Siria, Grecia, los retos de la socialdemocracia en Europa, la propuesta de reforma federalista del PSOE en España de cara a las próximas elecciones generales. Entrevista en profundidad sobre los principales temas de actualidad en Europa y España al exministro de Justicia y europarlamentario socialista Juan Fernando López Aguilar.
En su comparecencia ante la Eurocámara la semana pasada, el premier francés, François Hollande, advirtió que el conflicto sirio podría acabar en una “guerra total”. ¿Comparte esa visión? ¿Cuál es la responsabilidad de Europa?
Por supuesto que comparto la preocupación y la he expresado en voz alta como muchos en el Parlamento Europeo, pero la Unión Europea no puede resolver por sí sola el conflicto en Siria. No lo puede resolver en origen. Pero tiene una responsabilidad moral ante las fronteras artificiales de esa zona que se acordaron después de la Primera Guerra Mundial por pactos de descolonización y desmantelamiento del Imperio Otomano, particularmente por Francia y Reino Unido, el famoso acuerdo Sykes-Picot. Esas fronteras artificiales edificaron estructuras estatales sobre lo que era una amplia franja de desierto poblada por facciones tribales, nómadas, con identidades múltiples y esencialmente alienadas entorno a identidades religiosas, la chií y la suní. El conflicto es esencialmente intra-suní.
Sin embargo, sigue sin haber una estrategia europea común en materia de geopolítica.
El conflicto pone de manifiesto el fracaso estratégico de la Unión Europea al no estar a la altura de lo que prometió que sería el tratado de Lisboa: una potencia globalmente relevante con una emergente política exterior y de seguridad común que brilla ahora por su ausencia. Que ni siquiera es incipiente, sino inexistente. Que es incapaz de erigirse ni siquiera en un promotor serio del diálogo. Que vivió una crisis de mala consciencia cuando la “primavera árabe”, pensando que se había dejado llevar durante demasiado tiempo por la realpolitik, apoyando sátrapas y dictadores; y cayó en la ingenuidad de pensar que la rebelión en contra de esos sátrapas y dictadores traería pluralismo democrático, lo que está muy lejos de ser verdad. Después del baño de realidad que supone la guerra civil, no sólo en Siria, desde luego la más sangrienta es la de Siria que dura más de cuatro años y que se ha llevado por delante a más de medio millón de personas, pero sobre todo que ha producido cerca de diez millones de desplazamientos, de los cuales dos millones están en Turquía, un millón doscientos mil en Líbano, setecientos mil en Jordania y sólo cerca de ciento treinta mil tocan a las puertas de la Unión Europea. Ahora se decide rebobinar y barajar la opción de volver a apoyar a Bashar al-Asad pensando que, como brutalmente decía el realismo político estadounidense: “tal vez sea un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”.
De modo que la situación es ciertamente trágica, especialmente para los seres humanos que la sufren. Todos esos millones de desplazados no tocan a las puertas de la Unión Europea por divertimento, lo hacen por desesperación. Resulta patético que a estas altura no exista ni siquiera una estrategia sobre cómo promover diálogo, qué hacer con Bashar al-Asad, qué exigirle a cambio ayudar militarmente a combatir al Estado Islámico. Tampoco siquiera cómo interactuar con Rusia que está, so-pretexto de combatir terroristas, apoyando directamente a Bashar al-Asad y aniquilando a sus rebeldes. No es la única tragedia en la región, pero en estos momentos es la más exasperante.
Parece todo parte de un fallo multisistémico en Europa, que viene manifestándose desde el estallido de la crisis financiera en 2008.
Sin duda, es verdad y es el barómetro de todas las crisis, que se han sumado a lo que llamamos “la crisis de la Gran Recesión” que viene existiendo desde hace años y que percibí desde la legislatura anterior que no es una crisis del euro ni de la gobernanza financiera de la Unión Europea, sino una crisis de valores y de principios fundacionales de la Unión Europea, de confianza mutua y, en definitiva, de identidad y de proyecto compartido. Es una regresión severísima con respecto de lo que la Unión Europea dijo que sería y nos prometió que sería.
El aspecto más revelador es el resurgir agresivo y efusivo de los nacionalismos y de los intereses nacionales.
Como se hace evidente en el caso de la crisis de los refugiados sirios a tenor de la conducta de cada Estado miembro.
