Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) ha celebrado este jueves a constitución de una Mesa del Congreso de signo progresista, algo que considera que abre la posibilidad a la conformación de un Gobierno de progreso. “Un Ejecutivo que debe combinar su preocupación por la situación socioeconómica, por el bienestar de la gente y los derechos cívicos, con tener también muy en cuenta la realidad plurinacional del Estado español”.
Para Rodríguez, se trata de una buena noticia que la nueva presidenta de la Cámara, Francina Armengol, haya sido elegida con mayoría absoluta y, asimismo, que represente a los sectores del PSOE menos mesetarios y más propensos al entendimiento con formaciones de ámbito territorial. Y recuerda que la candidata del PP solo contó con votos de su grupo parlamentario y los de los regionalismos conservadores.
Cree que el amplio acuerdo alcanzado para la constitución del órgano máximo de la Cámara abre las puertas a un entendimiento para la investidura de Pedro Sánchez, pero apunta que queda mucho camino aún y serán muchas las dificultades.
Por otra parte, agrega que se confirma la soledad del PP y su imposibilidad de sumar apoyos que lleven a Feijóo a La Moncloa. Rodríguez apunta que la ruptura en la votación dentro del bloque conservador -PP, Vox, UPN y CC- complica aún más las ya “escasas opciones” de Feijóo de presentarse a la investidura. “El líder del PP sale más debilitado y aislado de la sesión parlamentaria de este jueves”, dice.
“Como hemos venido señalando, desde NC-bc deseamos que sea posible conformar un Gobierno de progreso que defienda coherentemente los derechos y libertades, la igualdad, la diversidad y el autogobierno de nacionalidades y regiones; que combata con firmeza la regresión, la intolerancia, el negacionismo climático y cualquier forma de autoritarismo. Y que respete los derechos y fueros de Canarias”, asegura Román Rodríguez.
Así mismo, señaló que son muchas las asignaturas pendientes de Canarias en la nueva legislatura. Desde el desarrollo de las competencias del Estatuto al cumplimiento del REF, pasando por el justo encaje de las Islas en una nueva financiación autonómica, desde el adecuado peso de la insularidad en el coste de los servicios públicos a la consideración de los criterios socioeconómicos, especialmente los niveles de pobreza.