La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió este año en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, lo que deja la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.
Es cierto, por tanto, que los recortes impuestos por el Estado han afectado de forma salvaje a los dependientes de todo el país, pero, la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia anarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla.
Canarias es la comunidad autónoma con menor porcentaje de prestaciones en relación a su población.
En enero, el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, consideró “alarmante” el número de quejas recibidas por el “excesivo retraso” en la tramitación de solicitudes de ayuda a la dependencia.
“Es preocupante la situación en la que se deben archivar los expedientes de queja por haberse producido el fallecimiento de los reclamantes durante el procedimiento, todos ellos con reconocimiento de su situación de dependencia, pero sin tener aprobado el programa individual de atención”, decía Saavedra a principios de año.
Clara negligencia
Y es que para el 'defensor de los canarios', cada una de esos expedientes retrasados constituye “una auténtica violación del ordenamiento jurídico vigente y una clara negligencia sobre los derechos de las personas demandantes de las ayudas para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
No parece que tener plenas competencias en servicios sociales haya servido, por tanto, a los dependientes canarios después de 30 años de autonomía, pues a las alarmas lanzadas por el Observatorio y el Diputado del Común se añade ahora el informe anual que el Centro Económico y Social (CES) ha elaborado.
Para el CES, desde la Administración se debió “realizar un esfuerzo por asesorar a los potenciales receptores de las prestaciones” derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia, y ofrecido “un seguimiento más personalizado a la tramitación de los expedientes”.
Además, cree que la política de atención a la dependencia en Canarias “no ha ido acompañada de una apropiada política de comunicación por parte de las administraciones públicas”.
El número total de plazas en residencias de los planes sociosanitarios de mayores y discapacidad es de 6.888, una cifra que triplica los recursos estatales.
“Dadas las expectativas creadas entre la población y las especiales dificultades a las que se enfrenta gran parte de la potencialmente receptora de estas prestaciones, se ha echado en falta una política de comunicación más proactiva y coordinada por parte de las administraciones con competencia en la materia”, asegura el informe.
Una nueva ley
Pero éstos no son los únicos problemas detectados por el CES, que incluso recomienda que para que los mecanismos sea óptimos, debe haber “un nuevo marco de carácter normativo” en el ámbito de Canarias.
Una nueva Ley netamente autonómica que se encamine a “mejorar la integración y evitar el conflicto con otras áreas de intervención competencial del Estado” y, además, “facilitar la reordenación de nuestro sistema de prestaciones ante la posibilidad de que se estén produciendo, en alguna de sus modalidades, su solapamiento con otras previstas en la norma estatal”.
Y finalmente, según el CES el correcto funcionamiento del sistema también va a depender “del modo en que se concreten las actuaciones en esta materia, y su financiación, de cabildos y ayuntamientos ya que en ellos reside a través de la delegación de competencias o encomiendas de gestión la prestación de importantes servicios básicos”.
“Esta falta de regulación, su falta de concreción, y la remisión de la legislación estatal a un marco legal autonómico sobrepasado por las circunstancias, provoca que emerjan problemas de coordinación y defectos en la cooperación así como el afloramiento de las denominadas competencias impropias, con el consiguiente agravamiento de la situación deficitaria de los ayuntamientos y cabildos y de la ineficiencia del sistema”, culmina el informe.
Suspenso en solicitudes, dictámenes y prestaciones
Los datos publicados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), reflejan niveles muy bajos en las solicitudes, dictámenes y prestaciones por población en Canarias, en comparación con la media estatal.
El porcentaje de solicitudes por población en Canarias al finalizar 2012 era el segundo más bajo de las comunidades autónomas, un 1,9%, solo superior al de la Comunidad Valenciana y muy por debajo de la media nacional, que se situaba en el 3,46%. El porcentaje de dictámenes en Canarias también se colocó en 2012 entre los puestos más bajos, con un 1,44%, siendo la media nacional de 3,25%.
