Por unanimidad, aunque no exenta de tensiones e increpaciones entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, el Parlamento ha dado vía libre tramitar la ley para una muerte digna que han presentado los socios del pacto de Gobierno.
Una unanimidad con una advertencia: el PP está de acuerdo en regular los “cuidados paliativos”, pero estará vigilante para evitar “veleidades eutanásicas” por parte de los “progres” socialistas y de Nueva Canarias (NC).
Una susceptibilidad que quiso atajar el portavoz de Sanidad socialista, Jesús Morera, al asegurar que la presentada es “una ley valiente y necesaria que garantiza una atención más humana”.
“En un Estado de Derecho, morir bien no puede seguir dependiendo de las creencias del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos”, insistió durante su defensa del texto.
Un texto cuya tramitación se inicia ahora en la Cámara regional y que “abre la puerta a que el paciente diga en qué momento deben pararse las actuaciones terapéuticas y pasar al cuidado paliativo.
En parecidos términos se expresó el nacionalista José Luis Perestelo, al asegurar que la propuesta del Pacto no contempla la regulación de la eutanasia, ya que la sedación paliativa no busca deliberadamente la muerte “y sí aliviar el sufrimiento en el momento final de la vida”.
El espíritu del texto propuesto por CC y PSC también fue defendido por la diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández, para quien aseguró que “el derecho a una vida digna alcanza hasta su culminación, también con una muerte digna”.
Plagio innecesario
Pese al apoyo del Grupo Popular, su portavoz en el área sanitaria, Mercedes Roldós, denunció que el texto “es un plagio” del existente en otras comunidades autónomas y que es innecesario porque ya hay instrumentos jurídicos, profesionales y éticos que garantizan los cuidados paliativos, “que no la eutanasia que defienden los progres en el Congreso”.
Al respecto, el socialista Morera aclaró que una cosa es la eutanasia y otra “evitar la obstinación terapéutica”, pues el texto abre la puerta a que los pacientes, sus familiares y los profesionales sanitarios “decidan el momento en que se deben parar las acciones con intento terapéutico y emprender el cuidado paliativo hasta sus extremos”.
El texto, que ahora será enmendado por los distintos grupos parlamentarios, garantiza que los pacientes tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de alta calidad y los profesionales a tener una seguridad jurídica que evite su inhibición en la toma de decisiones.