El Gobierno canario se plantea impugnar acuerdos del Cabildo de Fuerteventura por la inseguridad jurídica de estar dirigido solo por dos consejeros

Las dudas jurídicas por la insólita situación del Cabildo de Fuerteventura, sustentado apenas con dos consejeros y 21 en la oposición, han llegado este martes al Parlamento de Canarias. La diputada no adscrita Sandra Domínguez (también consejera en la oposición en ese cabildo) ha formulado una pregunta en la Cámara Regional sobre si el Ejecutivo impugnaría determinados acuerdos del Consejo de Gobierno de esa isla ya que “las sesiones se han celebrado sin respetar el quórum exigible” de tres personas. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha respondido que sí que se está analizando impugnar pero aquellos acuerdos que afecten a la comunidad autónoma, en los que tiene competencias.

El Cabildo de Fuerteventura se compone actualmente de su presidente Sergio Lloret (que fue número dos de la lista Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura) y Juan Nicolás Cabrera (número cinco de esa coalición). Se trata de anomalía que está despertando dudas jurídicas. Coalición Canaria y el PP llevaron el asunto al último pleno de enero y se acordó instar a la Secretaría General Técnica a que se pronuncie sobre si es posible celebrar consejos de Gobierno con un quórum inferior a tres personas. Otro informe de la Secretaría General del Pleno ya concluyó que “existe un tope mínimo de miembros del Consejo de Gobierno Insular, que es de tres, es decir, el presidente y dos consejeros (uno de los cuales ejercerá la Secretaría del Consejo de Gobierno Insular), y que tres es el número mínimo de asistentes para la válida celebración de sesiones del Consejo de Gobierno tanto en primera como para la segunda convocatoria”. 

Hormiga ha recordado ese informe este martes en la Cámara Regional: “Estamos ante una situación muy grave”, ha dicho, para añadir que todos los acuerdos pueden ser impugnados. Se trata de un total de 165 asuntos, al menos hasta que se registró esta pregunta.

Por ello, la diputada preguntó al Ejecutivo si tiene conocimiento de ello y si se le va a requerir al Cabildo de Fuerteventura o recurrirá a la vía jurídica, a la contenciosa administrativa para poder tomar “medidas cautelares” el día de mañana.

“Los acuerdos no parecen ajustados a derecho”

“Los acuerdos no parecen ajustados a derecho”, dijo el consejero de Administraciones Públicas y Justicia este martes, pero “también hay informes favorables”, apuntó haciendo referencia al informe de la asesoría jurídica del Cabildo de Fuerteventura, difundido por Lloret. Pérez recordó que esta situación es discutible desde el punto de vista legal, como mínimo, pero sí cree que desde el punto de vista del sentido común, contraviene un principio básico. “Dos no hacen colegio, no puede haber órgano colegiado de dos personas” y contraviene un principio democrático: “Dos personas no pueden gobernar una corporación de 23”, ha asegurado.

Según aclaró, tras consultar con los servicios jurídicos, el límite del Gobierno para impugnar es el de sus propias competencias. “No podemos entrar en los que no son de nuestra competencia”, añadió Pérez. “No los podemos impugnar, salvo en aquellos que sean de nuestra competencia y eso es lo que estamos analizando”, dijo.

“Nosotros hacemos constar nuestra inconformidad”, como así se ha hecho en otros 48 actos de oras administraciones, de los cuales 17 se han resuelto tras la pertinente rectificación. “No dudaríamos en impugnar esos acuerdos, pero siempre en el ámbito de nuestras competencias”

Pérez afirmó que no deja de preguntarse si no hay otras personas, como la diputada Sandra Hormiga incluida, que puedan acudir a los tribunales. “También hay un remedio político, los otros 21 consejeros están mirando para los celajes, como diríamos en Canarias”.

Cómo se llegó a esta situación

Coalición Canaria logró ser la lista más votada en 2019 aunque con muy poco margen, siete representantes al igual que el PSOE. El reglamento de los cabildos insta a que la candidatura más votada sea investida y así, el 21 de junio de ese año, Lola García (CC) se convirtió en la primera presidenta de la institución. Al finalizar ese mismo pleno de investidura, los socialistas confirmaron que presentarán una moción de censura. Para ello, se valieron del apoyo del grupo Podemos (con dos consejeros que actualmente están uno de ellos expulsado de la formación, Pau Quiles, y otro en vías de serlo; Andrés Briansó) y los tres de Nueva Canarias-Asambleas Municipales (una alianza que también ha quedado muy tocada en estos años). El 9 de julio era proclamado presidente el socialista Blas Acosta desbancando así del poder a CC, histórica dirigente de la institución. 

CC no se quedó quieta y trató de recuperar el poder. En diciembre de 2020, CC y PP lograron tumbar los presupuestos de la isla a falta de dos consejeros: Sergio Lloret, de Asambleas Municipales, y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria (número dos y tres en la coalición). Ninguno de los dos se presentó en la votación y fueron cesados por el presidente socialista. Esa destitución destapará el terremoto político que iba a producirse; las maniobras para arrebatar del poder a Blas Acosta, que entonces se encontraba investigado por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara. Unos delitos de los que finalmente resultó absuelto el pasado año. 

En febrero de 2021, Acosta dimitió ante la inminente moción de censura que se estaba gestando. Para que se produjera, el consejero Marcelino Cerdeña (que había firmado ya otra moción de censura y no podía hacerlo de nuevo) dimitió. Y así se fraguó la operación que hizo presidente a Sergio Lloret conformando gobierno con los siete consejeros de Coalición Canaria, los cuatro del PP y con la firma de Sandra Domínguez Hormiga (que sustituyó al número tres en la lista). Al poco tiempo, Alejandro Jorge (que había sido el cabeza de lista de esa alianza) dimitió y entró en sustitución Juan Nicolás Cabrera. 

El proyecto de la ciudad del cine en Fuerteventura, declarado de Interés Insular en un agitado pleno en el que Coalición Canaria se mostró muy crítica hizo saltar al pacto por los aires y Lloret destituye a los siete consejeros nacionalistas del Gobierno. A las pocas semanas, el PP también se marcha y es así como toda la responsabilidad del cabildo recae en estas dos personas, que ya han asegurado que no van a dimitir.