La Fiscalía ha pedido que los miembros que conformaban el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a finales del año 2002 cuando se abordó la compra de la casa Siliuto de El Toscal sean llamados a declarar en calidad de imputados.
Esto implica que algunos de los protagonistas del sumario del caso de Las Teresitas se tengan que volver a enfrentar a otro litigio judicial. Los nombres coincidentes entre las dos causas que serán interrogados por el Ministerio Público y el magistrado son el antiguo secretario de la Gerencia, Víctor Reyes; el entonces interventor José Luis Roca (aunque en aquella reunión fue sustituido por Esther Pérez); el anterior gerente, José Tomás Martín; así como el concejales de Coalición Canaria (CC) Manuel Parejo y José Luis Martín del Partido Socialista Canario-PSOE.
En este último caso el edil estuvo imputado dentro del caso de Las Teresitas por cohecho y prevaricación pero finalmente se levantaron ambas acusaciones al no encontrarse pruebas sólidas de las mismas antes de la remisión del sumario al Tribunal Supremo (TS) dada la condición de aforado del ex alcalde, Miguel Zerolo que ahora ostenta el puesto de senador por la Comunidad Autónoma. El ex alcalde ocupaba también el cargo de presidente de este organismo aunque nunca estuvo presente en ninguna reunión por lo que existen dudas de si efectivamente será llamado a declarar.
Además, en aquellos momentos CC también tenían como representantes en la entidad a los concejales, Basilio Franco actual comisario de la policía nacional y que fue acusado por un sindicato de este cuerpo de informar a Zerolo del curso de las investigaciones que se estaban desarrollando dentro del caso de Las Teresitas. Otra sorpresa entre los nombres que aparecen es el de Dámaso Arteaga, actual concejal de Infraestructuras y Servicios del grupo municipal encabezado por José Manuel Bermúdez. Por CC también estuvieron presentes Antonio Covas, hoy fallecido y Juan Antonio Rodríguez Lorenzo. Por el Partido Popular (PP) ejercía la representación en este organismo, María José Gutiérrez Pajarón y por el Mixto, David Sanz. Aparecen también en el listado los técnicos Epifanio Gómez y Loreto Ariz actualmente acusados dentro del conocido como caso mamotreto por la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y que en estos momentos sólo está pendiente de la fijación de la fecha del juicio.
No es extraño que muchos de los nombres del caso Las Teresitas y de la compra de la casa Siliuto coincidan ya que ambas operaciones se llevaron a cabo en el mismo mandato que abarcó de los años 1999 a 2003. Así la adquisición del frente de la playa por parte del Ayuntamiento se cerró en 2001 mientras que la de la casa Siliuto fue acordada por el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo el 3 de diciembre de 2002 y el contrato se firmó en febrero de 2003. Durante todo este tiempo Parejo había dejado de ser concejal de este área y fue sustituido por Plasencia a quien la Fiscalía también ha pedido que vaya a declarar en calidad de imputado.
Asimismo, se ha solicitado que comparezcan como testigos los antiguos dueños de la casa, Francisco y Carmen Alonso Siliuto. Martín ha señalado que no recuerdan en absoluto nada de la reunión en la que se aprobó esta compra “y así se lo indicaré al juez si me llaman a declarar”. El ex concejal del PSOE sí es consciente de que en esos días se hablaba de la adquisición del inmueble para situar en el mismo la Casa de la Juventud pero desconoce totalmente los pormenores de la operación. “No tengo ni idea de en qué reunión se trató ese asunto y ni siquiera si se llegó a tratar”, indicó Martín.
Presunta malversación
La denuncia fue interpuesta por los abogados Felipe Campos y el también concejal de Sí Se Puede, Pedro Arcila ante la Fiscalía Anticorrupción y hace escasamente unas semanas se dio a conocer que la fiscal jefe, Carmen Almendral había decidido hacerla suya y remitirla a los juzgados para que comience la instrucción. El grueso de la querella apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender la Fiscalía que los responsables de la Gerencia compraron la casa por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros. En el expediente los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad. El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).