Águeda Montelongo, diputada del PP y miembro de la Mesa del Parlamento canario, ha sido imputada por un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación en el caso Patronato, que investiga presuntos pagos de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público del Cabildo de Fuerteventura, entre ellos al actual secretario de Estado de la Seguridad Social del Gobierno de España, Tomás Burgos.
La investigación se abrió hace casi tres años en el Juzgado de Instrucción número 4 de Puerto del Rosario tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por Guillermo Concepción, exvicepresidente del Cabildo majorero en el mismo periodo de gobierno de Coalición Canaria y PP entre 2007 y 2011, y de las mismas filas políticas que la diputada regional del PP.
El aforamiento de Montelongo ha llevado el caso a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde este jueves han prestado declaración ante el magistrado Fernando de Lorenzo el exgerente del Patronato de Turismo José Luis Cabrera Bonny, que fue destituido por Mario Cabrera (CC) un mes después de conocerse los hechos, y Santiago Santana, uno de los asesores de Montelongo en la época en la que la actual diputada era vicepresidenta y consejera de Turismo del Cabildo, que también fue cesado.
Santana, que en su momento asumió la responsabilidad del caso y admitió en un correo electrónico que en ese proceso pudo “haber cometido errores” al realizar reservas en nombre del partido, ha negado este jueves a Canarias Ahora antes de prestar declaración ante el juez lo afirmado entonces, y mucho menos que fuera él quien enviara el correo electrónico, precisando que “siempre acató órdenes de sus superiores”. Con esa misma intención entraba al despacho del magistrado en el Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín en Las Palmas de Gran Canaria, este jueves en torno a las 13:00 horas, “para decir la verdad, que yo solo era un mandado”.
Este primer día de señalamientos para la declaración de los imputados han acudido al Palacio de Justicia de San Agustín los abogados de los dos excargos del Patronato, y también el de Águeda Montelongo, José Aníbal García Álvarez, que defiende en el juicio del caso Grupo Europa al diputado regional del PP Jorge Rodríguez, acusado de tráfico de influencias en Telde.
A la primera declaración del exgerente solo asistieron su abogado y el de Águeda Montelongo, quedándose fuera del despacho el letrado de Santiago Santana. Todos los letrados e imputados, sin embargo, comentaron brevemente aspectos de la instrucción, fuera del Palacio de Justicia, antes de iniciar su declaración el exadministrativo de Turismo al que sus superiores del PP le cargaron el muerto de la facturas falsas. De momento, no hay fecha fijada para la declaración ante el instructor y el ministerio fiscal de la diputada conservadora.
La teoría del error
El caso Patronato destapado por este periódico en mayo de 2011 implicó a los cargos nacionales del PP Tomás Burgos Gallego, entonces senador, y Ramón Moreno Bustos, diputado, quienes, después de acudir a la isla a dar una charla del partido sobre pensiones a mayores en la Universidad Popular, se hospedaron el fin de semana del 10 al 13 de abril de 2010 en el hotel Sheraton. Sin embargo, a la hora de emitir sus facturas por valor de 346,50 euros a nombre del Patronato de Turismo, sus identidades fueron trucadas por la de dos supuestas periodistas de la inexistente revista alemana Berlín ZDF, aunque en realidad los nombres falsos respondían a los de una actriz de culebrones y una manager musical, como desveló Canarias Ahora.
En cuanto al senador castellano-manchego Tomás Burgos Beteta, sus vacaciones de Semana Santa de aquel 2010 fueron pagadas por el Patronato, que se hizo cargo de las facturas giradas por el hotel Faro de Jandía, por su estancia, junto a su esposa, entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril. El coste de la estancia fue de 560 euros y en todo el proceso de tramitación de facturas, menos en la primera de todas, se ocultó su nombre. En esta ocasión el gasto público también se realizó después de acudir a la isla a un acto del partido.
La tercera tanda de facturas camufladas por la cúpula del PP de Fuerteventura cuando dirigía Turismo fue por el alquiler de un coche para el diputado autonómico y entonces secretario general del PP canario Manuel Fernández. Fueron 92,82 euros de un Opel Astra gris utilizado por el político durante un fin de semana, del 26 al 29 de noviembre de 2009, en el que se celebró el Congreso insular del partido, pero ese gasto fue falsificado como si fuera el de un periodista de touroperador danés, entre el 24 y el 27 de enero de 2010.
La repercusión del escándalo motivó que el actual ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, explicara que todo se debía a un error. Fuentes de las defensas de los imputados han asegurado a este periódico que todo el dinero cargado al Patronato ha sido devuelto por los beneficiarios de esos alojamientos turísticos, sin que tal extremo haya sido confirmado aún por el Cabildo de Fuerteventura.