Más de mil funcionarios de la Comunidad Autónoma, casi un tercio de su personal de carrera, se han visto entre el viernes y el lunes desplazados de sus puestos de trabajo y en algunos casos sin plaza, por la orden de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias de ejecutar las sentencias contra el concurso del 22 de septiembre de 2000, resuelto por el Gobierno el 27 de julio de 2001 con graves irregularidades que fueron recurridas y ganadas por los afectados.
Los efectos negativos de la medida obligada, tomada entre el viernes y el lunes por Presidencia y Justicia, ya fueron advertidos por el anterior interventor general de la Comunidad, Jesús Velayos Morales, en la Auditoría de Recursos Humanos del Sector Público en Canarias de 2006, que ya publicó este diario al completo en octubre pasado. [Parte 1 y Parte 2].
“Hoy nadie ha cogido el teléfono en Hacienda”, afirmaban este lunes las fuentes consultadas por CANARIAS AHORA, para conocer la repercusión del desplazamiento de sus puestos de 858 funcionarios a otras funciones que había elegido hace siete años -en el orden de preferencia más baja para el concurso de méritos-, además de al menos otros 140 funcionarios que directamente se han visto que en el traslado se han quedado sin plazas, al no existir ya las otras opciones menores que habían elegido o haber seleccionado sólo dos o tres ya ocupadas.
Según diversas fuentes consultadas por este diario en diferentes departamentos de la Administración autonómica, la repercusión de este traslado masivo de funcionarios ha tenido desigual incidencia. Depende también del porcentaje de funcionarios frente a personal laboral que exista en cada departamento, pero ha sido en Economía y Hacienda donde más trastorno ha supuesto.
A pesar de ello, otras áreas del Ejecutivo como Presidencia, Justicia y Seguridad, Obras Públicas y Transportes o Bienestar Social, Juventud y Vivienda sí que se han visto afectados por las consecuencias de este traslado que ya advertía Velayos Morales: “Esta rotación tendrá una evidente repercusión en los resultados de gestión de los centros afectados, que verán perder efectivos con alta especialización para recibir a otros que precisarán de cierto tiempo de aprendizaje”.
Se han dado casos concretos de departamentos que han preferido decir a los ciudadanos que acudían con alguna demanda concreta que el responsable de gestionar esas competencias no había acudido a trabajar por encontrarse enfermo, antes de admitir que su sustituto desconocía por completo el mecanismo para gestionar esos asuntos.
Por su parte, el Sindicato Independiente Canario (SIC), minoritario en la Administración autonómica, arremetió este lunes con un duro comunicado ante “esta situación lamentable que nos ha llevado al prepotencia de la Administración y sus Sindicatos cómplices y mudos”, en referencia a SEPCA, CCOO, UGT, CSI-CSIF, Intersindical Canaria y OCESP.