El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda (CC) ha admitido este viernes “debilidades” en la Ley del Suelo, el proyecto estrella de la anterior legislatura del presidente Fernando Clavijo. Se trata de cuestiones que ya advirtieron los expertos en 2017 cuando se aprobó la polémica norma que abría la puerta a que cada ayuntamiento tuviera más autonomía y restaba control a la comunidad autónoma sobre los proyectos que se promovían. Seis años después de su aprobación, la norma no ha cumplido con los objetivos que se marcaba: ni se ha logrado una Canarias más sostenible, ni se han agilizado los planeamientos de ordenación (sólo hay un municipio canario que ha adaptado su plan a esta norma), hay mayor atasco administrativo y la figura del interés insular, tal y como se está utilizando, se ha convertido en una puerta de atrás donde se pueden colar proyectos que realmente no son de tal interés.
Este viernes, el consejero remarcó en una comisión parlamentaria que la Ley tiene “temas que aclarar”, ya que hay artículos que “se interpretan de una manera u otra dependiendo de si estamos en islas orientales u occidentales, tiene redundancias, dificultades de interpretación del suelo rústico e instrumentos que estaban pensados para una cuestión y se utilizan para otra”. Sobre este punto ya se había pronunciado el partido cuando se opuso a que se implantara una ciudad del cine en Fuerteventura sobre una zona virgen. En diciembre del año pasado, CC presentó una PNL junto a PP y Podemos en la que se instaba a que se revise el procedimiento de declaración del interés insular.
Tanto en esa PNL como expertos consultados en un reportaje de este periódico consideraron que hay que evitar el “el mal uso de la Declaración de Interés Insular o Autonómico” y que “no puede ser que la declaración de interés insular sea siempre el mecanismo para saltarse la norma”.
El consejero hizo hincapié este viernes en que hay que aclarar esos proyectos de interés insular y los autonómicos, entre otras cuestiones. También incidió en que “La Ley del Suelo quizás en su intención de descentralizar, descentralizó en lugares complejos, en ayuntamientos que no tenían capacidad para desarrollar un planeamiento”, dijo. De hecho, si echamos un vistazo a los planes de ordenación de los municipios, la mayoría no están adaptados a esta norma.
Cambiar una ley que contó con amplio rechazo
“Yo no estoy censurando la ley, es buena y descentralizadora”, “da autonomía a los ayuntamientos y cabildos”, dijo este viernes el consejero tras las palabras del diputado socialista Jorge González, que aseguró que el consejero que tiene un “marrón” porque “está censurando” una ley aprobada por su propio partido. Así mismo, recordó que sobre esta ley ya habían advertido desde el Colegio de Arquitectos y el Consejo Consultivo durante la tramitación en el anterior mandato de Clavijo.
En 2017, la ley fue aprobada pese a contar con importante rechazo social y con varios informes de expertos alertando de sus fisuras. La norma salió adelante gracias a los votos de Coalición Canaria, PP y ASG en un agitado pleno y ese mismo día se celebró una manifestación de la plataforma Por un Territorio Sostenible en la misma calle del Parlamento.
La catedrática de Geografía Física de la ULPGC Emma Pérez Chacón, una de las expertas que siempre se mostró crítica a esta ley. Tanto ella como otros cinco miembros del comité científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote llegaron a advertir en un documento de las consecuencias de dicha ley, como el hecho de que el Cabildo perdía la capacidad de planificar la isla con una visión de conjunto. En varios apartados hablaron de “inseguridad jurídica”, una cuestión que también apuntó el Consejo Consultivo. Muchas advertencias se recogieron en el manifiesto de la plataforma Por un Territorio Sostenible o por el Colegio de Arquitectos.
“Les pido que escuchen a todo el mundo”, dijo el diputado socialista Jorge González, que invitó a que CC no escuche mucho a su socio de Gobierno, el PP, “que ya sabemos lo que quieren cuando se hablar de ordenación del territorio”.
“No es malo que retomemos un texto legislativo y le demos una vuelta”, contestó Miranda, que señaló que habrá diálogo y que se buscará “eficacia, proporcionalidad , seguridad jurídica y transparencia”.