Aunque el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se empeñe en que los 160 millones liberados por el Estado en compensación por el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) servirán para que “salgamos todos” de la crisis en base a la “solidaridad”, lo cierto es que el documento entregado a los empresarios y a las centrales sindicales no incluye que ese dinero se destine a planes de empleo social.
Y por más que unos despistados sindicatos hayan destacado como positivo al término de la reunión del Consejo Asesor que se abandone el criterio de la triple paridad para repartir los fondos, la verdad es que la filosofía de ese mecanismo sigue intacta, pues el propio Clavijo ha asegurado que la distribución de esos millones tendrá en cuenta “la doble insularidad” y “tratará de forma diferente a quienes son diferentes”.
El presidente ha dejado claro también que los fondos del IGTE tendrán en cuenta la inversión en desarrollo e innovación, infraestructura pública y las políticas activas de empleo, pero nunca se vincularán a planes de empleo sociales, una reivindicación puesta sobre la mesa por Gustavo Santana, secretario general de UGT-Canarias, y que es compartida por la parte no nacionalista del Gobierno de Canarias.
Santana también ha alertado de la posibilidad de que los fondos para infraestructuras dejen la 'puerta abierta' a financiar el Anillo Insular de Tenerife (el primer foco de la polémica a cuenta del IGTE), por lo que ha propuesto que esas inversiones se destinen a infraestructuras sanitarias y educativas, que tienen un marcado acento social y que se vigile estrechamente que, en el caso de ser usado en redes viarias, no sea para acometer obras nuevas.
Seguimiento, evaluación y transparencia
El documento entregado por Clavijo a su Consejo Asesor para que éste haga aportaciones, incluye de entre 15 a 20 indicadores (el porcentaje destinado al conocimiento, si alcanza a parados de larga duración, el número de titulados en Educación Secundaria a los que beneficia, así como la emprendeduría y la dependencia, entre otros) a tener en cuenta a la hora de destinar dinero a los proyectos (que no serán decididos ni por el Gobierno ni por los cabildos ni por los ayuntamientos, sino por una mesa sectorial integrada por las tres administraciones), que será entregado por la Consejería de Hacienda a las corporaciones insulares con cargo a una sección presupuestaria nueva que se incorporará a las Cuentas de 2016.
Un dinero cuyo “seguimiento y evaluación” correrá a cargo de la Consejería de Economía, que deberá examinar “anualmente” su grado de ejecución y, además, trasladarlo al Parlamento para que las 'inversiones IGTE' estén dotadas de “total transparencia”.
Tras la reunión, el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, ha resaltado que va a quedar absolutamente claro donde irán destinados unos fondos “con unos claros objetivos evaluables y que se difundirán en el Parlamento”, de modo que quedará justificado “su beneficios en proporción a sus costes”.
Como hiciera horas antes en el Parlamento, Clavijo ha insistido en que los 1.600 millones de euros del extinto IGTE que recibirá Canarias en los próximos 10 años, unidos a los 2.200 millones de la Estrategia Inteligente financiada por la Unión Europea, permitirá hacer un plan de desarrollo para el Archipiélago que consiga cambiar su actual modelo productivo y permita no solo el despegue económico y social de las Islas tras la crisis, sino sentar las bases para que, una nueva deflagración económica mundial no suma a Canarias en la sima actual.