El informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias ha detectado la existencia de “salvedades legales” en algunos aspectos de la compra de material sanitario en los casos Mascarillas y Koldo.
Así lo ha indicado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este lunes en Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido, recordó que en esas fechas hubo volumen de contratación de unos 80 millones de euros, y que casi el 50% de los expedientes están inmersos en algunos de los procesos judiciales mencionados.
De esta manera, comentó que entre estas “debilidades legales” que se han advertido están que “los contratos se tramitaron ”vulnerando“ incluso el procedimiento que contempla la Ley para los contratos de emergencia, ya que se habría equiparado a los contratos menores. ”Tenía que haber sido diferente“, opinó.
Cabello apuntó de igual modo que “no existe evidencia documental para la recepción de los contratos”. “No constan en el expediente las actas firmadas de la recepción de los materiales, e incluso en muchos de ellos ni siquiera hay documentación previa. No hay expediente específico”, dijo.
El portavoz explicó también que muchos de los contratos “no están colgados como debe de ser y es obligación en la plataforma de transparencia del Gobierno de Canarias”.
Por último, expuso que “no consta tampoco dación de cuenta de muchos de esos contratos al Consejo de Gobierno como era obligación en el plazo de 30 días posteriores a la firma o aceptación de los mismos”.
“Son algunas de las salvedades que se han detectado y que se han dado a conocer este lunes en el contexto de este informe de la Intervención General”, observó Cabello.
Por su parte, el informe de Intervención General irá ahora a los servicios jurídicos del Servicio Canario de Salud, que es quien está realizando el análisis sobre cada uno de los expedientes.
Al respecto, el portavoz expuso que la parte de Intervención o de Hacienda es la parte final, donde se produce el pago y donde están las facturas. “Ese informe se remite al Servicio Canario de Salud, que es quien tiene el grueso de los expedientes y es quien ensambla el informe definitivo que debe de ser trasladado a los servicios jurídicos de la comunidad”, concluyó.