Las cifras de pensiones por desempleo para Canarias en 2012 registraron el 6,3% del total nacional, suponiendo un aumento del 1,42% respecto al año anterior.
En Canarias a finales de 2012, existían en las Islas 11.851 personas beneficiarias de prestaciones, lo que representa el 0,56% de la población canaria, cifra que está por debajo del porcentaje nacional, situado en un 1,62% de la población española. Canarias, por lo tanto, “es la comunidad autónoma con menor porcentaje de prestaciones en relación a su población”.
De las 40.183 solicitudes cursadas en Canarias hasta el 31 de diciembre de 2012, 30.542 (76,01%) han sido dictaminadas y 24.659 cuentan con prestaciones, es decir, el 80,74% de las personas con derecho a prestación.
Frente a estos alarmantes datos, la consejera Inés Rojas siempre se ha defendido diciendo que los indicadores del SAAD no contabilizan el total de prestaciones sociosanitarias existentes en Canarias, dejando fuera todo un conjunto de acciones que se realizan y se contabilizan al margen de este sistema de información.
El CES, pese a sus críticas, coincide en su informe con el Ejecutivo regional, pues afirma que “debe destacarse que en Canarias el SAAD coexiste con los sistemas de protección social preexistentes y que se concretan a través de los planes sectoriales sociosanitarios de personas mayores dependientes y de atención a la discapacidad, gestionados por los cabildos”.
Triple esfuerzo sociosanitario
Es más, el informe reconoce que respecto a estos planes sociosanitarios existen algunos datos parciales que “muestran la magnitud de recursos gestionados en estos programas de actuación” de la Comunidad Autónoma al margen del Estado. Según los datos de la Consejería, el número total de plazas en residencias de los planes sociosanitarios de mayores y discapacidad es de 6.888, “una cifra que triplica los recursos del SAAD”.
Las plazas en centros de día son 1.220, “cifra inferior a las 2.324 del SAAD”, y las de prevención son 3.762, “cifra muy superior a las 46 registradas en el SAAD”. Estas cifras demuestran el hecho de que los canarios más desfavorecidos están siendo beneficiados por el hecho de residir en una Comunidad Autónoma, pues las prestaciones que dependen del Estado son bastante inferiores.
Así, el número de personas que reciben ayuda a domicilio a cuenta de financiación del Ejecutivo regional es de 11.903 y el de las personas que reciben tele-asistencia asciende a 5.677.
Precisamente, en el área de Dependencia el presupuesto para el próximo año asciende a un total de 121.654.275 euros, es decir, 4.233.000 euros más que en 2013, cuando sufrió un brutal recorte para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno central y la Unión Europea (UE).
Con ese dinero, Rojas considera que “se garantiza el mantenimiento de los 55 centros de mayores, los 127 de personas con discapacidad y las 11.339 prestaciones económicas y de servicios”.
Con todo, el CES alerta de que “debe tenerse en cuenta también otras cautelas”, como el hecho de que estas ayudas no son directamente comparables con las del SAAD, entre otras cuestiones porque los criterios para otorgar estas ayudas no son homogéneos.
La vital protección social
Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de paro. Y este dato no solo es preocupante en sí mismo, sino que es alarmante por todo lo que conlleva tras él.
Un desempleado canario sin hijos que cumple los requisitos para cobrar la prestación mínima por desempleo (497 euros al mes para prestaciones nacidas en el año 2013) tendría unos ingresos inferiores, en consecuencia, a los correspondientes al umbral de la pobreza relativa (625,72 euros mensuales).
Un total de 812.425 de canarios están bajo el umbral de la pobreza y, de ellos, unas 139.600 personas no cobran ningún tipo de prestación.
Con este panorama, la protección social de individuos y colectivos en riesgo de exclusión social es vital por parte del Ejecutivo regional, pues la crisis económica internacional está afectando duramente al mercado laboral, y por lo tanto, a la principal fuente de ingresos de los ciudadanos.
