El Comisionado de Transparencia de Canarias ha exigido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que publique cuánto gasta en publicitarse en cada medio de comunicación, después de que un ciudadano reclamase conocer esta información.
La institución de control de las administraciones explica que es la primera vez que alguien reclama saber cuánto gasta una entidad pública del Archipiélago en publicidad institucional, aunque dicha inversión debería estar ya reflejada en los portales de transparencia tal y como indica la Ley Canaria de Transparencia.
En este caso concreto, el reclamante solicita “acceso a la información pública de gastos de la corporación municipal en medios de comunicación desde que empezó el actual mandato, desglosado por medios de comunicación, motivo de gasto y plan de medios en los supuestos de campañas institucionales”.
Por ello, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha requerido “al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria que realice la entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo anterior en el plazo de diez días hábiles, remitiendo la misma información y la acreditación de la entrega al reclamante al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
En la resolución también se establece exigir al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en base a la normativa legal, que publique y mantenga actualizada la información relativa a los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Transparencia, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias.
Además, recuerda al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública, así como la negativa reiterada a facilitar la información solicitada por el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a la colaboración requerida para el desarrollo de sus funciones, “constituye infracción prevista en el artículo 68 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Esta resolución viene a asegurar que las instituciones sean neutras y no sólo inviertan en publicitarse en los medios de comunicación que defienda una línea editorial acorde a sus mismos intereses.