El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha rescatado de forma temporal la concesión del servicio municipal de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública debido a los problemas que arrastra desde hace meses la empresa adjudicataria, Grúas Poli SL.
Bajo la figura legal de la “asunción temporal de la ejecución directa del servicio”, la corporación se hará cargo de la gestión de la concesionaria y evaluará “la realidad interna de la empresa y su viabilidad técnica”, según acordó este martes la Junta de Gobierno, que ha reconocido que existe riesgo de que Grúas Poli SL no pueda asumir ni garantizar la prestación del servicio.
Tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social han embargado a la sociedad por unas deudas que ascienden, respectivamente, a 76.000 y 33.000 euros. Además, sus trabajadores acumulan cinco meses sin cobrar las nóminas. El último abono se produjo a finales de diciembre, cuando la plantilla percibió la cantidad que aún se le adeudaba del mes de julio y parte del salario de agosto.
El Consistorio afirma en un comunicado que tiene “indicios suficientes, públicos y notorios que indican que existe la posibilidad de que la empresa no pueda continuar con la actividad del servicio” y precisa que Grúas Poli seguirá siendo la concesionaria, aunque el Ayuntamiento velará por el cumplimiento del servicio y comprobará si esta sociedad “puede responder al desempeño del mismo en un futuro”.
Además de las importantes deudas que arrastra, la empresa mantiene abiertos varios frentes judiciales desde que sus actuales propietarios se hicieran cargo de la misma tras una polémica operación de compraventa. En septiembre del pasado año, el antiguo administrador de la concesionaria acudió a la Guardia Civil para denunciar que había sido coaccionado para vender la empresa a siete trabajadores que tenían una relación de amistad con el alcalde del municipio, el nacionalista Fernando Clavijo.
Posteriormente, un grupo de empleados de la compañía de grúas llevó a los tribunales una serie de irregularidades e incumplimientos del pliego de condiciones, como los impagos a los trabajadores, las deudas tributarias o la prestación del servicio sin los pertinentes permisos de transporte. Por otro lado, los juzgados también investigan la presunta sustracción de piezas de los vehículos en el depósito municipal.