La nueva investigación judicial puesta en marcha la semana pasada en Lanzarote se ha bautizado como operación Montecarlo por parte de la Unidad de delitos económicos y fiscales (Udef) de la Policía Nacional. La operación hace referencia a los dos principales implicados. El interventor de Arrecife, Teguise, San Bartolomé y La Oliva (hasta 2008), Carlos Sáenz y el empresario José Vicente Montesinos.
Sáenz y Montesinos se encuentran en prisión provisional, dictada por el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanquero de capitales, falsedad en documento público, cohecho y prevaricación, tras declarar ante el Juzgado. Ambos también están imputados por el Juzgado número 5 de Puerto del Rosario.
La operación, de momento, tiene otros dos imputados; los ex concejales de Hacienda de Arrecife y San Bartolomé, José Miguel Rodríguez (Partido de Independientes de Lanzarote) y Javier Betancort (Partido Popular), el primero acusado de malversación y el segundo de los cinco delitos antes citados, que salieron en libertad tras declarar en los Juzgados.
La operación tiene varios focos de atención, relacionados con la gestión de cobros, impuestos, facturas, concursos o servicios en varios ayuntamientos: La Oliva, en Fuerteventura y San Bartolomé y Arrecife en Lanzarote. En los tres ayuntamientos trabajaba Carlos Sáenz como interventor y en los tres prestaban servicios algunas de las sociedades de Montesinos, como Tributos La Oliva o Progestril.
En La Oliva, Montesinos gestionó la recaudación de tributos durante dos años, mientras que en San Bartolomé gestionó la inspección de los impuestos durante seis años. Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que en Arrecife se encargaran trabajos, pliegos de condiciones, a una empresa de Montesinos que no se llegaron a realizar pero sí se llegaron a cobrar. En la operación hay más personas implicadas, que podrían ser detenidas o llamadas de declarar como imputadas en los próximos días.