El viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, ha avalado la actuación del servicio jurídico de la comunidad autónoma en el proceso que ha derivado en la sentencia que obliga al Ejecutivo a abonar 5,2 millones de euros por el aval a Vanyera, concedido por el equipo que dirigía José Manuel Soria en su etapa de consejero de Economía y Hacienda.
Jorge Rodríguez considera en un comunicado que “el Partido Popular (PP) intenta desviar sus responsabilidades hacia dichos servicios jurídicos, incurriendo en notables inexactitudes y falsedades”. Rodríguez advierte de que “existen pruebas y escritos procesales” que respaldan la actuación del Servicio Jurídico (SJ) y echan por tierra las excusas del PP.
En particular, como primer motivo, “se alegó indefensión porque nunca se había dado traslado antes por el Juzgado de la propuesta de aquella venta. Precisamente es el escrito del que habla el artículo de prensa, de fecha 27 de julio de 2009. El Servicio Jurídico tuvo conocimiento formal por vez primera de esa venta mediante el auto de 7 de septiembre de 2009 (oportunamente recurrido, no solo por ese defecto formal, sino por razones de fondo), agrega.
Al tiempo de recurrir ese auto no contó el SJ con más instrucciones ni informes complementarios de la Consejería, ni con su parecer respecto de tal impugnación“, recuerda el viceconsejero. ”El Juzgado desestimó el recurso, aludiendo a la notificación de aquel escrito a un fax del Gobierno, pese a la alegación de que la sede oficial de notificaciones a la Administración de la comunidad autónoma CAC es la de la Dirección General del Servicio Jurídico y que ese número de fax no se correspondía con ninguno de los existentes en tal Dirección.
Pese a la prueba alegada en tal sentido, el juez estimó que aquel número de fax era válido y que disponía de él desde 2005 (en clara contradicción con el resto de notificaciones habidas en este mismo procedimiento, siempre notificadas a la sede de la DGSJ)“, aclara Rodríguez. ”No es cierto, en cualquier caso“, prosigue el viceconsejero, ”que esta falta de oposición, que como vemos no es real, haya impedido que el Gobierno pudiera reclamar los bienes que ofreció Vanyera.
Lo único que impidió que el Gobierno pudiera ejecutar la garantía ofrecida por la empresa fue la falta de inscripción de la misma en el Registro de Bienes Muebles. Y esa falta de inscripción no fue debidamente supervisada por la Consejería de Hacienda“, puntualiza.
“Nueva huida hacia delante del PP”
Acerca de las supuestas dudas jurídicas sobre la necesidad de la inscripción que se vierten en la información, Rodríguez señala que “también es falso por lo que al Servicio Jurídico se refiere. De haber existido dudas jurídicas serias, lo propio era haber solicitado informe al SJ. No se pidió. Era indiscutible que la garantía debió ser inscrita”, indica el viceconsejero.
En relación a las objeciones del SJ a la garantía, el viceconsejero indica que “el decreto de aval encomendó directa y expresamente a la Consejería de Hacienda que verificara la garantía, con los requisitos allí establecidos. Es todo un despropósito soslayar tal responsabilidad y atribuir una operación de valoración y de cualificación técnica - propia de la DG Tesoro- al SJ, que únicamente informa por razones de legalidad”.
Rodríguez afirma que “el Servicio Jurídico cumplió con su deber de defensa procesal de los intereses de la comunidad. Se recurrieron todos las resoluciones que se estimaron lesivas para aquellos intereses; teniendo en cuenta, es verdad, que esa operación de defensa prácticamente quedó reservada en exclusiva al SJ, que jamás recibió formalmente instrucciones al respecto”.
El viceconsejero lamenta “esta nueva huida hacia delante del Partido Popular echando mano, una vez más, de mentiras y falsedades fácilmente desmontables”, en un asunto en que la única responsabilidad recae sobre la gestión de su presidente regional y el equipo que dirigía por aquel entonces en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.