Ni siquiera al dimitir, Santiago Negrín lo ha hecho pacíficamente. En su carta dirigida a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, el expresidente de Radio Televisión Canaria (RTVC) no ha dejado títere con cabeza: ha disparado contra los partidos políticos por hacer “política partidista”; contra el Parlamento por haber sometido a “una vergüenza” a las dos candidatas al consejo rector de RTVC que no pudieron ser elegidas; contra el consejo rector que presidía por los obstáculos que le puso, y por supuesto, contra la empresa adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria, Videoreport, por haberle asaetado con recursos y acciones ante los tribunales de justicia y por insinuar que servía a intereses de la competencia. Ninguna concesión a la autocrítica, porque el hasta ahora presidente de RTVC se marcha sin haber sido capaz de adjudicar el concurso de informativos y sin convocar y resolver el concurso de transporte de señal, que dejó prorrogado sin la bendición de la interventora general de la Comunidad Autónoma. Además, Negrín deja una televisión bajo mínimos, con sus cotas más bajas de audiencia y de credibilidad, y con los trabajadores más desconcertados que nunca.
Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife parece haber sido la excusa de Santiago Negrín para renunciar. En esa resolución no se toma ninguna medida definitiva, simplemente se acepta el desistimiento de Videoreport a las medidas cautelares de suspensión del concurso del que finalmente ha resultado ganadora. Pero el juez introduce varios pasajes que dejan claro por dónde podría ir su sentencia cuando entre en el fondo del asunto: Santiago Negrín nunca fue competente para pilotar y adjudicar el concurso de informativos de Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años (2018-2026). Un golpe en la línea de flotación de toda la estrategia legal que durante todo este tiempo han venido desplegando Negrín y su equipo jurídico habitual, encabezado por el letrado tinerfeño Carlos Cabrera, que el juez aprecia contrario a la ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de Canarias.
Por si fuera poco el revolcón, el auto del juez Francisco Úbeda Tarajano se entretiene en recordar a las partes (Videoreport y Televisión Pública de Canaria) que Santiago Negrín debió saber desde el principio que el concurso de informativos solo podía ser válido si partía avalado por el consejo rector, sencillamente porque desde el 31 de enero de 2017 tenía en su poder un informe del anterior asesor jurídico del ente, Martín Orozco, que acabó marchándose precisamente porque no le hacían caso en este punto concreto de las competencias del presidente de RTVC. El informe de Martín Orozco aparece mencionado dos veces en el auto, para que no quede ninguna duda de la trascendencia que le otorga su señoría.
Sin embargo, la trayectoria de Negrín en este concurso no invita a pensar que se enteró este 15 de mayo, fecha de este auto del juez Úbeda, de la posible ilegalidad de sus actos. Además del informe de Martín Orozco, dentro de la casa había constantes voces que le alertaban sobre el riesgo de que estuviera actuando en fraude de ley. No solo se lo ha dicho reiteradamente la vocal del consejo rector María Lorenzo, designada por el Parlamento a propuesta del PSOE, sino también la secretaria de ese órgano ejecutivo, Cristina Duce, que lo hizo constar en un acta que Negrín se ha negado a someter a aprobación de los consejeros para evitar darle carta de naturaleza legal y, de ese modo, darse por enterado.
Incluso un primer auto del mismo magistrado, fechado a principios de abril pasado, ya se atisbaban las amenazas de ilegalidad cuando quedó suspendida cautelarmente la primera convocatoria del concurso de informativos -declarada desierta por Negrín por errores formales de los licitadores- precisamente por los mismos motivos alegados ahora con el segundo, negociado sin publicidad.
Por lo tanto, la única novedad sobrevenida que puede haber precipitado la marcha voluntaria de Santiago Negrín es que el concurso de informativos lo ganó la actual adjudicataria, Videoreport Canarias tras quedar descalificada por defectos formales la oferta de Nuntium (Prensa Ibérica y Grupo Prisa). Desde que dio por “mas ventajosa” la propuesta de Videoreport, Santiago Negrín ha empezado a abrazar la legalidad vigente y a reconocer que su actitud y su participación en este concurso puede ser de dudosa legalidad.
Por eso se marcha sin adjudicar este concurso, con lo que deja al Parlamento de Canarias en una posición bastante comprometida: antes del 30 de junio tiene que designar presidente o presidenta del consejo rector para que ese órgano, con tan solo dos miembros, tome decisiones ejecutivas de mucho calado. Entre otras, podría adjudicar el concurso para que el nuevo contrato empiece a caminar. O, ante la eventualidad de que su tramitación haya sido irregular, suspenderlo y volver a convocarlo, lo que le obligaría automáticamente a producir una prórroga extraordinaria que evite que la televisión pública de Canarias se vaya a negro el 30 de junio a las 24 horas. La tercera opción pasaría por esa misma prórroga y la iniciación de un procedimiento para desprivatizar los informativos, lo que requiere que el Parlamento -en año electoral- modifique la ley de RTVC y resuelva todos los vacíos que su primera redacción efectivamente tiene.
Pero, además de la amenaza de un apagón televisivo por falta de continuidad y de informativos, Negrín deja para quienes le sucedan el riesgo evidente de que la tele y la radio se queden sin señal. No ha sido capaz de convocar un concurso formal para este servicio y solo se limitó a prorrogar en diciembre pasado y por segunda vez el que ya disfrutaba Retevisión. Lo malo es que lo hizo por la misma modalidad que el de informativos, es decir, erigiéndose en órgano de contratación unipersonal para lo que, al decir de la justicia, es manifiestamente incompetente. La interventora general de la Comunidad Autónoma tiene en suspenso ese contrato con Retevisión desde febrero pasado porque considera que tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, a lo que se niega el Ejecutivo de Clavijo para evitar sentirse responsable de nada de lo ocurrido estos tres años de gestión de Santiago Negrín, precisamente propuesto por Coalición Canaria.
Para colmo, la Televisión Canaria sufre el castigo de la audiencia, que le da la espalda incluso en los informativos, que hasta ahora aguantaban el tipo. La semana pasada fueron rebasados por los informativos regionales de Antena 3 Canarias, y hubo días, como el viernes, en que les superó también Televisión Española en Canarias. De puertas adentro, el desconcierto y la preocupación reina entre los trabajadores, mientras surge la duda de qué va a hacer la hasta ahora mano derecha de Negrín, Daida Rodríguez, responsable de Relaciones Institucionales y activa partícipe en todo el proceso de concursos fallidos que han conducido a la dimisión del primer presidente elegido y devorado por la nueva ley de RTVC.