La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias fue aprobada en 2017 como el proyecto estrella del entonces presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC). Fue una norma que contó con importante rechazo social, con varios informes de expertos alertando de sus fisuras y que salió adelante gracias a los votos de Coalición Canaria, PP y ASG en un agitado pleno y con una manifestación de la plataforma Por un Territorio Sostenible en la misma calle del Parlamento. Cinco años después de su aprobación, el veredicto de los expertos suele ser el mismo: ni se ha logrado una Canarias más sostenible, ni se han agilizado los planeamientos de ordenación (sólo hay un municipio canario que ha adaptado su plan a esta norma), hay mayor atasco administrativo y la figura del interés insular, tal y como se está utilizando, se ha convertido en una puerta de atrás donde se pueden colar proyectos que realmente no son de tal interés.
La propia CC, que hasta ahora nunca había criticado la norma, lo ha advertido en una reciente PNL presentada en el Parlamento de Canarias junto a PP y Podemos. En el texto se pide que se revise la figura del “interés insular” en esta norma después de la decisión del Cabildo de Fuerteventura de declarar como tal el proyecto Dreamland, la ciudad del cine que se proyecta sobre zona virgen. En él además se reconoce que “es posible que una buena herramienta concebida como excepcional, termine convirtiéndose en mecanismo ordinario de los promotores de iniciativas privadas al objeto de evadir la normativa urbanística y ambiental justificado en un interés público y social, asociando el negocio y la rentabilidad de estas iniciativas privadas al escaso valor económico del suelo rústico”. El actual Gobierno de Canarias se encuentra analizando esa PNL y, aún no existe un pronunciamiento oficial. La legislatura se encuentra en su recta final y no es probable que dé tiempo de hacer grandes cambios, aunque sí que se han hecho pequeñas modificaciones en estos años, pero siempre relativas a agilizar trámites.
La pérdida de visión de conjunto
Una de las promesas de Clavijo en la anterior legislatura era que la nueva ley permitiría “democratizar” el urbanismo. Llegó a afirmar que la ley anterior era más beneficiosa para los poderosos que podían costearse abogados. Así, algunas de las cuestiones que se introdujo fue la de delimitar el papel de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) o que los cabildos pudieran declarar de “interés insular” determinados proyectos sin necesidad de licencia municipal. “Hay una cuestión importante en la Ley del Suelo actual, y es que rompe con la tradición anterior en la que de alguna manera tanto los cabildos como la propia comunidad autónoma tenían herramientas para ordenar el territorio de forma integrada y de manera común. Ahora, cada municipio con su planeamiento general o cada isla con sus cabildos puede gestionar con criterios absolutamente dispares e inconexos y eso no favorece el ni el desarrollo sostenible ni la defensa del bien público”, resume la catedrática de Geografía Física de la ULPGC Emma Pérez Chacón, una de las expertas que siempre se mostró crítica a esta ley y que ve con pesar cómo muchos de los aspectos que se advertían ahora se están cumpliendo.
Tanto esta catedrática como otros cinco miembros del comité científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote llegaron a advertir en un documento de las consecuencias de dicha ley, como el hecho de que el Cabildo perdía la capacidad de planificar la isla con una visión de conjunto. Así mismo, ya recalcaban que la norma favorecía las actuaciones “mediante proyectos” en lugar de elaborar planes de ordenación. De igual modo, reflejaban que los propios ayuntamientos podrían entrar en competencia entre sí, al estar dotados de más competencias urbanísticas. Se hicieron advertencias sobre los denominados “proyectos de interés insular” sobre todo en cuanto a la “discrecionalidad” o a no estar sujetos a reglas este procedimiento.
En varios apartados hablaron de “inseguridad jurídica”, una cuestión que también apuntó el Consejo Consultivo. Muchas advertencias sobre esta ley se recogían también en el manifiesto de la plataforma Por un Territorio Sostenible, integrada por el urbanista Faustino García Márquez, por la Fundación César Manrique o el Colegio de Arquitectos.
Para el abogado Javier Díaz Reixa, la figura en sí del interés insular no es en sí el problema, ya que cree que puede servir para casos excepcionales que verdaderamente tengan un interés y no estén recogidos en el planeamiento. No obstante, “no puede ser que la declaración de interés insular sea siempre el mecanismo para saltarse la norma”, matiza. En este sentido, Emma Pérez Chacón subraya que en todo proceso de ordenación del territorio hay una dimensión técnica, una dimensión política y una administrativa. Por tanto, “no puede ser que el interés político de una parte, prevalezca sobre la dimensión técnica” y “si realmente un lugar no tiene capacidad de acogida para una actividad, no puede ser que porque se declare de interés público, de repente sí la pueda acoger”.
Y aquí, el ejemplo más llamativo es el Dreamland, donde basta que un grupo de consejeros de un cabildo decidan sobre “un concepto jurídico tan indeterminado como es el interés público” para que se convierta en “la puerta falsa donde por donde puede entrar absolutamente de todo”.
¿Acabar con la maraña legislativa?
Clavijo también viajó por toda Canarias asegurando a empresarios, cabildos y ayuntamientos que la ley serviría para acabar con la “maraña legislativa” y la burocracia con la que hasta ahora se topaban los proyectos urbanísticos. Una tesis que compró el PP o ASG: “La Ley del Suelo no protege a los poderosos, sino a los que están desnudos y desprotegidos frente a la actual maraña legislativa que impide construir un invernadero, un cuarto de aperos o una bodega”, dijo Casimiro Curbelo en el Parlamento.