La falta de solidaridad no es sólo el incumplimiento de un deber ético o de conducta recíproco, sino un de un mandato jurídico vinculante y relevante en el tratado de Lisboa, de su artículo 80, que ordena en todo lo relativo a la gestión de las fronteras exteriores de la UE, en todo lo relativo a la gestión de la libre circulación de personas. Y sin embargo, aunque que en la legislatura anterior actualizamos el acervo Schengen y el paquete de asilo, los incumplimientos son clamorosos. La Comisión da manotazos de ahogado en el naufragio de las ambiciones proclamadas por la Unión Europea en el tratado de Lisboa y anuncia diecinueve expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación de asilo en vigor, lo que pone de manifiesto que los estados miembro no sólo incumplen el Derecho Internacional humanitario, sino que también están incumpliendo el propio derecho europeo que les vincula como socios de un club regido por reglas de derecho. La situación por tanto es muy seria y no es cierto que sea un fracaso general de las instituciones europeas.
En el Parlamento Europeo hay una mayoría clara, incluso con una aritmética parlamentaria escorada a la derecha, que urge a la Comisión Europea que haga su trabajo y que haga cumplir el derecho europeo. La institución que en estos momentos arrastra los pies y retrasa el conjunto de la Unión Europea hacia una posición regresiva sumamente decepcionante para los europeos, detrás del espíritu europeo, está el Consejo, el órgano que representa a los gobiernos de los Estados miembros. Son los gobiernos de los Estados miembros en este momento el verdadero problema de la Unión Europea.
Siendo así, ¿cuál es la solución?
Algo fundamental es una comisión que ejerza realmente de guardiana de los tratados que es el papel que le da el derecho europeo. Que haga cumplir el derecho europeo y sea capaz de plantar cara a los estados incumplidores, sobre todo a los más groseros. Hungría es el caso paroxístico, pero no es el único. Hungría está instalada desde hace tiempo en una retórica nacionalista agresiva. En una actitud farruca y faltona contra el resto de las instituciones europeas. Cada vez que Viktor Orbán, primer ministro húngaro, acude al Parlamento Europeo, lo hace para encararse en la falta de respeto a las instituciones europeas y en la reivindicación de un soberanismo húngaro incompatible con el espíritu europeo.
Además de procedimientos de infracción o multas de caballo, hace falta incoar si es preciso el artículo 7 del tratado que plantea, por mayorías muy cualificadas, la suspensión de los derechos de un Estado miembro que incumpla manifiestamente con el derecho europeo. La situación es tan seria como eso. Y desde luego no afecta sólo a Hungría. Y ni siquiera a otros países de reciente adhesión de la antigua órbita de la Europa del Este, sino también a los mismos socios veteranos de la Unión Europea que están incumpliendo clamorosamente el derecho europeo.
En el caso de la crisis del euro en el marco de los acontecimientos en Grecia, el comportamiento de Bruselas tampoco parece haber sido ejemplar.
Estoy de acuerdo y somos muchos los que hemos puesto el grito en el cielo. Yo he escrito un ensayo titulado “El suicido de Europa” en el que reflexiono sobre el caso griego, que relata paralelamente que el tratamiento impuesto a Grecia en ningún momento tuvo como objetivo rescatar ni a Grecia ni a los griegos, sino a los acreedores de la banca griega, que son esencialmente bancos alemanes, asegurar a esa banca alemana. La respiración asistida a las finanzas griegas devengaría en el pago del capital y de los intereses usurarios y leoninos a pesar de que era evidente que con ello se estaban empeorando todas las constantes vitales del paciente. No sólo no mejoraba, sino que empeoraba la posibilidad de pagar la deuda que llega a resulta impagable.
El Gobierno español tomó una postura particularmente inflexible, situándose de lado del núcleo duro de la zona euro.
La postura del Gobierno español me ha parecido especialmente mezquina e irresponsable. El Gobierno del PP, la mayoría absoluta del Partido Popular, ha sido mezquina y reprochable porque resulta deplorable que quien ha tenido que solicitar un rescate para salvar su banca, que no ha devuelto como prometió sino que ha repercutido en los bolsillos de todos los contribuyentes españoles, adopte actitudes de arrogante acreedor en cuanto intenta ganarse las simpatías de quienes han impuesto esa política de austeridad que ha sido un desastre para la Unión Europea. Intentado ganarse la simpatía de Merkel y de Schäuble, España se puso, de manera servil, de lado de quienes atornillaron a Grecia hasta el extremo y hasta la desesperación.
