El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán (Coalición Canaria), ha anunciado este jueves que el secretario del tribunal de las oposiciones de alto nivel en las que el exalcalde de Firgas Manuel Baéz suplantó a su hijo ha dejado su cargo, asumiendo así el “error” de haberlo dejado pasar a la prueba.
Una decisión que no ha contentado a la oposición, ya que el diputado socialista Gustavo Matos ha pedido el cese del director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, a lo que se ha sumado el diputado Miguel Jorge Blanco (PP). Sin embargo, Barragán ha eludido responsabilidades en comisión parlamentaria, asegurando que los funcionarios que pertenecían al tribunal se eligieron porque no tenían antecedentes y nunca antes habían cometido irregularidades de ningún tipo.
El consejero de Presidencia ha insistido en que el Gobierno actuó desde el primer momento. Señaló que desde el pasado 26 de diciembre tuvo conocimiento de que podría haber ocurrido una situación anómala, pero no había una denuncia como tal. El 27 de diciembre explica que recibió la llamada de un medio de comunicación preguntándole sobre este asunto y que el 28 de diciembre, al salir publicado, la Dirección general de Función Pública solicitó al tribunal clarificador que se reuniera de urgencia.
Este tribunal acordó denunciar los hechos ante la Fiscalía, que ya investiga a Manuel Báez por usurpación de identidad y falsedad. Además, ese mismo día, Función Pública trasladó un escrito con la autoría y arrepentimiento del alcalde que dimitió el pasado 29 de diciembre.
El diputado Gustavo Matos criticó duramente estos hechos y tachó de “vergüenza” que puedan ocurrir estas irregularidades en unas oposiciones de la comunidad autónoma. A su juicio, se han producido contradicciones en la explicaciones del Ejecutivo regional, que solo informó de lo ocurrido una vez publicado en los medios de comunicación.
Matos lamentó que el Gobierno no haya pedido disculpas por lo ocurrido y que eluda responsabilidades queriendo “colarle” la culpa solo a un funcionario. Sostiene que el exalcalde demostró tener un desprecio a la legalidad y cree que, para que las oposiciones que se celebren a partir de ahora en Canarias tengan credibilidad, el director general de Función Pública debe ser cesado.
Miguel Jorge Blanco aseguró que al leer que el exalcalde había suplantado a su hijo en unas oposiciones pensó que se trataba de una broma por el día de los inocentes. Al comprobar que no fue así, señala que no le gustaría “pensar que el Gobierno conocía las intenciones de Baéz” y recordó que uno de los funcionarios que controlaba en la puerta era de Firgas y le comentó al secretario que se trataba del alcalde de este municipio.
El diputado popular destacó que la sensación de impunidad “es lo peor que puede pasar” y cree que si esto hubiera ocurrido con un miembro de su partido “el fuego hubiera sido asombroso”.
Concepción Monzón (Podemos) subrayó que esta suplantación pone en tela de juicio el sistema de control de las oposiciones y se cuestionó cuántas veces habrá sucedido con personas que no son mediáticas. Por ello, cree que hay que revisar este sistema.
La diputada de Nueva Canarias Esther González también insistió en que le cuesta creer que se deba a un error “involuntario” el hecho de que se haya dejado hacer el examen a Manuel Báez y cree que hay que tomar medidas de cara a un futuro. También reprochó que solo con el hecho de poner el nombre en el examen, los opositores se pudieran quedar en la lista de reserva.
Barragán aseguró que ya en esta convocatoria se reforzaron las medidas de control, especialmente para evitar que los opositores copiaran durante el examen. Sin embargo, sostiene que ninguna medida es “infalible” y que si alguien tiene una solución que evite que se detecten todas las irregularidades al 100% está dispuesto a escucharlas.