Nueva Canarias reclama un estudio para conocer los motivos del aumento del coste del combustible en las islas verdes

La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González solicitará este miércoles en el pleno que el Gobierno realice un estudio sobre los motivos del aumento del coste del combustible en las islas verdes.

En un comunicado, la portavoz del grupo nacionalista progresista resalta que el proyecto de ley de los presupuestos para 2020 contempla, “por primera vez tras dos legislaturas”, ayudas al transporte de los carburantes para La Palma, La Gomera y El Hierro, dotada de un millón y medio de euros.

La portavoz del grupo nacionalista progresista considera que esta partida puede dotarse adecuadamente en función de las conclusiones de un estudio y, en base a ellas, adoptar las medidas necesarias para paliar “el sobrecoste” del mismo, como “la posibilidad de adecuar a la realidad la partida presupuestaria”.

Además, González considera que “el sobrecoste no sólo es consecuencia del transporte”, puesto que “pueden existir otros motivos añadidos, como el incremento del beneficio empresarial donde el número de empresas de venta de los carburantes es pequeño”.

La iniciativa de la parlamentaria de NC se concreta en una enmienda de sustitución a la proposición no de ley de CC para bonificar el 99,9% de la cuota tributaria del impuesto especial canario sobre los combustibles derivados del petróleo en las tres islas occidentales.

González estima que los argumentos justificativos dados por CC para suprimir este tributo local “no se sostienen”. La portavoz nacionalista explicó que los presupuestos canarios para el próximo año incluyen una partida de 1,5 millones de euros para ayudas al transporte de los carburantes en las mencionadas islas para hacer “efectivo y real” el principio de solidaridad y el reconocimiento de la doble insularidad, como hecho diferencial recogido en el Estatuto de Autonomía.

A juicio de la portavoz de NC, “hay un segundo argumento que invalida” la medida del grupo de la oposición“:  suprimir el citado tributo afecta a la regla de gasto de la ley estatal de estabilidad presupuestaría, además de restar unos 20 millones de euros de ingresos. ”La norma impide gastar esa misma cantidad que se deja de recaudar“.