El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, se coló este sábado en el Ministerio de Fomento para abordar en un pasillo al ministro del ramo, José Luis Ábalos, plantearle el viejo problema de las viviendas del barrio de Las Chumberas, hacerse tres fotografías y emitir un comunicado reivindicativo reclamando al Estado la firma del convenio para la reposición de esas casas 560 casas afectadas por aluminosis. El Ayuntamiento de La Laguna declaró desierto en agosto pasado el concurso para la reposición de la primera fase de esa urbanización de la ciudad de La Laguna al no aparecer ningún licitador que la ejecutara en 32 meses por menos de 15 millones de euros.
José Aberto Díaz se empotró en la comitiva que acompañaba este sábado al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en su visita el Ministerio de Fomento, donde tuvo lugar el acto formal de la firma del convenio de carreteras entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, cifrado en 1.800 millones de euros a invertir durante los próximos ocho años. La firma de ese convenio ha venido precedido de la polémica por no incluirse en él una partida superior a 900 millones de euros resultantes de las cantidades que el Gobierno de Mariano Rajoy detrajo a Canarias y que la Justicia ha obligado a reponer.
Esa polémica ha conducido a que esta semana se hayan producido declaraciones muy ásperas por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y de la diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, que aseguraron sin pruebas que esa merma respondía a un trasvase de dinero destinado a Canarias que finalmente se había consignado para Catalunya en el marco de los últimos acercamientos del Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat.
Contrariamente a lo que cabría esperar, esa polémica no tuvo traslado este sábado al acto en el Ministerio de Fomento, ni antes, ni durante ni después del mismo. El vicepresidente Rodríguez se limitó a contar a los periodistas el destino de esos millones de euros en obras en todas las Islas Canarias, excepto en La Graciosa.
Ajeno a esos acontecimientos, el alcalde de La Laguna fue a lo suyo a lo largo del sábado. Tanto los servicios de prensa de Coalición Canaria como los del Ayuntamiento de La Laguna divulgaron enseguida el encuentro informal entre el alcalde de la ciudad y el ministro de Fomento en comentarios en redes sociales, en aplicaciones de mensajería y mediante un comunicado cargado de expresiones reivindicativas y electoralistas: “El alcalde lagunero ha querido dejar claro que ”desde el Ayuntamiento jamás vamos a abandonar a estas personas, vamos a estar a su lado siempre y no los abandonaremos“. ”Seguiremos adoptando todas las medidas que sean necesarias“, recogía la nota de prensa municipal.
En su cuenta oficial en Twitter, el alcalde introducía expresiones y etiquetas como #LaLagunaprimero y #migente. “La Laguna primero” es un remedo del eslogan que para la media docena de campañas publicitarias actualmente en circulación está empleando el Gobierno de Canarias estos meses previos a las elecciones autonómicas y municipales: Primero Canarias, muy similar al de la extrema derecha española, al que empleó Janir Bolsonaro en su reciente triunfo electoral en Brasil y al que en su día catapultó a Donald Trump.
Díaz ha explicado en su comunicado que el Ayuntamiento está a la espera de la firma de un convenio sobre Las Chumberas con el Ministerio de Fomento para no tener que devolver 12 millones de euros al Estado de la primera fase de las obras de reposición de las viviendas de Las Chumberas afectadas por aluminosos. Esa primera fase incluye la demolición de 10 bloques (160 viviendas y 12 locales comerciales) y la construcción de tres nuevos edificios de 64, 54 y 79 viviendas, con sus locales comerciales y plazas de garaje. Sin embargo, el concurso para esa primera fase de reposición de viviendas quedó desierto el pasado mes de agosto al presentarse una sola empresa que licitó por encima de los 15 millones presupuestados. En su comunicado de este sábado, el alcalde Díaz ya habla de 25, de los que 12,6 deberá aportar el Gobierno de España, 8,8 el de Canarias, 2,5 el Cabildo de Tenerife, y tan solo 1,2 el Ayuntamiento de La Laguna.
El alcalde ha dicho en su comunicado que su estrategia obtuvo resultados positivos: “El ministro se ha hecho cargo de nuestras necesidades y lo tratará con el secretario de Estado, entendiendo la urgencia de las medidas y las fechas, ya que el convenio expira el 31 de diciembre”.