España también tiene una responsabilidad moral y política por no haber sido capaz de tejer ninguna alianza para corregir una política de austeridad que ha hecho muchísimo daño interno en este país, que ha exasperado las desigualdades y que ha hecho que nuestras perspectivas de volver a estar como estábamos antes de la crisis del 2007 sean desplazadas quince años en el tiempo. Lo importante es que quienes han impuesto esas políticas de austeridad no lo han hecho con un razonamiento económico, sino por intereses políticos vinculados a su hegemonía ideológica. Doblegando a Grecia, arrodillando a Grecia, humillando a Grecia y a los griegos, estaban intentando lanzar un mensaje ejemplarizante para que ningún otro país se arriesgase a tener el coraje de salirse del carril. Que ningún otro pueblo de los estados miembros de la Unión Europea se le ocurriere votar gobiernos rebeldes o díscolos que pudiesen objetar de conciencia a las recetas suicidas que tanto daño han hecho. Este es el aspecto más abyecto de lo que ha sucedido. Vengo insistiendo desde el primer día en que nada de lo que ha pasado ha sido ni por error de cálculo, ni bienintencionado, ni por accidente mucho menos, sino como consecuencia de una política que ha intentado ajustarle las cuentas al modelo social europeo.
El impacto ha sido para todas las formaciones políticas, pero la socialdemocracia ha salido muy mal parada.
Sin duda, la más perjudicada ha sido la socialdemocracia europea porque lo que se ha intentado es imponer la ideología pura acuñada por Thatcher a finales de los años ochenta, que se ha hecho hegemónica.
¿En qué estado se encuentra la socialdemocracia? ¿Cuál es el referente?
La socialdemocracia sigue siendo referente, no sólo el ideal, sino la alternativa, pero hace falta el coraje, el cuajo y el liderazgo para traducirlo en decisiones políticas concretas que marquen un sentido no solamente distinto y diferenciado, sino opuesto a lo que hemos padecido. El problema esencial ha consistido en que la muy prolongada y abrumadora hegemonía conservadora arroja como balance una sensación difusa de complicidad de la socialdemocracia con el recetario que tanto daño le ha hecho a sus votantes, a sus bases electorales, a su espacio natural que es el de los trabajadores y el de las clases media empobrecidas. El hecho de que muchos partidos socialdemócratas hayan participado en fórmulas de coalición, a menudo desde posiciones minoritarias y lideradas por primeros ministros conservadores, ha resultado letal para la capacidad de diferenciación de alternativas social democráticas. Y el hecho de que diciéndose de izquierda, desde el socialismo y la socialdemocracia hayan surgido a formaciones que practican discursos antisistémicos o marcadamente populistas, se han complicado las posibilidades de recuperación de la socialdemocracia.
Con antisistema describo a quien pretende, más que ofrecer una solución o una política, darle una patada al tablero como si eso en sí mismo fuera una solución. No lo es. Pretender desmantelar el orden jurídico, incumplirlo manifiestamente, pretender las rupturas o las secesiones unilaterales con respecto a las reglas de juego que nos vinculan a todos no es una alternativa. Por populismo describo a quien no pone frente a un problema una solución, sino algo más efectivo, un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio puede ser, como distintos populismos que campean en Europa, una minoría étnica o religiosa. Los musulmanes, pueden ser los gitanos o pueden ser los judíos, como es el caso de un buen número de países en el norte y en el este de Europa. Pueden ser también, como sucede en la Europa del sur, los partidos llamados “tradicionales”. Incluso la política y los políticos, la “casta”. Es una respuesta simplificada a un problema de extrema complejidad. Es una simpleza que en ningún caso desactiva la enorme complejidad de la situación a la que nos enfrentamos. Y a la vista está que en cuanto esos populistas alcanzan, aunque sea lateralmente, representación o responsabilidades de poder, enseguida sus prácticas no se distinguen de la denostada “casta”, enseguida se dan un baño de realidad que los reduce a la impotencia y pierden fuelle sus perspectivas electorales.
A Jeremy Corbyn en Reino Unido lo llaman populista…
No, al contrario, en Reino Unido el populismo tiene tintes muy marcados de extrema derecha. Nigel Farage es un populista de extrema derecha que cree que el regreso a la soberanía de un Reino Unido, gran potencia imperial y colonial, divorciada de una Unión Europea abocada al fracaso, sería la restauración de la grandeza del Imperio Británico. Es una propuesta anacrónica y absolutamente deleznable. Esa no es la solución. El laborismo de Corbyn, escorado a la izquierda, en absoluto es distinguido como un discurso populista, todo lo contrario. La suya es una denuncia muy seria y argumentada del fracaso de la austeridad.
