La Ley del Suelo de Canarias que promueve el Gobierno presidido por el nacionalista Fernando Clavijo contradice, en los términos en los que está planteada, los principios de sostenibilidad territorial por los que Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993. Así lo han dictaminado cinco de los seis miembros que componen el gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de la isla. Este órgano consultivo ha remitido al Cabildo un informe muy crítico que propone que se subsanen las deficiencias de la nueva norma durante su tramitación parlamentaria, la fase en la que se encuentra en la actualidad.
Los firmantes del dictamen son Antonio González Viéitez, exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias; José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo; José Manuel Naredo, investigador y consultor en temas ecológicos y económicos; Emma Perez-Chacón, doctora en Geografía y Ordenación del Territorio, y Lázaro Sánchez, exdirector y actual conservador del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. No rubrica el informe, en cambio, José Luis Rivero, expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias.
El escrito responde a una petición del pleno celebrado en el Cabildo de Lanzarote el pasado 13 de julio para obtener “una opinión experta” sobre la norma que regulará la ordenación del territorio en el Archipiélago. El presidente de la institución insular, Pedro San Ginés, del mismo partido que el jefe del Ejecutivo regional (Coalición Canaria), ya ha remitido el escrito al Consejo de la Reserva de la Biosfera junto a una carta en la que no otorga la categoría de “informe” al documento registrado este miércoles.
En el dictamen, de 20 páginas, los asesores recuerdan que Lanzarote obtuvo el reconocimiento de la Unesco tras comprometerse a conciliar su desarrollo turístico con la conservación del patrimonio natural. Para el gabinete científico, la Ley del Suelo “dificulta la visión global” que requiere la aplicación de los principios de sostenibilidad que deben regir la ordenación de un territorio declarado Reserva de la Biosfera y devuelve a Lanzarote a “los años setenta”, a la época “del desarrollismo”, modificando “de forma radical” la trayectoria iniciada en los noventa. El Cabildo pierde con este proyecto, por tanto, “su capacidad para planificar Lanzarote en su conjunto” y contener el consumo de suelo.
Son varias las amenazas que se ciernen sobre el territorio insular, a juicio de los firmantes del dictamen. Por un lado, la inseguridad jurídica que provoca la derogación de las denominadas Directrices Generales de Ordenación y, con ellas, de las garantías en la aplicación de los criterios de sostenibilidad, que colisionan con el abanico de posibilidades que otorga la nueva norma para el impulso de actividades “más lucrativas”, incluso en suelo rústico y con una simple licencia municipal, a través de los usos complementarios. “Se prioriza el interés económico sobre lo ambiental y lo social”, aseveran. Como ejemplo, señalan que en una finca de 28 hectáreas se podrá construir un hotel de 400 camas.
También cuestionan los “numerosos tipos de proyectos y procedimientos” que propician actuaciones territoriales excepcionales. Con nuevas figuras como las del interés autonómico o insular, “conceptos jurídicos indeterminados”, podrán realizarse actuaciones públicas o privadas “en cualquier clase de suelo”, advierte el gabinete científico, a quien preocupa la “discrecionalidad y la velocidad en la tramitación” de este tipo de proyectos que “ponen en riesgo cualquier intento de planificación integrada” en la isla. La Ley del Suelo otorga además a las ordenanzas provisionales insulares y municipales la capacidad de modificar el planeamiento urbanístico.
Entre las amenazas “más significativas” de la nueva norma, el gabinete científico cita el “riesgo de expulsión de quienes realmente viven de la actividad agraria”. Los asesores vuelven a incidir en la proliferación de procedimientos excepcionales y en la “considerable ampliación” de los usos permitidos en suelo rústico, dos circunstancias que, en su opinión, aumentan las expectativas de implantación en estos terrenos de actividades “especialmente lucrativas”, en particular en los espacios rurales dotados de mayor accesibilidad. Esto, a su vez, “incrementará el precio del suelo agrario”, que ya es el más elevado del conjunto del Estado, con 66.571 euros por hectárea, más de seis veces superior a la media.
La residencialización de competencias urbanísticas en los ayuntamientos plantea, según los firmantes, otro riesgo: el de colapso de las administraciones locales. “La mayor parte carece de medios materiales y humanos para desarrollarlas”, advierte el gabinete científico, que remarca que los redactores del anteproyecto de la Ley del Suelo no evaluaron los costes que esta modificación en el modelo de planificación territorial suponía para los ayuntamientos.
Por otra parte, el proyecto abanderado por Fernando Clavijo omite referencias a las sanciones por alteraciones del paisaje o por la destrucción de flora y fauna, así como de las circunstancias agravantes de prevalerse de un cargo público o de la persistencia en las infracciones, según denuncia el gabinete científico. Además, las multas por la construcción de edificaciones ilegales se reducen a “importes mínimos”, con los mismos valores que los fijados en 1999, y se desligan del precio de las obras ejecutadas.
Cambio climático
Al gabinete científico le sorprende que la Ley del Suelo sólo haga una “somera mención” al cambio climático y que no prevea medidas para incidir en sus causas ni para minimizar sus efectos, ya que puede ser “especialmente negativo” para el futuro de la Reserva de la Biosfera.
Evaluaciones ambientales
También rechaza que las evaluaciones ambientales sobre los planes de ordenación recaigan en los cabildos y en los ayuntamientos, puesto que los convierte en “juez y parte”. Por un lado, elaboran los planeamientos y, por el otro, los valoran. “Resultaría más adecuado que sea un órgano colegiado de competencia autónomica quien realice los dictámenes”, apuntan.
Compensar por conservar
Los asesores del Consejo de la Reserva de la Biosfera consideran que el fondo insular de compensación de la conservación es coherente con los criterios de sostenibilidad que propugnan. Sin embargo, precisan que la contraprestación que se le exige a los propietarios de los terrenos no está bien definida en el texto, más allá de una referencia genérica a las “mejoras” implementadas en suelo rústico, y supone “retribuir un deber”.