Todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias coincidieron este martes en que la cámara ha conseguido mejorar notablemente el proyecto de ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), al considerar los planes del ejecutivo demasiado restrictivos, por lo que se han reducido los plazos de tramitación y se han ampliado los beneficiarios de las ayudas.
El pleno del Parlamento aprobó la reforma de la PCI después de introducir por unanimidad cambios a la propuesta del Gobierno durante las reuniones de ponencia y comisión y, aunque quedaron sin aprobar algunas enmiendas de la oposición, el acuerdo fue unánime en prácticamente todo el texto.
La última enmienda al texto del Gobierno se produjo en el debate plenario, donde los grupos acordaron reducir para el Ejecutivo el plazo de tramitación de las solicitudes de tres a dos meses, a los que habrá que sumar los dos meses con los que también cuentan los ayuntamientos.
Previamente, en los trámites de ponencia y comisión, se habían introducido otras modificaciones, como la flexibilización de las condiciones para acceder a la prestación, la posibilidad de renovar la ayuda y que los créditos anuales para financiarla sean ampliables.
La prestación canaria de inserción, con esta reforma, podrá ser solicitada por las personas en situación de exclusión social y también por las que estén en riesgo de exclusión social.
La consejera de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, intervino tras la aprobación de la ley para valorar el trabajo del Parlamento en la modificación de la propuesta inicial del ejecutivo, porque el objetivo final de todos es la inserción de las personas.
La diputada del PP Milagros Bethencourt dijo que ya en 2013 el 28% de la población estaba en exclusión social y que había 80.000 hogares en exclusión social severa, pero el Gobierno de Canarias ha tardado año y medio en llevar al Parlamento una modificación de la prestación canaria de inserción.
Además, el texto del Gobierno era muy restrictivo y empeoraba las condiciones anteriores, en vez de mejorarlas, denunció, pero en el Parlamento se ha conseguido darle la vuelta por consenso, por lo que “no caben medallas” para el ejecutivo, sino en todo caso para los grupos parlamentarios.
Se ha admitido por unanimidad la posibilidad de renovar la ayuda y que los créditos puedan ser ampliables, entre otras mejoras propuestas por el PP, dijo Milagros Bethencourt, quien indicó que de todos modos la alegría no es completa porque CC y PSOE rechazan garantizar la financiación para que los ayuntamientos puedan contratar trabajadores sociales todo el año, con lo cual los municipios se verán desbordados por demandas que no podrán atender.
El representante de Nueva Canarias, Román Rodríguez, dijo que esta prestación debió haberse modificado al inicio de la crisis, y advirtió de que la reforma quedará en nada si no se dotan del presupuesto preciso, que dependerá de la voluntad política de las mayorías parlamentarias.
Al respecto propuso que en 2015 se amplíe la dotación hasta 50 millones de euros para poder llegar al 20 por ciento de las familias necesitadas, en lugar de los 28 millones actuales, que sólo llega al 10 por ciento de las familias sin ingresos con todos sus miembros en paro..
El Gobierno de Canarias ha tardado en reconocer la necesidad de un plan contra la pobreza y la exclusión social, denunció Román Rodríguez, y al final de la legislatura se ha logrado.
La modificación trata de adaptar la prestación canaria de inserción al momento social, y el proyecto del Gobierno ha sido claramente mejorado en el Parlamento para que alcance a la gente que ha perdido toda fuente de ingresos, dijo.
Los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PSOE, admitieron reducir el plazo de resolución de los expedientes para el ejecutivo de tres a dos meses, lo que fue aceptado por PP y NC, que querían dejarlo en un mes.
Flora Marrero, de CC, señaló que ahora se incluye no sólo a las personas en exclusión social, sino también a las que están en riesgo de exclusión social.
La diputada nacionalista indicó que se ha ampliado el número de beneficiarios potenciales al no exigirse necesariamente el empadronamiento, así como a las víctimas de violencia de género e “intragénero” entre parejas del mismo sexo.
Rosa Jerez, del PSOE, rechazó que ningún grupo se ponga medallas, porque la ley es fruto del trabajo común de los grupos parlamentarios, que han aprobado por unanimidad el 90 por ciento de su contenido, y señaló que los socialistas han exigido al Gobierno su modificación desde el principio de la crisis.
La nueva ley es mucho mejor que la presentada por el ejecutivo, al agilizar trámites e incluir a más colectivos que los inicialmente propuestos, subrayó.