El expediente del concurso para la provisión de servicios informativos para la Televisión Canaria no deja de arrojar sorpresas. De los folios 839 a 848 se deduce claramente que el presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, erigido en órgano de contratación unipersonal, también engañó a la consejera de Hacienda: le solicitó cobertura presupuestaria para “un periodo de seis años con una posibilidad de prórroga de dos” y finalmente convocó un concurso por ocho años con posibilidad de prórroga de seis meses, todo ello por un precio total de 144 millones de euros.
Santiago Negrín en realidad se dirigió en dos ocasiones por carta a la Consejería de Hacienda. La primera de ellas, fechada el 3 de agosto de 2017, el presidente de RTVC describe el concurso que tiene pensado convocar ante el vencimiento del vigente contrato de prestación de servicios informativos para TVC. Tras justificar la urgencia de esa licitación y una serie de consideraciones jurídicas, reclama del departamento autonómico que contemple “el gasto correspondiente” en “el escenario presupuestario plurianual 2018-2026, y específicamente en el ejercicio presupuestario 2018”.
Sin que conste en el expediente explicación ni petición complementaria alguna, lo cierto es que cuatro días más tarde, el 7 de agosto, Negrín envía una segunda carta a la Consejería de Hacienda “como ampliación a la solicitud presentada el día 3 de agosto” con el fin de aclarar que “el informe de lo que se solicitó trata de un periodo previsto de seis años con posibilidad de prórroga de dos años más”. Y para que no quedara duda del periodo comprendido, en la carta se incluye un esmerado cuadro “en el que se detallan las cantidades en euros que se licitan en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos de la Televisión Pública de Canarias, S.A. para el próximo periodo de seis años con una posibilidad de prórroga de dos”. No quedó ningún resquicio para la duda.
Sin embargo, el presidente de RTVC y administrador único de la empresa Televisión Pública de Canarias, convocó finalmente un concurso por un periodo de dos años, con una prórroga por otro medio año más. ¿A qué vino ese cambio de criterio en la petición de cobertura presupuestaria?
La respuesta está en el mismo expediente administrativo: en la memoria elaborada por el asesor jurídico del ente hasta agosto pasado, Martín Orozco, se especifica claramente que “siempre que se pretenda una duración superior a los seis años -que coincide con el periodo de vigencia de los mandados marco (artículo 4 de la Ley 13/2014)- debería justificarse su necesidad y compatibilidad con el mandato marco” aprobado por el Parlamento. Este requisito no consta en el expediente, lo que imposibilitaría solicitar cobertura presupuestaria por ocho años y medio.
Pero la memoria firmada por el catedrático Orozco, jefe de los servicios jurídicos de RTVC desde su fundación hasta su ruptura de relaciones con el ente como consecuencia de las arbitrariedades de Negrín, dice más cosas. Como, por ejemplo, que la duración del contrato debe quedar supeditada a “la justificación técnica” que “se articularía a través de la emisión del correspondiente informe técnico que fundamente tal necesidad”. Esta exigencia la reitera Orozco en el tramo final de la memoria del concurso de informativos cuando incluye la exigencia de “informe técnico que motive o justifique la duración proyectada del contrato” en una lista ineludible de informes previos a “la aprobación de los pliegos”. Tal informe tampoco existe.
La respuesta que recibe el presidente de RTVC a sus dos cartas a Hacienda es más inquietante aún por el desinterés que se toma en entrar a valorar cualquiera de las consideraciones que se le expone. A pesar de que Negrín remite a ese departamento en sobre cerrado el pliego de cláusulas administrativas, aquel le es devuelto sin abrir para que quede constancia oficial de que Hacienda se desentiende por completo de esa licitación.
Más claro queda aun cuando en su contestación puede leerse lo siguiente: “Este centro directivo le informa de que, a la vista de los escenarios presupuestarios aprobados por el Gobierno de Canarias para el periodo 2018-2020 en la sesión celebrada el 31 de julio de 2017, las cantidades presupuestadas por dicho ente [RTVC] para los ejercicios 2018-2020 tienen cabida dentro de dichos escenarios presupuestarios”.
Esta respuesta viene a significar ni más ni menos que la Consejería de Hacienda, es decir, el Gobierno de Canarias, remite a Negrín a los presupuestos de RTVC que han de ser aprobados por el Consejo Rector, exactamente el órgano que el presidente del ente ha puenteado para convocar de manera unipersonal este polémico concurso.