¿Cuál es su análisis del paisaje político actual en España?
Es indiscutible que estamos en uno de los países que más duramente han padecido los impactos de envergadura sísmica de esta crisis prolongada, de esta “Gran Recesión”. El hundimiento de la economía española ha sido muy severo. Durante estos cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular se ha llegado a la exasperación del empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras. Un despiece absoluto de lo que en España hemos llamado el estado del bienestar, del estado social, que nunca llegó a tener ni la extensión ni la profundidad de otros países de mayor experiencia de políticas públicas de igualdad de oportunidades. De modo que el balance en España es especialmente desastroso y es imposible que eso no tuviese consecuencias en el paisaje político, que la ha tenido. Ha significado el hundimiento de un partido de gobierno que disfrutó de una impresionante mayoría absoluta. Fueron muchos los que compraron la propaganda simplona del PP de que bastaba que ellos, la derecha, regresaran al gobierno para que se obrase el milagro de los panes y los peces. Bastaba que ellos regresasen al gobierno para que los mercados financieros que tanto nos habían alborotado nos perdonasen la vida. Bastaba que ellos regresasen al gobierno para que la prima de riesgo se derrumbase bajo mínimos y la deuda volviera a donde estaba.
Lo cierto es que la prima de riesgo llegó a estar en seiscientos puntos y la deuda está en el cien por cien del PIB con Rajoy. Es imposible que un paisaje así no registre, como primer dato, que un partido pase de la mayoría absoluta al hundimiento, como es el caso sin precedentes del PP. Una hegemonía apabullante no solamente sobre el mapa nacional, sino también sobre el mapa de comunidades autónomas. Nunca un partido tuvo tanto poder como el Partido Popular, derrumbado hoy y en vísperas de salir del Gobierno por la puerta falsa. No se ha visto nada parecido.
También es cierto que todos los demás partidos acusan el golpe. Es cierto que el Partido Socialista, de acuerdo con los indicadores que disponemos, no ha reflotado su situación y que han surgido otros factores que se han llamado durante un tiempo “emergentes” y que ya están emergidos y cuya consistencia exacta está todavía por comprobar en estas elecciones del 20 de diciembre. Veremos qué da de sí. Resulta fácil aventurar que desde el punto de vista de la aritmética van a tener que ensayarse fórmulas que no hemos visto en prácticamente cuarenta años de democracia en España. Pero más importante que eso, es claro que la arquitectura consensual de la convivencia en España, como consecuencia de esta crisis profunda, rechina por todas las costuras. Le hace falta, a mi juicio, una operación reformista, radical y de caballo. De gran envergadura. Para eso hace falta un gobierno capaz de hacerlo y yo confío en que sea un gobierno socialista.
¿En qué se traduce exactamente esa agenda reformista?
El Partido Socialista ha consumido ya largos años, a menos desde la conferencia política de 2011, largos años de reflexión constructiva y propositiva sobre una alternativa para España que pasa en primer lugar por un nuevo modelo de crecimiento económico, con inversiones masivas en Educación, Investigación, Ciencia y Tecnología, abandonadas por completo por el gobierno de Rajoy. En segundo lugar, con una recuperación de los derechos de los trabajadores, una derogación de la salvaje reforma laboral del Partido Popular, que no hizo otra cosa que pauperizar el empleo y hacer que los nuevos empleados se avengan a condiciones de semiesclavitud en jornadas agotadoras, salarios de miseria y sin derechos sociales, sin cobertura por desempleo. Un nuevo modelo de relaciones industriales con una reindustrialización en España, pero sobre todo, una gran operación de reforma política. El Partido Socialista ha liderado el debate sobre la reforma de la Constitución y ha propuesto cómo, en particular en lo relativo a la arquitectura de la convivencia, una reforma federal del estado autonómico.
¿Qué persigue esa reforma federal?
