El promedio del retraso en las obras por el incumplimiento del convenio de carreteras firmado por el Estado español con Canarias supera los dos años, según explica Juan Medina, director general de Carreteras del Gobierno de Canarias, quien eleva hasta los 628,39 millones de euros el total de déficit de transferencias del Gobierno central a las Islas. Así, en esta legislatura el ejecutivo de Rivero debió recibir 859,50 millones de euros y tan solo ha recibido 231,11 millones.
Medina recuerda que el primer incumplimiento fue en 2010, con el Gobierno de Zapatero, pero este fue de modo consensuado y se reajustó las cantidades que quedaron para entregarse más adelante. Sin embargo, desde 2012 el acuerdo económico se ha incumplido todos los años. Así, en 2012 llegaron 68,57 millones de euros cuando se esperaban 207, mientras que en 2013, 2014 y 2015 el Ministerio de Fomento pagó 54,19 millones de euros cada año, cuando lo firmado era 207, 225 y 220,5, respectivamente.
Ante esto, el Gobierno canario ha acudido a la Audiencia Nacional para reclamar el dinero firmado. En diciembre de 2012 fue la primera vez y el fallo en primera instancia no les dio la razón porque decían que la Ley de Presupuestos prevalece sobre un convenio, lo que Medina acepta, pero no que lo lleven haciendo ya durante cuatro años, porque reconocen que “vale para un año y con carácter excepcional”, pero tras cuatro veces seguidas entienden que desde el Estado han hecho “de la excepción la regla y todos los años reducen”, por lo que en 2013 y 2014 han vuelto a presentar otros recursos que están a la espera del fallo.
Mientras, Medina indica que cada vez que llaman a la puerta del Ministerio de Fomento reclamando las cantidades firmadas, “la justificación de la ministra -Ana Pastor- es una sola: ”eso es lo que puedo poner“ y de ahí y no sale”. Con esta situación, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se veía con dos posibles soluciones, una era paralizar las obras y enfrentarse a indemnizaciones que podrían alcanzar los 200 millones de euros o, como se ha decidido, hacer frente a las obras adquiridas consignado casi 500 millones de euros para paliar el “drástico y unilateral recorte” de fondos del Estado, que solo ha pagado el 27% de lo previsto. Una cantidad que se ha logrado conseguir a pesar del contexto de crisis económica y de la imposición de un estricto objetivo de déficit.
El director de Carreteras cree que el Gobierno de España va “contra la razón y hace que los convenios firmados sean papel mojado”, lo cual no sería así si se hubiera reajustado el acuerdo como se hizo en el 2010 los recortes podrían estar justificados, pero en su opinión el Ministerio de Fomento cree que el convenio firmado “es una ficción, algo potestativo de ellos, una obra de caridad” que deja a Canarias en una situación “muy preocupante” ya que al principio de la legislatura tenían en marcha 19 obras en las que en su mayoría han tenido que reajustar los contratos, de forma que se han tenido que prolongar los plazos de las obras y las anualidades contractuales.
En estas 19 obras se invirtieron, como ya se ha comentado, 500 millones, de los cuales Medina afirma que 400 eran “forzados” porque aunque se parase la obra “tendrían que pagarse”. De esta manera, tres obras se pudieron finalizar debido a que estaban contratadas por medio del método alemán (la contrata ejecuta la obra y la cobra cuando la entrega) y la Consejería tenía que hacer frente a este pago. Así, la vía Puerto Rico - Mogán en Gran Canaria (170 millones de euros), la Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife (61 millones de euros) y la vía que une Icod con El Tanque en Tenerife (con un presupuesto de 150 millones de euros). Estas tres vías estaban al 80-90% ejecutadas, por lo que si se paralizaban se debía abonar ese porcentaje sin finalizarla, lo que fue descartado por el Gobierno canario y terminó realizando el esfuerzo para concluirlas.
“Si hubiésemos estado empezando con esas obras las hubiéramos parado, habríamos indemnizado a los contratistas y habríamos ahorrado, pero no era el caso, estaban muy avanzadas porque estaban para terminarlas en octubre de 2012 y el recorte nos llegó en junio de 2012”, señala Medina. También se relocalizaron 50 millones de fondos FEDER del periodo 2007-2013 que estaban destinados a otros proyectos que no se habían iniciado, los cuales fueron destinados a la ya citada vía de la capital tinerfeña, la circunvalación de Arrecife y la carretera que va de Costa Calma a Pecenescal en Fuerteventura. La primera de estas obras se concluyó en 2013, la vía lanzaroteña se inaugura esta semana y la carretera majorera se terminará en el mes de noviembre.
Las demás obras se vieron perjudicadas, en mayor medida aquellas que estaban iniciadas en 2011. La vía de acceso al Puerto de Tazacorte en La Palma se paralizó y continúa con pequeñas anualidades, mientras que la la carretera entre Mácher y Playa Quemda en Lanzarote también se paralizó aunque en 2013 se pudo finalizar con una inyección de tres millones de euros provenientes de mejoras de los presupuestos. Mientras, otras obras se ralentizaron: la obra servicio portuaria en Tenerife, Ofra- El Chorrillo en Tenerife, Caldereta - Corralejo en Fuerteventura, la Travesía de Hermigua en La Gomera, Bajamar-Tajuya en La Palma. En Gran Canaria, la carretera entre La Aldea y El Risco y la IV Fase de la circunvalación prácticamente se paralizó y a la vez el anillo insular del sur de Tenerife se ralentizó casi dos años.
Ante las dificultades económicas el Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife han realizado “suplementos” económicos que han permitido adelantar la puesta en servicio de las obras. Medina aclara que Tenerife ha aportado 2,7 millones al anillo insular para los presupuestos de este año, que asciende hasta nueve millones y el Gobierno solo puede poner 6,1. En Gran Canaria, solo podían poner 1,5 millones de euros en la Fase IV y el Cabildo puso 11, por lo que el Ejecutivo autonómico hizo un esfuerzo y elevó la partida hasta los 2,1 millones para poder abrir este año la carretera. En cuanto a la carretera de La Aldea, de 88 millones que cuesta la Institución insular pone cinco millones que permiten poner en servicio público estos tramos.
A cambio, el Gobierno se compromete a realizar más tarde, cuando el escenario presupuestario lo permita, actuaciones en vías de los cabildos, como por ejemplo mejoras en las conexiones de la GC-1 con la GC-2 en contraprestación al adelanto por la IV Fase, o la actuación en la GC-60 a la altura de Fataga por los cinco millones de La Aldea.