El Gobierno canario y el central se reúnen este lunes por el conflicto sobre Costas, con el Hotel Oliva Beach como trasfondo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reúnen esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria en una Comisión Bilateral para discutir la situación de las competencias en materia de costas (transferidas al Gobierno regional el año pasado). El encuentro se produce como consecuencia de la queja formal presentada por la comunidad autónoma contra el Estado, al que acusa de arrogarse funciones que ya no le corresponden.

El motivo de este conflicto entre ambas administraciones no es otro que el expediente de caducidad iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la licencia del Hotel Oliva Beach, de la cadena Riu, ubicado en plenas Dunas de Corralejo (Fuerteventura). El Ministerio inició dicho expediente, que supone extinguir el permiso a este establecimiento hotelero a ocupar una zona costera del norte de Fuerteventura, y posteriormente emitió una orden de derribo, al carecer ya de permiso. El expediente se inició porque, según el Ministerio, el establecimiento incumplió varias de las condiciones de la concesión que ostentaba. Entre ellas, destaca que el hotel realizó obras para ampliar el edificio, construyendo nuevos apartamentos, lo que supuso una ampliación del volumen de las edificaciones de un 20%. No aumentar el volumen de lo construido era una de las condiciones de la concesión. Otra, que se construyó una rotonda y un local comercial, este último con un uso distinto al hotelero, que era el contemplado en los permisos. Además, se levantó una valla para impedir el paso sobre una zona que es de uso público, con lo que se restringió el acceso libre. Todo ello fue comunicado al establecimiento en distintas ocasiones, según el Ministerio, sin que se subsanaran estas irregularidades.

Por todo ello, el Ministerio consideró que el hotel había incumplido varias de las condiciones de la concesión y procedió a extinguirla, con la consiguiente orden de derribo del edificio, una vez finalizado el permiso.

La empresa, sin embargo, alega que no ha incumplido ninguna de las condiciones.

Tanto el anterior Gobierno de Canarias, con el PSOE al frente, como el actual, con CC y el PP, se han posicionado defendiendo al hotel y no exigiendo tan siquiera explicaciones a la empresa que, según el Ministerio, ha cometido varias infracciones. Ahora el actual presidente regional y el anterior (ahora ministro) se reúnen en lo que el Ejecutivo de CC-PP ha denominado conflicto por las competencias de Costas, ya que asegura que el Ministerio ya no tiene la potestad de iniciar expedientes de caducidad de licencias una vez que las competencias de Costas le fueron transferidas el Gobierno canario.

Sin embargo, el Ministerio ha sido tajante: es la única administración competente para decidir sobre expedientes iniciados por ella misma, y además, en los acuerdos de traspaso de competencias no se especificaba nada respecto a este tipo de expedientes. Y subraya: Canarias no es competente en este asunto.

El Consejo de Estado, definido como “el supremo órgano consultivo del Gobierno” nacional, lo tiene bastante claro: la competencia para tramitar y resolver el expediente del hotel RIU Oliva Beach en Fuerteventura es de la Administración estatal, no de la autonómica.