Federar es unir, vamos a ser claros en esto. Federar es unir, no lo contrario. En España hay un pensamiento conservador que está instalado desde los años 30 del pasado siglo en la idea de que federar es centrifugar y segregar. Es lo contrario: federar es pactar la unión. Pero hacerlo desde la Constitución, cosa que no solamente no sucede en este momento, sino que no ha sucedido en los últimos cuarenta años de Constitución en España. Hay que saber que la Constitución española de 1978 no estructura el estado de las autonomías. Ni siquiera lo ordena, sencillamente lo hizo posible. Yo me sé la Constitución de memoria y me asombra todavía a estas alturas comprobar que esto lo sabe muy poca gente: en España muy poca genta sabe que la expresión “estado de las autonomías” o el “estado autonómico” no aparece por ningún lado en la Constitución. La Constitución no establece el estado de las autonomías, simplemente estableció los procedimientos por los cuales se podría crear comunidades autónomas, sin decir cuántas ni con qué competencias, y una serie de artículos competenciales por los cuales en el curso de las reformas que tuvieran lugar cada cinco años determinadas competencias estatales podían ser vaciadas en favor de las comunidades autónomas, pero en la Constitución no hay ninguna ordenación territorial del estado. Ya va siendo hora, cuarenta años después, de que seamos capaces, con madurez, dar cuenta de quiénes somos y cómo somos: una España muy diversa donde hay identidades, incluso identidades nacionales, distinguidas, diferenciadas y singulares. Y no tengo ninguna duda de que Cataluña es una.
El problema catalán empeora con el paso del tiempo. ¿Realmente considera que la respuesta para resolverlo es dejar paso a un Estado federal?
No hacer nada no es una opción. Ese inmovilismo es el que ha practicado hasta extenuarnos a todos el Partido Popular y su mayoría absoluta. Esa no es una respuesta. El único que ofrece una reforma es el Partido Socialista: un federalismo que sea capaz de acomodar la diferencia, como hacen muchos federalismos. Es completamente falso que el federalismo no acomode las diferencias, ¿o es que alguien piensa que Rhode Island es lo mismo que Texas? ¿Alguien piensa que Baviera es lo mismo que Bremen? Claro que no. Del mismo modo, Cataluña no es lo mismo que Melilla en términos de identidad y vocación de autogobierno. Y eso conviene decirlo en la Constitución.
¿Cuál es el modelo de federación que se propone? ¿Hablamos de emular el de algún otro sistema como el americano, por ejemplo?
Esta es una pregunta que admite muchas falsas respuestas, pero la única correcta es que no existen dos federalismos idénticos porque no existe un canon federal sino experiencias federales. El federalismo americano no es idéntico al suizo, ni el alemán idéntico al austríaco, ni el australiano idéntico al canadiense. El modelo federal de España no tiene por qué decidirse eligiendo a uno u a otro, o decir “el nuestro como el alemán”. No, el nuestro será el español: el que acomode las exigencias de autogobierno e identidades nacionales dentro de una España plural. Eso sí, dentro de una única nación española que sea entidad soberana, depositaria de la soberanía del pueblo español. Esto es perfectamente compatible.
Para eso es imprescindible un consenso tan amplio como difícil de imaginar en estos tiempos…
Es cierto. La dificultad esencial está en el Partido Popular y lo he escuchado varias veces. Cuento como experiencia personal que es la dificultad cuando uno va a Cataluña, habla con los catalanes y hace campaña en Cataluña. Porque cada vez que uno esgrime la posición socialista de reforma federal del Estado la respuesta es muy fácil: ¿cómo la vas a hacer si el PP se niega completamente a mover una sola coma de la Constitución? La única respuesta política es: derrotando como nunca al Partido Popular. Es la única forma de que el Partido Popular salga de donde está, del inmovilismo suicida que está practicando, perjudicial para él y para toda España. Porque lo cierto es que llenándose la boca de España, el Partido Popular ha perjudicado enormemente la capacidad integradora de la unidad constitucional de España y la capacidad integradora de la propia Constitución. Llenándose la boca de Constitución sin habérsela leído, y sin practicar sus valores, el Partido Popular ha perjudicado enormemente la capacidad de la Constitución. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional.
No creo que quepa duda, de cómo ha perjudicado al Tribunal Constitucional el asalto planeado y ejecutado casi militarmente por el Partido Popular. Porque sin Tribunal Constitucional no hay Constitución y el Partido Popular, paso tras paso, ha ido perjudicando el crédito y el prestigio del Tribunal Constitucional hasta hacerlo prácticamente inoperante. Es terrible.
La única respuesta para que el Partido Popular se avenga a ser parte de una operación de reforma de la Constitución es derrotar severamente al Partido Popular. Y en eso estamos.
