Alrededor de mil personas se dieron cita la tarde de este martes en el parque de San Telmo, de Las Palmas de Gran Canaria, para desplegar una bandera gigante de la República Española y protestar contra lo que consideran “provocaciones y amenazas del fascismo”. El lugar escogido, como cada 18 de julio, se encuentra frente al palacio militar de la capital occidental de Canarias, el Gobierno Militar de Las Palmas, del que salió Francisco Franco en 1936 para perpetrar el golpe de Estado.
Noemí Santana, cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Antonio Mata y Carmelo Suárez, del Partido Comunista de los Pueblos de España, fueron los únicos candidatos presentes en el acto, aunque no tuvieron en él más protagonismo que el de su presencia. Sí intervino el historiador Agustín Millares, que glosó la historia vivida en ese enclave en el 36 y recordó cómo fue el proceso de transformación de la dictadura en la transición española y luego el proceso democrático, con la conversión de un nutrido grupo de ministros franquistas en demócratas a través de Alianza Popular, el germen de lo que hoy es el Partido Popular.
Los manifestantes fueron convocados por un grupo de personas de izquierdas que promovieron en los días previos un manifiesto durísimo contra la involución que sufre Europa, contra el “tsunamo ultraderechista que agita las costas europeas”.
En ese manifiesto se puede leer que “los cordones democráticos, sacrosantos e indiscutibles hace tan solo unos años, están cayendo como un castillo de naipes. Y los discursos, los pactos o la presencia de formaciones ultra están viviendo una época de normalización y blanqueamiento en Europa. El ascenso de la extrema derecha cimentado en un discurso del odio a las personas refugiadas, los homosexuales y a los retrocesos en políticas de igualdad y climáticas supone una de las mayores amenazas para la democracia”.
Ante las elecciones del 23 de julio, el manifiesto alerta de que puede darse “la conquista del Gobierno por el bloque de la derecha extrema y la extrema derecha, convirtiéndose así en el laboratorio sobre pactos de la derecha ultra en las elecciones europeas del próximo año”. En concreto, los firmantes recuerdan que “el PP y Vox ya han anunciado que en caso de gobernar, derogarían todo lo avanzado en materia de Memoria Democrática, anulando con ello su recuperación, salvaguarda y difusión, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea. Negarían asimismo el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista, así como la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Anularían incluso el repudio y condena al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, que hoy ya ha sido declarada ilegal”.
Y recuerdan por qué la concentración se convoca cada año en ese lugar: “La designación de Franco como Capitán General de Canarias confirió al Archipiélago la condición de llave para la sublevación militar. En sus cuatro meses de mando, desde la Capitanía Militar de Tenerife el general genocida va fraguando el plan de los rebeldes, que da su definitivo paso al amanecer de aquel 18 de julio de 1936 desde el Gobierno Militar de Las Palmas: El bando fascista declaraba el estado de guerra a la legalidad democrática republicana. En Las Palmas de Gran Canaria, el mismo 18 de julio fueron registrados y saqueados los talleres de las dos logias masónicas y se hacía a la mar el guardacostas Arcila, que se encontraba destacado en el puerto, para patrullar la costa norte de la isla, donde existían focos de resistencia. El fuego de sus cañones y las operaciones coordinadas de fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil acabaron con la resistencia de los defensores de la legalidad republicana en Arucas, Guía, Gáldar y Agaete”.
Y recuerdan que, pese al tiempo transcurrido, algunas cosas siguen igual: “La no derogación de la ley de Amnistía de 1977, ley de punto final, preconstitucional, ha hecho posible que se perpetuaran en los principales órganos del Estado democrático los herederos biológicos e ideológicos del franquismo. El aparato judicial sigue en esas mismas manos así como el policial. El Ejército y la Guardia Civil mantienen con gran celo su memoria franquista y sus archivos son inaccesibles en su mayor parte. Han venido consiguiendo que aún aquí no haya plena normalidad democrática. La derecha extrema vuelve a atacar. Y ello exige la respuesta inmediata y contundente de quienes defendemos la libertad y democracia plenas”.