Canarias crece. Y hay que cambiar la letra del popular villancico que en la década de los 90 del siglo XXI sonaba en los espacios publicitarios de los medios de comunicación. Ya no “somos siete sobre el mismo mar”, sino ocho, pues se ha puesto en el mapa a La Graciosa.
Pocas veces una votación en el Parlamento concluye con todos los diputados puestos en pie y, ni mucho menos, con una intervención del presidente de la Cámara, Antonio Castro, lo que puede indicar que el momento vivido en el salón de plenos de Teobaldo Power, al filo de las 10:45 horas, pasará a los anales de la historia del Archipiélago.
“Los canarios tenemos apego a nuestra propia isla, pero siempre nos hemos sentido unidos y, seamos de la isla que seamos, en el corazón siempre llevamos a La Graciosa”, dijo Castro.
Y es que el Parlamento, por unanimidad, ha aprobado una iniciativa para que La Graciosa sea reconocida por el Estado, y por el futuro Estatuto de Autonomía reformado, como “supuesto singular de entidad local menor con personalidad jurídica de isla habitada”.
Un galimatías jurídico tras el que se esconde una realidad: La Graciosa podrá tener órganos de gestión independientes del Ayuntamiento de Teguise. Es decir, y como aseguró el diputado nacionalista Juan Pedro Hernández:“los gracioseros no piden un ayuntamiento, no piden un cabildo, piden la libertad de equivocarse por ellos mismos, que no se equivoquen por ellos”.
De esta manera culmina una reivindicación de más de cuatro décadas pero que en los últimos años ha sido impulsada por el Consejo de la Ciudadanía, artífice del texto aprobado en el Parlamento.
Los gracioseros podrán decidir por sí mismos si se cumplen todas las propuestas incluidas en la iniciativa aprobada e incluso más, ya que el texto refrendado por el Parlamento pide que se cree “una pedanía” adscrita a Teguise, pero la futura Ley de Municipios que en breve será aprobada por la Cámara regional eleva ese rango.
Régimen especial descentralizado
Como ha recordado el socialista Manuel Fajardo durante el debate, la futura Ley crea un régimen especial para que la Isla tenga un ente con competencias descentralizadas, que bien podría ser el consorcio interadministrativo al que hace referencia el texto aprobado hoy en el Parlamento.
Un consorcio en el que, según la iniciativa aprobada por unanimidad, participarán “todas las administraciones implicadas, para la gestión de aquellas competencias que precisen un mayor nivel de coordinación”.
Además, la Cámara mandata que estas administraciones “garantizarán la financiación de los diferentes servicios que atiendan las necesidades de la ciudadanía y de la conservación del entorno” de La Graciosa.
El diputado del PIL en el Grupo Mixto, Fabián Martín, ha recordado que la iniciativa aprobada “es una oportunidad de poner el foco sobre la octava isla, que pasa desapercibida incluso para los lanzaroteños”.
Una isla “desamparada”, como dijo la conservadora Astrid Pérez, pero con la que a partir de ahora se ha hecho justicia pues hasta el PP, que está en contra de la reforma del Estatuto, cree que cuando se lleve a cabo, en la Carta Magna canaria debe “quedar clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote”.
Pérez también incidió en que los gracioseros tienen derecho a que en su territorio se puedan compatibilizar todas las actividades de la vida diaria, incluida la turística, por lo que resaltó que los Ejecutivos central y estatal deben colaborar para garantizar a los ciudadanos de La Graciosa un helipuerto, cementerio, caminos, agricultura, ganadería, gestión de residuos o implantación de energías alternativas.
Y un último mensaje del PP al Gobierno de Canarias para que se ponga las pilas y planifique los recursos naturales y las modificaciones que se entiendan necesarias en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), así como de la reserva marina de Chinijo, “para hacer compatible la vida de la población residente en La Graciosa y la conservación de los valores naturales”.