Volviendo al punto que mencionaba sobre las fórmulas de coalición que han resultado perniciosas para la socialdemocracia en Europa, ¿no lo es el pacto entre su partido y Coalición Canaria?
La aritmética parlamentaria debe ser combatida, a mi juicio, a vida o muerte antes de las elecciones. Después de las elecciones, los ciudadanos exigen que las fuerzas políticas sean capaces de conversar y entenderse. Lamento que Coalición Canaria retenga la presidencia del Gobierno desde hace tres legislaturas sin ganar las elecciones. Combato ese fraude democrático que a mí me parece, y estoy convencido de que como a mí a miles y miles de canarios, insoportable. Lamento que el sistema electoral canario, el más injusto y desigualitario de todas las comunidades autonómicas, haya hecho posible que quien no gana las elecciones pueda hacerse con la presidencia del Gobierno como hizo Paulino Rivero por dos legislaturas consecutivas. Pero todavía mucho más: que haya obtenido más escaños Coalición Canaria con menos votos que el Partido Socialista. A pesar de haber descendido en votos las tres fuerzas que tradicionalmente se repartían el parlamento de Canarias, Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, el primero en esta ocasión vuelve a ser el Partido Socialista y recibe menos escaños. A partir de ahí, corresponde a las direcciones de los partidos establecer las coordenadas de un acuerdo de gobierno. Ese acuerdo siempre será legítimo si cada uno es capaz de preservar su identidad. En esta legislatura esa fórmula está arrancando y yo espero que el Partido Socialista, como lo intentó en la anterior legislatura, con las consejerías a su cargo marque la diferencia de compromiso con el sostenimiento en circunstancias muy difíciles del estado social que la España de las autonomías ha encomendado a las comunidades autónomas.
No me parece mal, nunca he objetado de conciencia un gobierno de coalición. Lo que pido es que, especialmente en coalición, el Partido Socialista preserve su propia identidad.
De la última encuesta del CIS se pueden sacar algunas conclusiones contundentes: que la mayoría de los canarios no palpan la recuperación, que sus preocupaciones siguen siendo, en este orden, el desempleo, la Educación y la Sanidad, que al final, la mayoría de los canarios no creen que una fórmula de gobierno distinta al anterior hubiese supuesto cambio alguno… Ahora vemos cómo el debate político va sobre otros derroteros, sobre qué isla obtiene más recursos para sus carreteras...
No hay comunidad autónoma en la que el sistema electoral haya producido mayor perjuicio al crédito del autogobierno y por tanto haya contribuido más a la deslegitimización de la experiencia autonómica que Canarias. El sistema electoral canario no solamente fragmente el paisaje político, sino que perjudica el crédito de la política y ha deteriorado, como en ninguna otra comunidad autónoma, la confianza del elector a la hora de votar de que con su voto contribuye a la formación de gobierno o por lo menos a deshacerse del gobierno que no le gusta. Yo lo vengo denunciando desde siempre, no improviso en esto. No hay reforma del Estatuto que se justifique si no comprende una reforma del sistema electoral. Y la reforma del sistema electoral, por sí sola, justifica la reforma del estatuto de autonomía. Estoy convencido de esto.
Es verdad que, de acuerdo con esta lógica, un sistema electoral que prima el insularismo sobre el espacio regional y sobrepondera la representación de la insularidad con respecto a la poblacional, y con respecto a los planteamientos ideológicos de poderes no políticos en Canarias, ese sistema electoral acondiciona también un comportamiento político. Retroalimenta el insularismo. Porque las fuerzas políticas se legitiman en la medida en que rinden beneficios aparentes a las islas de referencia en todas las islas, pero en algunas más que en otras. Usted ha mencionado un caso extremo. En Tenerife hay un insularismo recalcitrante, insolidario con el resto de las islas. Alimentado además por una prensa que se ha distinguido de forma miserable por estimular ese bajo instinto, esa tripa de la peor política. Luego, al final, lo que tenemos es esto, que todo debe ser cambiado por una fuerza consciente y con liderazgo que es lo que es esperado y demandado del Partido Socialista.
Pero los canarios como pueblo no comparten esa víscera, ni la alimentan, ni les interesa.
Hay organizaciones empresariales instaladas en esa lógica. Hay medios de comunicación que están instalados en esa lógica y por tanto imponen también un lenguaje a los políticos, a los que se dejan subordinar a esa lógica. Que no ha sido mi caso precisamente.