Domingo González Arroyo, ex alcalde de La Oliva y conocido como el marqués de las Dunas de Corralejo, tendrá que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. Una jueza de Puerto del Rosario ha encontrado indicios de delito en su actuación como primera autoridad municipal en el año 1999, cuando en compañía del secretario municipal de la Corporación y cinco concejales autorizó en un pleno la venta en pública subasta de unos terrenos que habían sido donados al consistorio con la condición inexcusable de que se destinaran a necesidades sociales de los vecinos. En lugar de hacerlo así, el grupo de gobierno segregó una parte, la sacó a subasta y se la adjudicó a La Caixa, que aprovechó para cobrarse con ese suelo una deuda que le tenía trabada la institución municipal.
Una empresa, Paclasa, S.A., había donado en enero de 1982 al municipio de La Oliva unos terrenos con el fin de que se destinaran a los vecinos, pero en agosto de 1999, el alcalde, el secretario municipal y cinco concejales acordaron en pleno segregar 175.000 metros cuadrados de esos terrenos para venderlos en subasta pública.
En el mismo pleno, los imputados acordaron destinar el importe de esa venta a liquidar una deuda que el Ayuntamiento mantenía con La Caixa, “concertándose previamente el Ayuntamiento con la citada entidad financiera para que la misma pujara en la subasta, y si no hubiera más postores, como de hecho ocurrió, se adjudicara los bienes compensándole el importe de la puja con el de la deuda”, según ha concluido la jueza instructora, Amagoia Serrano en su auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado.
La juez observa indicios de la comisión de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), pero archiva el de delito contra la Hacienda Pública que también investigó por considerar que la cantidad defraudada al fisco no alcanzaba los 120.000 euros que la ley fija como mínimo.
Los terrenos se subastaron finalmente por 250 millones de pesetas y se los adjudicó La Caixa para enjugar parte de la deuda que mantenía el Ayuntamiento con la entidad, de más de 594 millones de pesetas. Un mes antes de la subasta La Caixa era conocedora de la operación porque envió al Ayuntamiento una carta en la que resaltaba la condición suspensiva que pesaba sobre los terrenos a subastar. Para resolverlo, la institución segregó y creó una nueva finca en cuya inscripción registral no hizo constar tales trabas.
Por esta operación, la juez también ha imputado al director regional de La Caixa, Andrés Orozco. Las partes personadas ?Asociación de Vecinos Las Clavellinas, la Asociación Ecologista y Cultural Agonane y Difusión Comercial e Inmobiliaria- tienen diez días para formular escrito de acusación y de apertura de juicio oral.