Otro hecho diferencial canario es el crecimiento en las prestaciones en Canarias, condicionado por el crecimiento constante de las pensiones no contributivas de jubilación frente a un pequeño descenso en el número de beneficiarios de prestaciones por invalidez.
En cambio, en el conjunto de las regiones españolas y particularmente, desde el año 2005, ambos tipos de prestaciones han ido descendiendo ligera aunque de forma constante.
Según el informe anual del CES, Canarias mostró en 2012 una cuota nacional en prestaciones contributivas del 3%, registrando la mayor variación interanual relativa de toda España, aumentando en un 2,7% respecto al año anterior.
“Comportamiento alcista y por encima de la media estatal, que se viene observando desde hace varios años, registrando en 2012, 267.900 prestaciones”, dice el informe.
En Canarias, el importe medio de una prestación contributiva en el año 2012, ascendió a 777,6 euros al mes por persona, lo que representa 51,3 euros menos que en el conjunto de España que tiene una media de 829,7 euros al mes por persona y muy lejos de los 1.024,8 euros mensuales que recibe cada beneficiario de media en el País Vasco o los 984,7 euros de un residente en Asturias.
Atendiendo al tipo de prestaciones, es la pensión por jubilación la que mayor importe destina mensualmente a cada persona, con 912 euros para los residentes en Canarias y 946 euros de media en el conjunto de España. Por otro lado, son las pensiones por orfandad y favor familiar las que cuentan con un menor importe para Canarias, pues a cada beneficiario le corresponde 360 euros mensuales.
Prestaciones no contributivas
En cuanto a las prestaciones no contributivas, se ha producido un aumento entre 2011 y 2012 en Canarias del 1,05% alcanzándose las 42.603 pensiones de este tipo en el último año. Según el informe del CES, “la tendencia general observada en el Archipiélago desde el año 2003 ha sido un crecimiento promedio anual del 2%”.
Canarias “ha evolucionado de forma diferente al nivel nacional”, pues mientras que para la media del Estado se observa una disminución constante de las prestaciones con respecto a hace una década, en Canarias se han producido ligeros aumentos casi todos los años, siendo de un 2% en 2012, el mayor hasta la fecha“.
Además, el crecimiento de las prestaciones no contributivas en Canarias viene condicionado por el incremento constante de las pensiones no contributivas de jubilación frente a un pequeño descenso en el número de beneficiarios de prestaciones por invalidez.
Los ancianos y enfermos, o afectados por un grado de discapacidad que incapacite para el trabajo, son un grupo que recibe otro tipo de pensiones no contributivas llamadas Pensiones Asistenciales, siendo en 2012 un 19% los beneficiarios residentes en Canarias.
Según el CES, “el número de beneficiarios ha ido disminuyendo considerablemente desde el año 2003 (por debajo del -6,3% de media anual), como consecuencia del mantenimiento de este tipo de pensiones solamente para las personas a las que en su día les fueron reconocidas y no quieran adaptarse a otras prestaciones actuales vigentes”.
Protección por desempleo
Las cifras de pensiones por desempleo para Canarias en 2012 registraron el 6,3% del total nacional, “suponiendo un aumento del 1,42% respecto al año anterior, situándose en 169.378 beneficiarios”.
El informe del CES indica que el comportamiento de estas prestaciones respecto a la media nacional “es claramente diferenciado, ya que Canarias ha sido una de las comunidades que menos aumento ha experimentado, algo más del 1%”.
Canarias, con un ratio del 45,8% en 2012, aparece entre las comunidades autónomas con menor tasa de cobertura, por detrás de Ceuta y Melilla, Andalucía y Murcia y por debajo de la media nacional cuyo ratio es de 46,4%.
Según el CES, en las Islas la tasa de cobertura ha disminuido con respecto a 2011, cuando este porcentaje alcanzaba casi el 51%. Eso significa que el pasado año un 5 por ciento de parados se quedó sin la ayuda que significa esta prestación.