LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 (EUROPA PRESS)
La abogada de Aminetu Haidar ha asegurado hoy que el juez y el médico forense que la pasada noche visitaron a la activista para ver en qué situación se encontraba, pudieron comprobar que la activista está “en perfecto estado”.
“El juez declaró ayer y comprobó con el forense que está en perfecto estado y, por tanto, su voluntad hay que respetarla, y ella es autónoma e independiente para decidir sobre su actuación”, apuntilló la abogada de la pacifista saharaui, Inés Miranda, en declaraciones a Europa Press.
En lo que respecta a la visita del juez a Haidar con el médico forense se produjo, después de que la Delegación del Gobierno en Canarias presentara en el Juzgado de Guardia de Arrecife (Lanzarote) un escrito en el que solicitaba a la autoridad judicial que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de la activista, según informó dicha institución en un comunicado.
En dicho escrito, se apuntaba ciertas medidas a adoptar, tales como, el ingreso de Haidar en un centro hospitalario o la realización de “cuantos controles se estimen necesarios” por los facultativos del Servicio Canario de Salud (SCS) o del médico forense para evaluar el estado físico de Haidar, debido al “peligro que para vida e integridad física” supone el mantenimiento de la huelga de hambre de la pacifista en el aeropuerto de Guacimeta, en Lanzarote.
Sin embargo, la abogada de Haidar afirmó que el juez “declaró que --Aminetu-- es perfectamente competente, capaz y su voluntad es perfecta” para continuar con su decisión de seguir en huelga de hambre.
Ante esto, prosiguió Inés Miranda, el juez “no puede ordenar ninguna medida contra ella”, ya que Haidar ha expresado “claramente su voluntad, su decisión autónoma y dependiente de estar en huelga de hambre y en la situación en la que está hasta que se cumpla su derecho, que es que deje --el Gobierno español-- de tenerla secuestrada y la devuelva a su casa”.
Preguntada por qué ocurriría en caso de que la activista saharaui perdiera la conciencia, Miranda explicó que en esta situación habría que aplicar la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 donde se “establece que las personas que se encuentren en esa situación disponen de su voluntad y son las que deciden realmente que sucede en ese supuesto”.
Agregó que sería “algo similar a un testamento vital” donde previamente la persona afectada ha indicado, como establece la normativa en estos casos, qué tratamiento quiere o no quiere recibir, “voluntad que tiene que ser respetada por los médicos, por el Gobierno de Canarias, por el Gobierno de España y por la más alta autoridad porque no se puede actuar contra su voluntad”, ya que si se actúa en contra se estaría “entrando en el ámbito del derecho penal”.
“Por tanto, ella ni está bajo la tutela del Estado, no está presa, no es incapaz, no se encuentra en ninguno de estos supuestos”, sentenció Inés Miranda.