El Gobierno ha puesto a la orden de las consejerías de Sanidad autonómicas las instalaciones sanitarias privadas y les permitirá que habiliten para el uso sanitario espacios públicos y privados que reúnan las condiciones necesarias para atender la crisis sanitaria del coronavirus.
Son medidas que este domingo ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha comparecido junto a los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Transportes, José Luis Ábalos, para hacer balance de la crisis por la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de 288 personas en España y acumula 7.753 contagios, y el estado de alarma decretado para frenarla.
Lo han hecho de forma telemática desde el Palacio de la Moncloa, al igual que hizo este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de ministros extraordinario en el que se decretó el estado de alarma en todo el país durante quince días.
Tras agradecer el “comportamiento cívico” de los ciudadanos ante unas “circunstancias extraordinarias” que han obligado a medidas excepcionales y su gesto de agradecimiento hacia la “lección de heroicidad” del personal sanitario, además del trabajo de los departamentos autonómicos, Illa ha desgranado tres bloques de medidas en el ámbito sanitario por el estado de alarma.
El primero es el de reforzar el sistema de salud favoreciendo el uso de nuevos espacios públicos y privados tanto para consulta como hospitalización y la prórroga de los facultativos residentes (MIR) en último año de especialidades como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico y parasitología, entre otras.
El ministerio también autoriza la contratación de personas con grado pero sin título de especialista en los casos en que hayan aprobado el MIR sin obtener plaza, o si han obtenido título de espeiclaista fuera de la Unión Europea y están en trámite de ser reconocidos con evaluación favorable.
Un segundo bloque de medidas para asegurar el suministro radica en el otorgamiento de un plazo “improrrogable” de 48 horas para que aquellos agentes que dispongan en “stock” de productos sanitarios de interés lo pongan en conocimiento de Sanidad. Se trata de mascarillas quirúrgicas, kits de diagnóstico, isótopos, gafas de protección.
Además, las empresas que dispongan de capacidad de fabricación de este material deberán advertirlo en un plazo de 48 horas.
La orden incorpora además, con el objetivo de garantizar el suministro de datos y ordenarlo, un sistema para dar los datos una vez al día, cada jornada a media mañana, y suministrarlo de forma homogénea. También exige a las consejerías instrucciones para que remitan planes de contingencia ante la crisis sanitaria.