El Gobierno de Canarias ha establecido “un observatorio de precios” para realizar un seguimiento de la escalada en el coste de los billetes de avión en las conexiones de las islas con la Península tras la desaparición de Spanair. La Administración regional ha reconocido que no ha fijado una fecha para solicitar al Gobierno central que active la declaración de servicio público para garantizar la conectividad porque “está bastante complicado” que la Administración española pague con fondos públicos a las compañías por restringir su competencia.
El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, denunció el “uso abusivo de la oferta y demanda” de las aerolíneas que se refleja en el coste de los pasajes, que pueden alcanzar los 600 euros para residentes y el doble para el resto de visitantes, lo que consideró como “absolutamente desproporcionado”.
Mostró su preocupación por que el espacio dejado por Spanair aumente la “cuota de monopolio” de otras compañías que operan con las Islas y dijo esperar que se solucione con la entrada de nuevas entidades, de lo contrario, anunció una reunión con el ministerio de Fomento para arbitrar la declaración de servicio público.
Para propiciar la entrada de compañías, insistió en la necesidad de que los aeropuertos sean competitivos y “baratos” en sus costes, motivo por el que reiteró la propuesta de reducir las tasas aeroportuarias en Canarias.