Javier Díaz Reixa subraya que las comisiones de evaluación ambiental, tanto la regional como las insulares, están saturadas, ya que los ayuntamientos se han visto sin recursos para encargarse de ello, lo que genera atascos. Lo mismo apunta que ocurre con los planes generales de ordenación pues solo hay un municipio que lo ha adaptado a la ley de 2017, El Pinar, en El Hierro. Entre las causas, las dificultades para poder sacarlo adelante en una sola legislatura y la complejidad que hace que los ayuntamientos opten por modificaciones menores del plan cuando quieren sacar adelante un proyecto.
En un informe del CATPE, Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, se recoge que para la aprobación definitiva de un plan general municipal de ordenación han de pasar unos cuatro o cinco años. Cabe recordar que en 1994 se aprobó la Ley del Espacios Naturales de Canarias, en 1999 la de Ordenación del Territorio de Canarias, y en el año 2000, un texto refundido de ambas, con normas muy rigurosas para que los planeamientos se adaptaran a ella. En 2012 aún había 30 ayuntamientos que no se habían adaptado, otros 38 estaban en vías de hacerlo y solo 20 habían realizado la adaptación plena. Sin embargo, tras la aprobación en 2017 de la nueva Ley del Suelo se aprecia que solo hay un municipio, El Pinar (en El Hierro), cuyo Plan General de Ordenación se encuentra adaptado en base a la ley de Clavijo.
Si repasamos la situación de las capitales canarias, se aprecia que en Las Palmas de Gran Canaria, su PGO es de 2012 y el de Santa Cruz de Tenerife se publicó en 2006. Ambos se encuentran adaptados plenamente al texto refundido de principios de siglo, pero no a la Ley del Suelo. En total, hay 45 municipios que tienen su planeamiento adaptado al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias del año 2000; 12 con su planeamiento con Adaptación Básica a esas leyes; cuatro con Plan General de Ordenación Supletorio y 26 que aún no tienen su planeamiento adaptado al citado Texto Refundido.
El principio de desarrollo sostenible
Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de ATAN (Asociación de Amigos de La Naturaleza de Tenerife) remarca que está de acuerdo con los principios que inspiran la Ley de Suelo, pues en su artículo 5, por ejemplo, habla de la “prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, y la aplicación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o a sus ecosistemas” o de la conservación de los espacios naturales. Sin embargo, “a la hora de la verdad, no se aplican esos principios, y las modificaciones que se han ido introduciendo han sido para facilitar la instalación, por ejemplo, de energía eólica o fotovoltaica sin planificación previa o para proyectos como estudios de cine de Fuerteventura” y “olvidando que se tiene que respetar los principios del desarrollo sostenible y del territorio”.
“El mantenimiento de la superficie útil es cuestión de supervivencia”, resalta Villalba, que lamenta la falta de planificación y que se fomenten proyectos como nuevas edificaciones turísticas, más carreteras o no se tenga en cuenta el reto demográfico, fomentando desde instituciones públicas la llegada de teletrabajadores europeos. “Cinco años después de la ley del suelo no tenemos una Canarias más sostenible, se han incumplido claramente todos los principios inspiradores y en eso estamos fracasando”. Además, duda de que la Ley de Cambio Climático permita hacer cumplir con estos principios si no se revisan las políticas actuales que apuestan por más cemento.
“No se puede permitir que sigamos perdiendo suelo rústico no urbanizable para convertirlo en nuevas urbanizaciones”, insiste, mientras añade que la asociación a la que pertenece echa de menos organismos como la COTMAC, de la que formaba parte, pues era “una manera de poner freno a esas apetencias ilimitadas de urbanizar todo lo que se pusiera por delante”. También recuerda que hay proyectos en los que el informe de impacto ambiental se realiza después de que la obra haya comenzado y subraya que su asociación ya ganó una batalla judicial en este sentido.
Emma Pérez Chacón considera que hay un “planteamiento de explotación neoliberal del territorio frente a un planteamiento del uso sostenible” y que pese a la existencia de un discurso sobre la sostenibilidad y a que existe mayor número de datos e información que en los años 80, siguen surgiendo proyectos como Dreamland. También subraya que cuando se paralizan proyectos por la presión ciudadana, se hace porque se constata la existencia de especies protegidas o un yacimiento arqueológico, pero no porque se cuente con un Plan Insular que deje claro desde un primer momento cuál es la capacidad de carga turística de cada isla o qué áreas son susceptibles de acoger determinadas actividades. Por ello, lamenta que sea el ciudadano el que salga en defensa de algo que debería hacer la administración pública de oficio.
El suelo rústico
Otra de las cuestiones polémicas con la ley del suelo fue relativa al suelo rústico. La normativa recoge la posibilidad de realizar usos complementarios a la actividad agraria siempre que no supere el 10% de las dimensiones de la finca. La catedrática destaca que en su momento se hicieron cálculos y en una finca de 28 hectáreas se podría construir un hotel con 400 camas. Por ello, insiste en que la “ley está llena de fisuras” por las que “puede entrar cualquier actividad”. “Se decía que iba a mejorar la actividad de los usos agrarios, pero indirectamente, están todas las puertas abiertas para incorporar en suelo rústico actividades que poco tienen que ver con el uso agrario”, añade.
En definitiva, con esta ley, “de tener una visión más de conjunto se pasa a una visión de que cada isla sea un reino de taifas y dependiendo de quién gobierne pues te vas a encontrar una cosa o la contraria porque la ley te lo permite”, destaca.
Cinco años después, ha sido el proyecto Dreamland el que ha activado las alarmas de nuevo. El Gobierno estudia esa PNL presentada por CC, Podemos y PP. En ella se pide esa revisión del interés insular “para evitar el mal uso” y “que los promotores sitúen los proyectos en este tipo de suelos porque su compra resulte más rentable que desarrollar los proyectos en suelos ya urbanizados donde se multiplica el valor del suelo por 600 o 1000 veces el valor económico del suelo rústico”.