Nueva Canarias (NC) ha presentado un voto particular al dictamen de la proposición de ley turística para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que autoriza 33 hoteles - seis anulados por el Tribunal Supremo - y cinco campos de golf - todos también anulados -, además de diez artículos de la futura ley del suelo del Gobierno de CC y PSOE en tramitación.
El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, señala en un comunicado que con esta iniciativa “defiende la proposición de ley original” presentada en el Parlamento, por el Cabildo de La Palma, “desvirtuada totalmente” con posterioridad con unas enmiendas de CC y PSOE que “tienen visos de inconstitucionalidad”.
Tras aprobar la comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el pasado lunes, el dictamen a la Proposición de Ley del Cabildo de La Palma para la Modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; NC ha presentado un voto particular en el que deja constancia de los motivos por los que rechaza el citado dictamen.
El partido explica que con este voto particular, que será defendido en el pleno de votación final de la iniciativa legislativa del próximo mes de septiembre, Román Rodríguez volverá a exponer que “estamos de acuerdo con el texto inicial” presentado por el Cabildo palmero en el pleno del Parlamento.
Al respecto, señala que el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana “vino a pedir el apoyo de la Cámara y le dijimos que sí al apoyar la toma en consideración de su proposición de ley pero en ningún caso estamos de acuerdo con unas enmiendas posteriores que nada tiene que ver con la propuesta del Cabildo.”
En el referido voto, el grupo nacionalista de izquierdas detalla todos los procedimientos seguidos, en base al Reglamento de la Cámara y a la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, para “tratar de informar sobre la legalidad” de las enmiendas de CC y PSOE que alteran la citada proposición de ley. Procedimientos dirigidos a los órganos de gobierno de la comisión y del Parlamento que “han sido rechazados o ignorados,” según Román Rodríguez.
Se trata de la solicitud a la Mesa de la Cámara para “acceder” al informe hecho por el letrado sobre la adecuación de las enmiendas a la “debida homogeneidad y conexión” con la iniciativa legislativa que se tramita. Ademas de otra petición a la mesa de la comisión para que propusiera a la Mesa de la Cámara que el Consultivo realizara un dictamen “excepcional” sobre la adecuación constitucional y estatutaria del informe de la ponencia. Así como dos demandas más dirigidas también al órgano de gobierno y, “la más importante”, directamente a la Presidencia del Legislativo, como dispone el artículo 14 de la ley del Consultivo, para que esta última recabe el dictamen del Consultivo denegado por la mesa de la comisión.
Román Rodríguez hizo hincapié, como consta en el voto particular, en las “preocupantes” consecuencias de dos de las nuevas determinaciones incluidas. Una, la disposición adicional primera del dictamen que introduce, con pequeñas modificaciones, según señaló, la figura de los proyectos de interés insular del polémico proyecto de ley del suelo, que “no ha entrado en este Parlamento y sobre el que el Consejo Consultivo aún no se ha pronunciado” en relación a su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Pero “nos parece especialmente grave,” continuó, la redacción de la disposición adicional segunda, con la que se declara por ley como “de interés insular, a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística,” un conjunto nominado de actuaciones territoriales. Se trata de los cinco campos de golf y 33 hoteles, 21 de ellos en suelo rústico. Con el “agravante” de que la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo de 2015, “anula los cinco campos de golf y seis de los 33 hoteles declarados de interés insular.”
En opinión de NC, incluir esta disposición adicional “parece un desafío” a la sentencia del Tribunal Supremo y un “desprecio” a la separación de poderes. Además, insistió el portavoz de NC, tiene visos de inconstitucionalidad al vulnerar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9,3 de la Carta Magna), entre otros. Hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional “anulatorias de leyes que aprobaron proyectos singulares,” advirtió Román Rodríguez.