que de alguna manera tanto los cabildos como la propia comunidad autónoma tenían herramientas para ordenar el territorio de forma integrada y de manera común. Ahora, cada municipio con su planeamiento general o cada isla con su cabildo puede gestionar con criterios absolutamente dispares e inconexos, y eso no favorece ni el desarrollo sostenible ni la defensa del bien público”, resumió a este periódico la catedrática de Geografía Física de la ULPGC Emma Pérez Chacón, una de las expertas que siempre se mostró crítica a esta ley y que ve con pesar cómo muchos de los aspectos que se advertían ahora se están cumpliendo.
Tanto esta catedrática como otros cinco miembros del comité científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote llegaron a advertir en un documento de las consecuencias de dicha ley, como el hecho de que el Cabildo perdía la capacidad de planificar la isla con una visión de conjunto. Así mismo, ya recalcaban que la norma favorecía las actuaciones “mediante proyectos” en lugar de elaborar planes de ordenación. De igual modo, reflejaban que los propios ayuntamientos podrían entrar en competencia entre sí, al estar dotados de más competencias urbanísticas. Se hicieron advertencias sobre los denominados “proyectos de interés insular” sobre todo en cuanto a la “discrecionalidad” o a no estar sujetos a reglas este procedimiento.
En varios apartados hablaron de “inseguridad jurídica”, una cuestión que también apuntó el Consejo Consultivo. Muchas advertencias sobre esta ley se recogían también en el manifiesto de la plataforma Por un Territorio Sostenible, integrada por el urbanista Faustino García Márquez, por la Fundación César Manrique o el Colegio de Arquitectos.
El abogado Javier Díaz Reixa explicó a este periódico que la figura del interés insular no es en sí el problema, ya que cree que puede servir para casos excepcionales que verdaderamente tengan un interés y no estén recogidos en el planeamiento. No obstante, “no puede ser que la declaración de interés insular sea siempre el mecanismo para saltarse la norma”, matiza. En este sentido, Emma Pérez Chacón subrayó que en todo proceso de ordenación del territorio hay una dimensión técnica, una dimensión política y una administrativa. Por tanto, “no puede ser que el interés político de una parte prevalezca sobre la dimensión técnica” y, “si realmente un lugar no tiene capacidad de acogida para una actividad, no puede ser que porque se declare de interés público, de repente sí la pueda acoger”.