La comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una proposición no de ley de CC-PNC en la que se pedía al Gobierno la eliminación del impuesto especial sobre la gasolina y el gasóleo en El Hierro, La Gomera y La Palma, para compensar el sobrecoste por el combustible en esas islas.
La propuesta, apoyada por PP y Ciudadanos, fue rechazada con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno, que argumentaron que una eliminación del impuesto no se traduciría en una rebaja de precio a los consumidores, sino en un aumento de los beneficios empresariales al operar las compañías en esas islas en régimen de monopolio u oligopolio.
Narvay Quintero, diputado por el Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), propuso que, en todo caso, el Gobierno de Canarias vigile los precios para garantizar que esas exenciones fiscales vayan al bolsillo de los consumidores y no se acumulen como beneficios empresariales.
El diputado de CC-PNC señaló que el sobrecoste de la gasolina en El Hierro está en torno al 40%, hasta el punto de que los herreños pagan más que en muchos lugares de la península y asumen un coste extra de 500 euros anuales por familia o de 4.000 euros en el caso de un transportista.
Según Quintero, la exención fiscal sería una ayuda transitoria, un paso intermedio hasta que se encuentre una solución definitiva, como que la Comisión Europea autorice una obligación de servicio público.
Los grupos que apoyan al Gobierno, excepto Sí Podemos Canarias, plantearon a Quintero un acuerdo alternativo, que este rechazó, en el que proponían que el ejecutivo buscase antes de fin de año una solución que garantice precios razonables de los combustibles en esas islas.
También se proponía planificar un impulso para la introducción en esas islas de una movilidad basada en fuentes alternativas, como electricidad o hidrógeno.
Otras medidas alternativas de los grupos del gobierno eran la realización de un informe para promover la entrada de más competidores en esos mercados insulares, pedir celeridad a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su expediente de investigación sobre este asunto e impulsar el traspaso de las competencias de defensa de la competencia a Canarias.