La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha decretado este viernes “la clausura total del complejo Stratvs”, que han precintado durante la mañana agentes de la Guardia Civil. Numerosos vehículos retiraron mercancía y maquinaria de las instalaciones este viernes mientras los agentes iban precintando las diversas partes de la bodega.
La medida cautelar se adopta “mientras dure la instrucción” de la causa penal que se sigue por las ilegalidades cometidas en la construcción de la bodega; es decir, hasta que se celebre juicio, o “por un plazo máximo de cinco años”, según señala en un auto de 19 folios.
La jueza ha dictado el auto apenas dos días después de que se celebrara una vista en la que la familia Negrín, propietaria de una parte de los terrenos sobre los que se asienta la bodega, reclamase el cierre cautelar, que defendieron la Fiscalía, la acusación popular representada por Transparencia Urbanística y el abogado del Cabildo, Pedro Fraile, informa Diario de Lanzarote.
En el auto, la jueza subraya que lo construido en la zona del barranco del Obispo por el promotor Juan Francisco Rosa “supera de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado, ante los ojos de las instituciones públicas que pese a su conocimiento omitieron control alguno”.
Así, destaca que se concedieron licencias sólo “para rehabilitar una vivienda de valor etnográfico y construir un almacén-bodega subterráneo de 900 metros cuadrados”. Sin embargo, añade que se demolió la vivienda histórica, se hizo una nueva edificación, “creando la ficción de que se había restaurado”, resultando “incalculable” el valor histórico del daño. Por la concesión de esos permisos supuestamente ilegales están imputados varios técnicos del Gobierno de Canarias.
“Nada de lo existente está autorizado ni es autorizable en el momento actual”
Además, recalca la jueza en su auto, se construyó un restaurante subterráneo, así como cocinas, terrazas y una bodega industrial con 2.500 metros. “En total, más de 12.000 metros cuadrados construidos que exceden de los algo más de 1.000 metros cuadrados autorizados”, subraya. También considera que “se conocía sobradamente que lo que se construía ni estaba autorizado ni era autorizable”.
La jueza indica que hay “serios indicios de que nada de lo existente está autorizado ni es autorizable en el momento actual, ninguna de las construcciones ejecutadas” y ninguna de las “variopintas” actividades que se desarrollan en las instalaciones “sin ninguna autorización”, que “van desde conciertos hasta desfiles de modelos, bodas” o “talleres”. Señala además que “se conocía sobradamente” que jamás se obtendrían las autorizaciones necesarias.
Filtraciones 'sin control'
La jueza también hace referencia a informes de Salud Pública en los que se afirma “que las instalaciones no cumplen con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales”. Concluye que “tales vertidos de aguas residuales carecen de cualquier autorización, y lo que es más grave aún, del más mínimo control”.
“No hay autorización alguna para los vertidos y filtraciones que se vienen efectuando”
Señala que el promotor sólo tuvo un permiso “provisional” para verter las aguas residuales, que finalizó en mayo de 2009, “y por tanto no hay autorización alguna para los vertidos que se vienen efectuando”, “y no consta que el Consejo Insular de Aguas haya mostrado la más mínima preocupación al respecto”.
La jueza destaca “la posible contaminación potencial del terreno”, provocado por las filtraciones de las aguas residuales, puesto que, indica, el propio perito de la bodega ha admitido “que la filtración del residuo líquido se lleva produciendo desde hace unos siete años, ya que sólo se extrae del 'pozo' o 'fosa' el residuo sólido”.
“Indicios de criminalidad”
Para la jueza, “existen indicios racionales de criminalidad” y de que “el complejo Stratvs funciona en ejercicio de una actividad delictiva, cuya actividad es carente de cualquier tipo de autorizaciones”, careciendo “de control alguno desde el punto de vista administrativo y sanitario”.
En la causa hay indicios, según la jueza, de delitos contra el Territorio, contra el Patrimonio Histórico, el Medio Ambiente, así como delitos de falsedad documental, usurpación de bien inmueble y estafa.
“Intereses en juego”
“Debe primar la protección del medio ambiente” y “el orden social” ante el “lucro”
La jueza considera que permitir que continúe abierto Stratvs por “motivos económicos, lucrativos o turísticos tampoco resulta razonable” ya que, tras ponderar “los intereses en juego”, “debe primar en todo caso la protección del medio ambiente, el orden social” y evitar “la continuidad delictiva” sobre “un lucro que hasta el momento ha revertido exclusivamente en la empresa explotadora”.