La Asociación Justicia y Sociedad ha decidido promover “un movimiento social de amplia base” ante el cariz de algunas de las últimas decisiones judiciales tomadas en los tribunales canarios “en contra del derecho a la información y la libertad de expresión”. Joaquín Sagaseta, presidente de la asociación, y José Rivero, miembro de la misma, destacaron entre las mencionadas decisiones la ratificación de la sentencia contra el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, dada a conocer la pasada semana.
“La condena se produce contra un periodista que ha denunciado un caso de corrupción”, destacó el abogado Rivero, y dado que la “corrupción en Canarias está en estado de metástasis”, apostilló Sagaseta en referencia a los múltiples casos de esta naturaleza actualmente en curso -Eolo, Góndola, Faycán y Teresitas-, la decisión judicial contra un periodista puede entenderse como un aviso “para intimidar a los medios infomantes”.
Rivero recordó que es imposible encontrar en la sentencia alusión alguna a que el medio -CANARIAS AHORA- publicara falsedades “con el conocimiento de que lo estuviera haciendo”, requisito imprescindible para la condena por un delito continuado de calumnias con publicidad. Además recordó que en los sueltos de opinión objeto de la denuncia de José Manuel Soria, se hacía referencia a una cuenta corriente en Suiza que la sentencia “tampoco recoge que fuera inventada o falsa”.
La información publicada por CANARIAS AHORA referente al caso La Favorita y los sueltos de opinión correspondientes señalaban que la empresa Calle Cervantes, propiedad de Santiago Santana Cazorla -detenido con posterioridad por el caso Góndola-, había comprado la antigua fábrica de tabacos BAT, sita en El Secadero, por 5 millones de euros. Menos de un año después el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -Soria era entonces alcalde- la adquirió por 12 millones de euros. Es decir, la empresa Calle Cervantes obtuvo un beneficio de más de 1.100 millones de pesetas para, a renglón seguido, cesar su actividad.
Joaquín Sagaseta recordó el alto coste que se había pagado para conseguir derechos fundamentales como el de información, la tutela judicia efectiva o la propia libertad de expresión; y señaló que si “sólo uno de ellos quiebra, sobra el resto de la Constitución Española”. El presidente de Justicia y Sociedad estima que el problema no es si se está politizando el TSJC, “lo grave es que se está desjudicializando el delito” e insistió en la necesidad de crear la plataforma como medio para enviar a los ciudadanos “el mensaje de que no se muerdan la lengua y denuncien”.
Más casos a denunciar
El caso La Favorita fue sólo uno de los mencionados este martes por Justicia y Sociedad. No faltaron referencias al alargamiento del secreto sumarial en el caso de Las Teresitas, en el que aparece como imputado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. Justicia y Sociedad ejerce la acción popular en dicho caso y el no levantamiento del secreto de sumario supone que no “tengamos información”.
Zerolo sirvió de ejemplo para que Rivero explicase cómo los actores judiciales actúan de manera distinta en función del sujeto al que se juzga. Recordó cómo cuando fue a declarar a la Audiencia Provincial de Las Palmas por el caso Las Teresitas lo ocultaron de los medios de comunicación en una biblioteca. “Y que se sepa cuándo va a declarar alguien, no atenta contra el secreto de sumario, porque no revela nada del contenido del mismo”, apostilló.
Otra actuación judicial que merece la crítica de la asociación fue el archivo por parte del TSJC en sólo seis días de las escuchas telefónicas remitidas al alto tribunal por el juez Alexis Reyes -instructor del caso Góndola- en las que se escuchaba al ex presidente canario Adán Martín, al entonces y ahora consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel; y al ex jefe de Gabinete del Presidente Salvador Iglesias, en conversaciones sobre la aprobación en el Parlamento de las excepciones a la ley de moratoria. Rivero señaló que si el contenido es el que trascendió, “nunca debió archivarse” hasta que la Cámara regional decidiera sobre las mencionadas excepciones; aprobadas “con gran escándalo para la ciudadanía” y en sentido positivo para el empresario Santa Cazorla; interlocutor de algunos de esos cargos públicos en los pinchazos telefónicos remitidos por el juez Reyes al TSJC.
Tampoco quedó sin mención el archivo de las supuestas mentiras de José Manuel Soria en la comisión de investigación parlamentaria del caso Eólico. Rivero destacó que el TSJC tomó la decisión sin siquiera haber nombrado instructor, lo que valió la recusación de los miembros de la Sala en el posterior recurso presentado por el demandante, Francisco Cabrera.