El ​Consejo de Coordinación de Podemos Canarias, reunido este martes, ha manifestado su rechazo al posible nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, al estar encausado, desde septiembre de 2020, en dos procesos judiciales por supuestos delitos: prevaricación urbanística y administración desleal durante su etapa como concejal de Pájara (Fuerteventura).
Para Podemos, el nombramiento, ​en su fondo y su forma,​ “resulta totalmente inadecuado en el seno de un pacto que se llama a sí mismo como de Progreso y de Cambio”, apuntan en un comunicado. Tanto en su código ético como en su programa electoral, ​ el partido rechaza frontalmente que personas que tengan causas judiciales abiertas por posible corrupción ostenten cargos de responsabilidad pública o política. “El documento político emanado de la III Asamblea Ciudadana Canaria obliga a nuestra organización a ​someter al refrendo de la militancia la continuidad de todos los pactos de gobierno de los que formamos parte a los dos años de su comienzo, que en el caso del Gobierno de Canarias tendrá lugar en los meses de junio/julio de este año”, continua.
Por este motivo, Podemos rechaza totalmente el posible nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía y emplaza al PSOE de Canarias a “reflexionar sobre la idoneidad de poner al frente de la economía del archipiélago a una persona con causas judiciales pendientes por supuesta corrupción y con una petición de pena de más de siete años por parte de fiscalía”.
Causas pendientes por presunta corrupción
Blas Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa.
Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.
En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.
De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.