Cinco grúas de la ciudad de La Laguna, rotuladas con el nombre Autogrúas Poli, se han vuelto a colocar justo detrás del presidente del Gobierno de Canarias y amenazan con causarle algunos contratiempos judiciales. Aunque la polémica concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la ciudad de La Laguna estalló hace ya tres años con atestados policiales y declaraciones públicas explosivas, es ahora cuando varias decenas de documentos parecen acorralar a Fernando Clavijo. Una fallida comisión de investigación presidida por el senador del PP Antonio Alarcó ha conducido a cinco concejales de la oposición a presentar una denuncia ante el juzgado de guardia de la ciudad.
Fernando Clavijo era concejal de Seguridad cuando en octubre de 2003 decidió que había que privatizar el servicio de grúas de la ciudad, regida entonces por la alcaldesa Ana Oramas, actual única diputada de Coalición Canaria en las Cortes. Fue una propuesta rarísima: había que pasar de las dos grúas y los seis operarios con que el ayuntamiento prestaba el servicio a cinco grúas y veintidós operarios. En un informe municipal incorporado a la denuncia se puede leer que el coste de la externalización iba a incrementarse en unos 200.000 euros al año y que para cubrirlo había que retirar 12.400 vehículos al año, cuando en 2005 el nivel de retirada apenas superaba los 9.000.
Aún así, la operación se llevó a cabo y el servicio fue adjudicado a José Padilla González, cuya voz ya es muy conocida en algunas emisoras de radio, en la comisión de investigación del caso grúas, en las dependencias de la Guardia Civil y en los juzgados laguneros. Porque Padilla no tardó mucho en empezar a denunciar lo que a poco de hacerse cargo del servicio empezó a detectar. Lo primero que le llamó la atención fue que desde el Ayuntamiento se le impusiera el nombre de los trabajadores que tenía que contratar para el servicio. Un grupo de ellos era del círculo de amistad más estrecho de Fernando Clavijo, particularmente dos de ellos, Santiago Casanova Pérez, cuya segunda hija fue apadrinada por el entonces concejal, y Pablo Ginovés Sierra, cuya esposa trabajaba en la gestoría de la que era propietario el hoy presidente de Canarias.
Ya le extrañó a Padilla que tuviera que esperar un año y tres meses a que el Ayuntamiento le autorizara transformar en sociedad anónima unipersonal la personalidad jurídica con la que había ganado aquella concesión. Pero lo escandaloso llegó cuando empezó a detectar que se retrasaban injustificadamente los pagos por los servicios prestados, retrasos que alcanzaban hasta los cuatro meses y que llegaron a acercarse a los 200.000 euros.
O cuando tuvo que intervenir la Policía Local y la Guardia Civil ante el desbarajuste que supuso que 91 vehículos de los 104 custodiados por el servicio de grúas hubieran sido desvalijados para la venta de sus piezas. Las cámaras de seguridad habían empezado a fallar en 2010. El asunto está judicializado en los juzgados laguneros.
Aquellas escaramuzas las entendió en el año 2011, con Fernando Clavijo ya de alcalde de la ciudad tras haber sustituido por dimisión a Ana Oramas en 2008. Según el relato del empresario, fue en abril de 2011 cuando se le obligó a vender su empresa a un grupo muy selecto de sus propios empleados, entre los que se encontraban los amigos íntimos de Clavijo. Entonces no hizo falta trámite alguno ante el Ayuntamiento, como el que había tenido que sufrir para constituir su sociedad. Y eso que el pliego de cláusulas administrativas prohibía “subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del Ayuntamiento”.
Las facilidades para que los amigos del alcalde se pudieran hacer con el servicio fueron muy llamativas. Enseguida se le abonaron a la concesionaria los 200.000 euros que el consistorio le adeudaba y se le concedió un préstamo de 120.000 euros al 4% de interés con los informes negativos del interventor. El alcalde, vía decreto, salvó los reparos del funcionario y la Junta de Gobierno autorizó la operación.
En la sede de la empresa de Clavijo
No fue esa la única vez en la que el alcalde de La Laguna se remangaba para saltarse los informes negativos de los técnicos municipales: en agosto de 2014 tuvo que hacer lo mismo para prorrogar la concesión por otros cinco años a pesar de las deudas a la Agencia Tributaria (por retenciones del IRPF) que presentaba la empresa y el bloqueo de sus cobros por esas circunstancias.
Los denunciantes están seguros de haber cerrado el círculo y la implicación directa de Fernando Clavijo en todas estas operaciones. En un escrito de sus amigos de las grúas dirigido a un juzgado de Tenerife, los compradores de Grúas Poli comparecen representados por el graduado social Tomás Febles Díaz, administrador único de Administración Ecológica, S.L., la gestoría de fincas que Fernando Clavijo tiene en La Laguna, de la que el presidente fue administrador único entre julio de 2001 y marzo de 2009. Los flamantes emprendedores llegan a domiciliar su nueva empresa en la sede de esa gestoría, la avenida de Lucas Vega, 13, en La Laguna.
Pero si Fernando Clavijo demostró con su desempeño el interés por este grupo selecto de trabajadores del servicio de retirada de vehículos, su sucesor en el cargo no se quedó atrás. Siendo concejal de Seguridad, José Alberto Díaz fue quien tramitó en 2014 la prórroga de la concesión a pesar de que los técnicos municipales advertían de que resultaba “de especial relevancia la falta de acreditación de obligaciones del concesionario”. Efectivamente, los propietarios impuestos por el alcalde Clavijo no tenían ni tarjeta de transporte ni capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior de mercancías.
Además, no debían ser muy eficientes empresarios porque su gestión al frente de las grúas fue verdaderamente efímera: en 2015 vendieron la compañía por un euro a Grúas Adeje, que asumió deudas por importe de 700.000 euros. Un gesto de generosidad del nuevo concesionario, José Luis Tacoronte, que solo se entendería por sus estrechos vínculos con Coalición Canaria. Tanta vinculación que, a pesar de la funesta gestión de los amigos del presidente, los ha mantenido dentro de la sociedad como administradores. No se conocen nuevos quebrantos ni más robo de piezas. De momento.
Los denunciantes no han elegido en esta ocasión la vía de la Fiscalía, seguramente por el comportamiento que mostró el Ministerio Público con el último caso de presunta corrupción en la que se vio envuelto el presidente del Gobierno en sus últimos meses como alcalde de La Laguna, el caso Corredor. Han elegido el juzgado de guardia, que habrá de hacer alguna diligencia de investigación para, en su caso, previa exposición razonada, enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición de aforado de Fernando Clavijo. El otro denunciado, el actual alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, tendría que acompañarlo a la instancia que corresponda.
El presidente del Gobierno ha declinado ofrecer su versión a este periódico. A través de su servicio de relaciones como los medios, ha contestado que “con mucho gusto responderemos las cuestiones relativas al caso grúas pero no antes de que se respondan las que nos remita de la Comisión municipal de Investigación, por razones de prioridad institucional, como espero que comprendas”.