El nombramiento del nuevo director del Servicio Canario de la Salud provoca la salida de altos cargos socialistas que se niegan a trabajar con él

A pesar de la oposición de un sector del PSOE y de Sí Podemos, el Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud (SCS), cargo que ya ocupó durante el último tramo de la pasada legislatura en el Gobierno en minoría de Coalición Canaria (CC). El regreso del economista a Sanidad viene acompañado de la salida de altos cargos socialistas que han expresado su incompatibilidad ideológica con el hasta ahora coordinador técnico del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias, a quien vinculan con los intereses de la sanidad privada en las islas.

El consejero socialista Blas Trujillo llamó este mismo viernes a uno de sus antecesores en el cargo, Jesús Morera, actual gerente del Hospital Doctor Negrín, y a Ricardo Redondas, máximo responsable de Atención Primaria en la isla de Gran Canaria, para comunicarles su cese “por motivos políticos” y ajenos a la gestión de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las destituciones no se harán efectivas este mismo viernes, puesto que el director saliente del SCS, Alberto Pazos, se ha negado a firmar las propuestas, como es preceptivo antes de llevarlas al Consejo de Gobierno, al estar en desacuerdo con la medida. Deberá ser, por lo tanto, el propio Domínguez quien lo haga tras tomar posesión de su cargo. La salida que sí se ha formalizado, porque depende del consejero de Sanidad, es la del director de Programas Asistenciales, Octavio Jiménez, que será sustituido por la médico de familia Elisabeth Hernández. El Consejo de Gobierno también ha nombrado como secretario general técnico del SCS a Abraham Luis Cárdenes, que ya trabajó con Domínguez en la anterior etapa. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha atribuido estas decisiones al criterio del consejero de Sanidad.

Antes de recibir el anuncio, tanto Morera como Redondas habían manifestado a sus círculos más cercanos su intención de presentar la dimisión si prosperaba la designación de Conrado Domínguez, con quien mantienen un público y notorio enfrentamiento desde que el economista accediera a la dirección del SCS a principios de 2017 de la mano de José Manuel Baltar, el gestor de la sanidad privada (entonces vicepresidente de la patronal del sector y gerente de Hospitales San Roque, una de los principales grupos sanitarios de titularidad privada de la isla) que Fernando Clavijo (CC) nombró tras la ruptura del pacto de Gobierno que los nacionalistas habían suscrito con los socialistas tras las elecciones de mayo de 2015.

Baltar sustituyó en el cargo a Morera, que había adoptado algunas decisiones de relevancia para reducir el peso de la concertación sanitaria y cambiar los mecanismos por los que se regían desde la época franquista estos convenios y se había propuesto, entre otras actuaciones, acabar con la privatización del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, que explota dentro del complejo y a través de un contrato que expiró en 2015 una empresa privada, Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial de San Roque, el grupo hospitalario en el que trabajaba en aquel momento el sucesor de Morera en la Consejería de Sanidad.

La reversión del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Negrín a manos públicas ha sido una de las exigencias de Sí Podemos Canarias para aceptar el nombramiento de Domínguez y evitar que la crisis abierta en el seno del Gobierno se encarnizase, además de la entrada de su secretaria general, Noemí Santana, consejera de Políticas Sociales, en el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria para hacer un “seguimiento exhaustivo” de la gestión de Domínguez al frente del SCS.

En el caso de Ricardo Redondas, la Consejería de Sanidad ya tiene sustituto. Será Carlos Jorge Acosta, que volverá a asumir la máxima responsabilidad sobre los centros de salud de la isla de Gran Canaria como ya hiciera durante el último gobierno de Coalición Canaria. Redondas ya salió de la Dirección General de Salud Pública en 2017, tras la entrada de Conrado Domínguez, a través de una carta en la que mostraba sus discrepancias con el nuevo equipo. En la segunda mitad de la legislatura se significó como una de las cabezas visibles de la Marea Blanca de Gran Canaria, un movimiento en defensa de la sanidad pública que se mostró muy crítico con la gestión de Baltar y de su número dos, a los que responsabilizaba de la “ola privatizadora” de la sanidad en Canarias, y que llegó a protagonizar una sonada campaña publicitaria, finalmente retirada por presiones del Gobierno, con un cartel en las inmediaciones del Hospital Insular de Gran Canaria que pedía acabar con “el negocio” de la Medicina Nuclear.

La crisis abierta en el pacto que sustenta al Gobierno de Canarias continúa abierta, pero no provocará una ruptura al aceptarse las condiciones de Sí Podemos y conseguir Ángel Víctor Torres el compromiso de su partido de no abrir un cisma en medio de la lucha contra una pandemia que en Canarias está registrando tasas preocupantes que han provocado la ralentización de la recuperación de la actividad turística.

Torres ha aceptado las sugerencias de dos de sus tres socios, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, de reponer en el puesto a Conrado Domínguez por ser un alto cargo que le pueda reportar tranquilidad en las tensas relaciones con la patronal de la sanidad privada, con los medios de comunicación más proclives a los planteamientos de esta y con algunos sindicatos, particularmente agradecidos al nuevo director del SCS por acuerdos de diversa índole.

Los nombres que le fueron propuestos desde el PSOE, el de Jesús Morera y el del parlamentario majorero Iñaki Álvaro Lavandera, fueron rechazados al no alcanzar el acuerdo de esos dos socios. Un tercer nombre, el de Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia que ocupara interinamente el puesto director del SCS en la primera de las crisis, quedó descartado al rechazarlo él mismo.